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Legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados impusieron su mayoría en el Cámara de Diputados para aprobar el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año; la propuesta del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador propone reasignar 46,266 millones de pesos reduciendo la asignación de recursos principalmente a los organismos autónomos y el poder judicial, a la par de aumentar el presupuesto para Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El documento presupuestario que fue aprobado el pasado viernes 4 de noviembre y que será discutido en el pleno del Congreso de la cámara baja, es rechazado por la oposición que no está de acuerdo en que en el dictamen no se contemple ninguna partida presupuestal para atender a los damnificados de Acapulco y la reconstrucción de ese puerto turístico.

En lo que tampoco están de acuerdo los legisladores contrarios al gobierno de la Cuarta Transformación es que sean reducidos los presupuestos para los impartidores de justicia, ya que esto podría ocasionar que los tribunales no puedan desahogar los miles de procesos judiciales que están en espera de sentencia, lo que podría acarrear pérdidas económicas y conflictos sociales.

Los diputados morenistas y sus aliados que avalaron el dictamen del presupuesto sin que se asignaran recursos para atender el desastre que dejó el huracán Otis en las costas de Guerrero dijeron que durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación en el pleno buscarán incluir una partida para la reconstrucción de Acapulco y los municipios afectados por el fenómeno natural.

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro el diputado Ignacio Mier anticipó que se propondrá durante la discusión en el pleno la adición de una reserva al dictamen del presupuesto para el año próximo para incluir una partida de recursos para la reconstrucción de los municipios afectados por el huracán en el estado de Guerrero.

Los recursos para la partida especial para la reconstrucción de Acapulco podrían provenir de los remanentes de los subejercicios presupuestales que se devuelven a la Tesorería de la Federación como lo marca el artículo 7 transitorio de la Ley de Ingresos.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) pidió a los legisladores un presupuesto para el 2024 de 84 mil 792 millones de pesos, lo que significa un 4% de incremento en términos reales en comparación con el que solicitaron para este año y el cual les fue aprobado ascendiendo a 80 mil 646 millones de pesos.

Los legisladores de Morena y sus aliados pretenden hacer reducciones al presupuesto del poder judicial por un monto 6 mil 465.09 millones de pesos que estaría distribuido de la siguiente forma:

Reasignación para el PEF 2024

Millones de pesos

Suprema Corte de la Nación 321.94

Consejo de la Judicatura de la Nación 5,375.99

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 767.16

Los encargados de la justicia federal año con año arrastran subejercicios de su presupuesto, es decir se gastan menos recursos de los que reciben del erario y esto constituye una falta administrativa y un daño a la economía del país.

Del 2019 al 2022 el subejercicio del Poder Judicial Federal ascendió a 12,473.9 millones de pesos.

En el primer año de gobierno del presidente López Obrador el presupuesto que se le asigno al PJF fue de 63,656.7 millones de pesos y al cierre del año presentó un gasto total de 61,120.2 millones de pesos, es decir, tuvo un subejercicio de 2,536.5 millones de pesos, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para el 2020 el subejercicio que presentó el poder que actualmente preside la ministra Norma Piña fue de 3,975 millones de pesos y para el año siguiente el presupuesto no ejercido fue de 2,702 millones de pesos., el año pasado este fue de 3,260. 4 millones de pesos.

Presupuesto aprobado para el Poder Judicial ejercido y sub ejercido

Este año se le asignó un presupuesto a los impartidores de justicia que asciende a 77,544.5 millones de pesos, de los cuales han ejercido 6,371.2 millones de pesos al cierre de junio. Una cantidad que está por debajo de lo programado, con lo que es posible que cierre este año con subejercicio.

El presupuesto no ejercido por el poder judicial no queda claro si es devuelto a la Tesorería de la Federación como marca la ley, o están siendo utilizado estos recursos públicos para fondear los 14 fideicomisos con los que contaba el PJF hasta hace unos días.

Los recursos de los fideicomisos del poder judicial son muy poco utilizados, según datos de la última Cuenta Pública solo se usan entre 4.6 a 4.8% del total por lo que no se afectan derechos laborales de los empleados.

Los encargados de la justicia federal conservan un fideicomiso de nombre Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia por más de 6 mil millones de pesos.

Que le reduzcan el presupuesto al PJF se justifica ya que cada año arrastran subejercicios y los recursos no ejercidos no queda claro si son devueltos a la Tesorería de la Federación, por lo que fue un acto de justicia que se hayan extinguido 13 de los 14 fideicomisos que tenía este poder, ya que con el Fondo que les queda pueden hacer frente a los requerimientos presupuestales.

En lo que se refiere a los subejercicios presupuestales la ley es muy clara; el poder legislativo tiene la facultad de restarlos del presupuesto del siguiente año, o bien puede asignarlo a otros propósitos de otros entes públicos.

Los subejercicios no se pueden considerar como un ahorro y tampoco los entes públicos se pueden quedar con los recursos no ejercidos y esta falta administrativa provoca daños económicos, porque el dinero del presupuesto es un “bien escaso” y hay entes públicos que, si lo necesitan y lo podrían ejercer de mejor manera, y no para fondear fideicomisos como lo hace de manera ilegal el PJF.