Mientras el foco mediático insiste en reducir el conflicto del Poder Judicial de la CDMX a un juego de vencidas entre facciones políticas, la verdadera tragedia sigue ignorada: más de 43 días de justicia detenida afectaron directa e irreversiblemente a millones de personas.
Sí, hubo un paro y una disputa de poder, pero, principalmente, lo que presenciamos fue una crisis institucional profunda que provocó la caducidad de términos procesales en casos como:
- Prescripción de derechos.
- Prescripción e interrupción de plazas laborales.
- Privación ilegal de la libertad y del patrimonio.
- Incumplimiento de pensiones alimenticias.
- Violación al derecho de visitas y convivencias familiares.
- Obstaculización del uso y goce de inmuebles.
Aunque el paro finalmente concluyó el 8 de julio tras un acuerdo entre el Consejo de la Judicatura y los trabajadores —incluyendo un bono extraordinario y mesas de seguimiento— el daño institucional ya estaba hecho.
Y la normalidad no regresará pronto
A pesar de la reanudación de actividades, operadores del sistema estiman que el retraso acumulado equivale a entre siete meses y dos años en distintos juzgados. A ello se suma el relevo judicial previsto para agosto, con el reemplazo de casi el 30% del personal, en muchos casos por gente sin la experiencia necesaria.
Y después, claro, vendrán las vacaciones.
Entonces, ¿quién paga por todo esto?
No los políticos.
No los sindicatos.
No el gobierno de la CDMX.
No el director del ISSSTE.
Ni los articulistas que reparten culpas y teorías ideológicas.
Lo pagamos todos:
Los abogados independientes que sobreviven con lo que ganan día a día.
Las madres solteras que no pueden cobrar pensiones.
Los propietarios atrapados en litigios sin resolución.
Las víctimas sin justicia ni reparación
Y, pese a todo lo anterior, aún parece que la urgencia no estuvo en resolver el paro, sino en destituir —a como diera lugar— al magistrado presidente Rafael Guerra.
Increíble que el dilema haya sido entre proteger derechos laborales o debilitar al Tribunal para redistribuir cuotas de poder.
Guerra no es ajeno al juego político, y muchas de sus decisiones han sido criticadas. Pero es también quien, en medio del caos, intentó sostener la institucionalidad, negociar y evitar el colapso absoluto ante un sindicato decidido a usar la parálisis como herramienta de presión.
Pleito de cavernícolas
Está claro que hay una disputa entre quienes quieren apoderarse del PJCDMX. La elección interna no fue otra cosa que la imposición de jueces y magistrados mediante el clientelismo de Morena. Todos los candidatos propuestos por Guerra fueron rechazados, debilitando su liderazgo y encendiendo aún más los ánimos en el Congreso local y la jefatura de Gobierno.
Hoy, el Poder Judicial de la CDMX es rehén de las mafias políticas que actúan sin importarles el Estado de Derecho ni la ciudadanía. Lo que está en juego no es sólo quién preside el Tribunal, sino si permitiremos que la justicia siga siendo rehén del poder político.
Una justicia secuestrada por ambiciones personales o intereses sindicales deja de ser justicia. Se convierte en campo de batalla del autoritarismo institucionalizado.
El conflicto ya dejó una secuela clara: la urgencia de una reforma profunda, no cosmética, del PJCDMX. El acuerdo firmado no resolvió nada estructural; apenas aplazó el siguiente capítulo.
Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos a la espera de algo básico: que abran los juzgados, se reanuden los procesos y se recupere la certeza jurídica.
Porque sin justicia, no hay democracia posible.
Y lo demás —grillas, relevos, pugnas— para los ciudadanos, es lo de menos.
@diaz_manuel