El lector difícilmente olvidará el Pacto por México de 2013; aquella alianza legislativa pensada, coordinada y liderada por el equipo de transición del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. Una vez que el priista asumió el poder en diciembre de 2012, encauzó esfuerzos, en coordinación con los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD, para promover cambios constitucionales que pudiesen mejorar – así se pensaba- la vida de los mexicanos.

El PRI, con su experiencia centenaria en el quehacer de la política, alcanzó acuerdos de enorme relevancia que hicieron posible la legislación y posterior promulgación de las reformas educativa, energética, fiscal y en materia de telecomunicaciones. Gracias al apoyo del PAN, se logró la energética, mientras que derivado del apoyo del PRD el gobierno de Peña promulgó la fiscal; en tanto que la educativa contó con el apoyo de diputados y senadores de todos los partidos de oposición.

AMLO, enfurecido, decidió abandonar el PRD y crear un partido que fuese fiel a su pensamiento político y que le apoyara incondicionalmente para la consecución de su mayor ambición política: alcanzar la presidencia de México.

Ahora, con miras hacia las elecciones del próximo domingo, la alianza electoral PRI-PAN-PRD ha prometido consolidarse en alianza legislativa.

¿Se trata de una estrategia electoral únicamente para vencer a Morena y a sus aliados o existe una auténtica voluntad política de coaligarse en el Congreso en contra de las iniciativas de AMLO? Miremos la historia.

A diferencia de lo que erróneamente publicó el senador Martí Batres el miércoles pasado vía twitter, el PRI y el PAN NO fueron coalición legislativa durante 90 años.

Este comentario responde exclusivamente a la voluntad mañosa de reforzar la idea de que ambos partidos han históricamente representado lo mismo. No hay algo más fuera de la realidad.

El PRI y el PAN fueron oposición política y legislativa hasta bien entrado el siglo XXI, o en todo caso, ante los paradigmas políticos y económicos provocados por los consensos. Mientras el Revolucionario Institucional abanderó los principios del movimiento iniciado en 1910, el PAN defendió ideas contrarrevolucionarias tales como la privatización de las industrias petrolera y eléctrica.

Mismo en el seno del Pacto por México, el PAN se opuso a la reforma fiscal, lo que obligó al presidente Peña y al PRI a buscar votos en la bancada del PRD.

Ahora, ante la lamentable coyuntura que amenaza al país, caracterizada por un nuevo autoritarismo presidencial apoyado por un partido servil e ideológicamente obnubilado, el PRI y el PAN deben cerrar filas en torno a un proyecto común: evitar el resquebrajamiento de la democracia mexicana y la eliminación de los contrapesos al Ejecutivo federal.

En este contexto… ¿nos encontramos en la antesala de un nuevo Pacto por México? De ser así, la diferencia residirá en que la alianza legislativa no será impulsada por AMLO ( como lo fue con Peña Nieto) sino que se tratará de un bloque en defensa de las instituciones que el Estado mexicano ha sido capaz de construir.