El proyecto de la 4T-4R está a la mitad del camino, dentro del sexenio de quien pretende afirma haber iniciado el proceso histórico y está sentando las bases de la transformación nacional que es su líder indiscutido el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien suscitó una enorme expectativa social al llegar a la Presidencia de la República y anuncia una nueva etapa de cambios con alto contenido social y democrático. Su principal dique y muro de contención para avanzar en dicho proceso ha sido un fenómeno inusitado de alcance global: la emergencia pandémica mundial.

No podremos saber nunca qué tanto hubiera avanzado este proceso de no haberse atravesado la grave crisis sanitaria global. Algunos supondrán que mucho, otros que sería lo mismo o casi lo mismo. Son hipótesis, no podremos saberlo. Lo que si podemos conocer es lo que se ha avanzado y lo que queda rezagado como asignaturas pendientes. Sobre lo avanzado, hablará el propio gobierno, sobre los grandes pendientes tenemos que hablar los analistas independientes. No podremos abordarlas todas, señalaremos tres importantes: economía, seguridad y lucha contra la criminalidad, pobreza y desigualdad.

Desde nuestra perspectiva son varias las asignaturas en que aún no se camina lo suficiente para considerarlo un avance importante o un cambio sustantivo. Lo primero es la economía nacional: este año lograremos llegar a un crecimiento del PIB del 6.2% quedándonos cortos todavía con 2.0% respecto al nivel de la actividad productiva tenida en 2019, que era ya de por sí muy baja ya que la economía nacional traía una tendencia recesiva con inflación desde 2017: ese año la inflación registró una variación de 6.77% al cierre, con lo que alcanzó el mayor nivel en 17 años y se rompió la tendencia de ocho años fluctuando dentro del rango de 2% a 4%. En el señalamiento de las causas los análisis difieren: alzas en alimentos, energéticos y depreciación cambiaria que pega en la importación de energéticos. El PIB de 2017 fue de un crecimiento de 2.1%, -0.5 menor que 2016, que fue de 2.6%, pero ese a su vez, había sido menor que el de 2015: de 3.3%.En 2013 el PIB había sido de 1.4% (Datos de INEGI). En 2018 el PIB se estancó tuvo un crecimiento de 2.2%, prácticamente igual que en 2018. La inflación logró contenerse 4.83% de diciembre 2018 respecto de diciembre de 2017 a costa de amarrar la dinámica posible de crecimiento.

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En 2019 el nuevo gobierno no pudo ni se propuso revertir esta doble tendencia o cual era fundamental: el Plan de Austeridad reforzó la tendencia descendente del PIB y este cayó hasta llegar a ser negativo -0.1%. La inflación en 2019 cayó también al 2.83% (-2.0% respecto de 2018) como consecuencia de la propia drástica caída de la dinámica productiva. El presidente AMLO se jactaba de que no aplicarían medidas anti-cíclicas, fue lo más neoliberal clásico que pudo hacer: contraer más la economía para revertir la inflación. Este manejo económico aunque se haya revertido la inflación resulta muy cuestionable, porque acentuó severamente el proceso recesivo-deflacionario y desde este escenario se profundizo el derrumbe hacia la depresión económica en 2020 (-8.3%) a partir de cerrar la economía y del confinamiento social desde marzo de 2020.

El ambiente externo (economía de EUA) fue igualmente adverso (PIB de 2.3% y -3.4%, 2019-2020). EUA creció en 2019 y México cayó. La polémica está abierta, consideramos que no fue un manejo correcto, habría que haber aplicado medidas contra-cíclicas que generaran un piso distinto de la depresión pandémica, porque ¿Qué significa en 2022 alcanzar y rebasar el nivel del PIB de 2018? Mantener la economía derrumbada como lo estaba ese año más un crecimiento real del 3% (en el supuesto de un PIB nominal de 5.0%) aproximadamente, que sería el único año de crecimiento del actual sexenio, logrado hasta el cuarto año. No convence. El 2019 fue una oportunidad perdida, algo mucho más se pudo hacer ante el próximo escenario catastrófico de 2020. Y hay quienes afirman que no es necesaria o ignoran que existe, la inteligencia económica que permite adelantar –como toda la inteligencia de Estado- y neutralizar o reducir el impacto de las amenazas, como los efectos mundiales de la pandemia.

El gobierno actual llegó con un planteamiento novedoso: sentar las bases de un nuevo paradigma en materia de seguridad y combate al crimen transnacional, rechazo a la política represiva, fin a la “guerra armada contra las organizaciones criminales” y diversas políticas púbicas de reforma para derrotar en lo político-social y cultural a la criminalidad, especialmente atacar la pobreza y reducir la desigualdad. Los datos sobre la incidencia delictiva ofrecen mejoras: hubo 37,807 casos delictivos en todo el territorio nacional en 2018 y este número absoluto se redujo a 33,659 en 2019, luego, volvió a crecer hasta 35,531 para 2020; y entre enero y mayo de 2021 el número registrado es de 12,513. No podríamos decir a este nivel de datos agregados que hay una mejora muy sensible, hay incluso un retroceso en 2020.

Los asesinatos registrados están al alza en 16 Estados de la República encabezados por Zacatecas, San Luis, Sonora, Nayarit y Baja California Sur; y en otros 16 está a la baja, encabezados por Tamaulipas, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo y Oaxaca. A nivel nacional, el registro de asesinatos disminuyó 0.7% de enero a mayo de 2021, respecto del mismo periodo de 2020. Los feminicidios registrados sumaron 914 en 2018; 970 en 2019; 977 en 2020 y 412 entre enero-mayo de 2021.Aquí tenemos también un retroceso, que encabezan para el dato de 2021: Morelos, Sonora, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco. Así tenemos que a nivel nacional, el registro de feminicidios aumentó 8.0% de enero a mayo de 2021, respecto al mismo periodo de 2020.

En secuestros si observamos alguna mejoría: 1,560 cometidos en 2018; 1,630 en 2019; 1.041 en 2020 y 256 en enero-mayo de 2021.La tasa de secuestros encabezada para el último dato por Chihuahua, Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco y Nayarit. A nivel nacional, el registro de secuestros disminuyó 43% de enero a mayo de 2021 respecto al mismo periodo de 2020. Habrá otros rubros en donde seguramente observamos retrocesos y mejoría, alternadamente.

Lo fundamental es entonces que no se aprecia de ninguna manera una tendencia sostenida a la baja en los distintos tipos de delitos que principalmente vulneran la seguridad de los ciudadanos. Es el tema sustantivo. Y también que lo obtenido está muy por debajo de cualquier expectativa social formada en la materia, visto con objetividad. Se llegó a decir por el entonces Secretario de Seguridad que en 6 meses se vería un cambio en las tendencias sobre inseguridad, es decir, “un punto de inflexión”; y en tres años habrá tranquilidad (comparecencia ante el Senado, 25 abril, 2019). No ha sido así en el primer caso, y lo segundo es muy etéreo, no hace compromiso público.

Hay diversos pendientes. El presidente yerra o sus asesores no informan con integralidad al considerar que todas las asignaturas no abordadas en esta materia se reducen a integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y generar nuevos lineamientos normativos, organizativos, administrativos y operativos, sobre todo lo cual debiera discutirse abiertamente y el Presidente escuchar. Los cambios en la seguridad y la lucha contra la criminalidad transnacional tienen que compatibilizarse siempre con los procesos de transición a la democracia, no independientemente de ello. Se está caminando por rutas que para otros países latinoamericanos no han sido elegibles ni con buenos resultados, en esa relación Seguridad-Democracia, y sobre todo, sin rendición de cuentas sobre el pasado. Volveremos sobre esto en nuestra próxima entrega.

La pandemia global es un mega factor obstructivo y distorsionante pero las políticas públicas y las estrategias que ellas contienen deben revisarse en términos de su efectividad bajo cualquier escenario. Un buen planteamiento teórico y programático no equivale necesariamente a una praxis efectiva. La pandemia no puede ser un referente que anule la autocrítica del gobierno o las evaluaciones independientes de su accionar, y no por ello pueden ser descalificadas. Se requiere un diálogo más serio y sin pre condicionamientos, la lucha de los contrarios, la dialéctica (que en muchos casos ni siquiera lo son respecto del actual gobierno, y en otros casos sí lo es legítimamente) debe conducir a una síntesis, no a una polarización permanente.

Es decir la crítica enriquece la perspectiva y la praxis, no debe tratarse como un factor siempre de ataque y desestabilización. Ahora, debe también formularse con seriedad. Por ejemplo: ante las graves críticas por la lentitud de la vacunación en Francia, el Presidente Emanuel Macron el más atacado en Europa le dio la arzón a los críticos y afirmó: “Estamos a un ritmo de paseo en familia, lo que no está a la altura ni del momento ni de los franceses (…) Estoy en guerra por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche y espero el mismo compromiso de todos. Esto no es suficiente. Debe cambiar rápida y fuertemente”. (Head Topics, 2021). Lo dicho, la crítica bien formulada y aceptada como tal, enriquece.

La política social tendría el objetivo central de dar cobertura a la lucha por recuperar la seguridad y para combatir políticamente a la criminalidad transnacional y vulnerar sus bases de apoyo locales y estatales. Ello implica mejoras sustanciales en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad, es decir, en el bienestar. La pandemia global fijó un nuevo piso en materia de bienestar social, eso es verdad y no podía ser de otra manera dada la brutalidad de sus efectos, el gobierno hizo todo lo posible conforme a la disposición de recursos y la dinámica política-social:

“Existe el riesgo de que las afectaciones de la pandemia por COVID-19 reviertan los avances obtenidos en la reducción de las carencias sociales hasta 2018. Por ello, es urgente reforzar la atención a grupos vulnerables y garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios que hacen posible el ejercicio de sus derechos”.

Informe CONEVAL, 2020.

El planteamiento es claro y correcto “hubo y hay el riesgo” y este es muy alto por las características de la emergencia sanitaria, por ello, es indispensable redoblar los esfuerzos en favor de los grupos vulnerables. El gobierno está haciendo ese esfuerzo? ¡Enhorabuena¡.

Los datos sobre el comportamiento de la pobreza que aporta CONEVAL logrados mediante el procesamiento de ellos con una metodología rigurosa, no los acepta el Presidente, dice que “tiene otros datos”. ¿Cuáles son? ¿Quién los elaboró? ¿Con qué metodología y con qué técnicas estadísticas? No lo dice, pero es fundamental conocerlo. La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum lo secundó al afirmar que en el Informe CONEVAL se “comparaba peras con manzanas”, y el Presidente insistió en que el año 2020 fue “extraordinario” por la depresión económica y social. Ello plantea una relevante polémica de tipo técnico-metodológico y político-social por los resultados que ofrece el organismo evaluador y que No presenta la Presidencia de la República.

¿Cuáles son los datos distintos que hay en Palacio Nacional?

Continuaremos en nuestra próxima entrega.