Las clases sobre el respeto a los derechos humanos de todas las personas tiene que ser obligatorio desde la educación básica en las escuelas públicas y privadas a nivel mundial, esto debe ser parte de las políticas públicas gubernamentales, con el objetivo de prevenir la delincuencia.
Es muy fácil que cualquier persona pueda cometer un delito con o sin el conocimiento, está normalizada la violencia en muchos hogares, en las oficinas gubernamentales y de la iniciativa privada, así como en los lugares públicos. Sí, lamentablemente tenemos normalizado lo que podría ser un delito. Sorprendente.
Por culpa de los adultos y de las “autoridades” en el supuesto poder tenemos presuntos delincuentes menores de edad, porque nos han faltado políticas públicas que prevengan los delitos, no solo en México también a nivel mundial.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados del programa Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (Epacol), cuyas cifras corresponden al periodo 2017-2023, y destacó que en el año de 2023, “se registraron 33 975 delitos en carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes. Los 5 más frecuentes fueron lesiones (24.8 %), robo (15.2 %), amenazas (9.4 %), abuso sexual (9.0 %) y narcomenudeo (8.4 %)”.
Mientras unos cuantos viven en la opulencia, otros son delincuentes de cuello blanco y una gran mayoría de personas viven en la pobreza, pobreza extrema y la hambruna. La falta de oportunidades para muchas personas los obliga a sobrevivir.
“La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas”, (ONU, 1990).
Las políticas públicas para prevenir delitos en adolescentes son estrategias que debe diseñar el Estado, en colaboración con organizaciones civiles y la comunidad, para reducir los factores de riesgo que llevan a los jóvenes a involucrarse en conductas delictivas. Estas políticas tienen que centrarse en la prevención, intervención temprana y reinserción social.
Las principales políticas públicas para prevenir delitos en adolescentes podrían ser el acceso universal a la educación básica y media de calidad e inclusiva, programas de prevención del abandono escolar, integración de valores cívicos, escuelas seguras, acompañamiento psicosocial, fortalecimiento familiar y comunitario, centros comunitarios con actividades deportivas, culturales y recreativas, además, atención a la salud mental y prevención del consumo de drogas.
Urgen políticas públicas transversales, con la coordinación entre salud, educación, seguridad, justicia y desarrollo social. Los gobiernos, las familias, y la sociedad tienen que ver a las y los adolescentes como personas con derechos humanos, los deben incluir en el diseño y evaluación de las políticas que los afectan.
Las autoridades gubernamentales tienen una gran tarea para dar una vida de calidad a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, les toca trabajar para que en cada familia exista el bienestar de las personas; no es una labor sencilla, más cuando los índices delictivos van al alza. Estamos hartos de que el bien común sea para unos cuantos.