La reciente propuesta legislativa en el Congreso de Estados Unidos para imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por personas que no puedan demostrar su ciudadanía o residencia legal ha encendido el debate político y económico a ambos lados de la frontera. Impulsada por legisladores republicanos y respaldada por Donald Trump, la medida ya fue aprobada por una comisión de la Cámara de Representantes y podría entrar en vigor en 2026.
La iniciativa busca gravar las remesas enviadas desde Estados Unidos, pero excluye explícitamente a ciudadanos estadounidenses y a residentes legales. Por lo tanto, su impacto recaería principalmente en millones de migrantes indocumentados, incluyendo a cientos de miles de mexicanos. El argumento central de los proponentes es que estos migrantes, a pesar de su estatus irregular, acceden a bienes públicos como calles, alumbrado, parques o servicios policiales, sin contribuir directamente a los impuestos que los financian.
En ese sentido, el gravamen se plantea como un mecanismo de “justicia fiscal” frente a la informalidad migrante, es decir, una forma de pagar impuestos por los servicios prestados por el gobierno. Desde esta óptica, se argumenta que, al no pagar impuestos formales, los indocumentados deberían contribuir al erario a través de sus transacciones de envío de dinero, especialmente considerando que las remesas enviadas al extranjero no están sujetas a tributación en origen ni en destino.
Sin embargo, los efectos colaterales para México podrían ser duros. De aprobarse, se estima una pérdida anual de al menos 3,250 millones de dólares para el país, lo que implicaría una reducción de 0.18 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la propuesta como “discriminatoria” y “violatoria”, argumentando que el dinero de los migrantes ya proviene de ingresos gravados o del fruto del trabajo.
Más allá del impacto macroeconómico, la medida golpearía directamente a los estados más vulnerables de México. En entidades como Chiapas y Guerrero, las remesas representan hasta el 15% del PIB estatal, respectivamente. Estos recursos son fundamentales para cubrir necesidades básicas, pagar servicios médicos y educativos, o iniciar pequeños emprendimientos.
La implementación del impuesto también podría fomentar el uso de canales informales y peligrosos para el envío de dinero, desde envíos en efectivo a través de terceros hasta esquemas de contrabando, lo que aumentaría los riesgos de seguridad, la opacidad financiera y las posibilidades de extorsión o fraude.
Mientras el Congreso estadounidense avanza con esta propuesta, la discusión pública se polariza: por un lado, se reconoce la necesidad de integrar a los migrantes a esquemas contributivos más justos; por el otro, se alerta sobre las consecuencias sociales, económicas y humanas de una medida que podría castigar la supervivencia de millones de familias mexicanas.
¿Contribución o castigo? El debate sigue abierto, y lo que está en juego no es solo una cifra fiscal, sino el delicado equilibrio entre seguridad fronteriza, justicia tributaria y derechos humanos.