Es bien es conocido el uso de “acordeones” ilegales como métodos de inducción del voto en los comicios judiciales pasados. Según ha sido reportado por todos -o casi todos- los medios de comunicación, hubo, durante las semanas previas al 1 de junio, una operación dirigida a orientar los resultados.

Sin embargo, existen aún preguntas por responder. ¿Quién dirigió la operación? ¿Quién pagó la impresión de tales papeles? ¿Qué empresa se prestó a la imprenta masiva de millones de acordeones? ¿Pagará alguien las consecuencias por haber violado la ley electoral y por haber lanzado al país hacia una panorama incierto colmado de sombras y marcado por la destrucción de un poder del Estado, así como el establecimiento de otro sin el menor rasgo de legitimidad?

Si bien la investigación está en proceso –dicen- se necesita un mínimo de sentido crítico para dilucidar que el responsable es una o unas organizaciones públicas o privadas con los recursos necesarios para financiarlo, y sobre todo, con un profundo interés en que un puñado de individuos resultasen electos.

No ha sido sorprendente, en todo caso, que Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz hayan resultado beneficiadas. El caso de Hugo Aguilar merecería una atención especial pues su nombre era perfectamentse desconocido por la mayoría de los mexicanos. Según ha trascendido, habría participado, en favor de los intereses del gobierno, en las consultas relacionadas con el Tren Maya.

En el mejor de los casos, se trataría del partido gobernante en cada uno de los niveles de gobierno, desde las alcaldías en manos de Morena, hasta los gobiernos locales, y desde luego, la presidencia de la república. Y en el peor de ellos, no resultaría descabellado especular que ha sido el crimen organizado el responsable del financiamiento millonario de la impresión de los infames acordeones.

Se ha consumado, pues, uno de los mayores atracos en la historia reciente de México. Por primera vez desde su fundación como república federal en 1824, el partido mayoritario ha operado para destruir a uno de los poderes del Estado. Por otro lado, el INE, sujeto a más a los vaivenes políticos y a los intereses de sus consejeros, ha dado la espalda a la historia democrática de México.