La construcción de ciudadanía, y así de una verdadera democracia, es un proyecto de largo plazo. No se trata de una empresa que pueda realizarse de golpe o que surja de modo espontáneo, es producto de nuestra naturaleza social y política.

Si bien es cierto que es en casa donde las y los niños obtienen los primeros aprendizajes en materia de educación cívica y ética por medio de valores y principios que eventualmente se reflejan en el espacio público y la interacción social; es en la escuela donde dichos aprendizajes se potencian, reafirman y amplían.

En ese sentido, es preciso que nuestras niñas y niños entiendan la relevancia de una convivencia social incluyente y respetuosa de las y los otros, así como la fundamental importancia que tiene la igual consideración de la alteridad que nos debemos todas y todos como personas, tanto en lo público como en lo privado. Asimismo, es de la mayor importancia que desde la educación básica se incorporen en los planes de estudio contenidos congruentes con la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura gubernamental, que sirvan de base a las y los menores para comprender la orientación debida que tienen derecho a exigir de parte de sus instituciones, así como para proveerles de plenos conocimientos acerca de lo que son sus derechos humanos y los modos de ejercerlos.

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Durante 2020 y 2021, dentro del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) se realizaron diversos esfuerzos por parte de los organismos garantes de nuestro país, para incorporar e implementar, en diversas entidades, la utilización de cuadernillos en materia de transparencia y protección de datos personales para niñas y niños que cursan el cuarto de primaria. Sin embargo, me parece que este tipo de contenidos ameritan una revisión profunda de los libros de texto para incorporarlos cuanto antes, definitiva y formalmente al plan de estudios de las y los estudiantes de todos los niveles y así, a través de actividades académicas teóricas y prácticas, hacer permear en ellos que son la base social, los vocabularios propios de los derechos humanos en general, y los de la transparencia y apertura gubernamental, en específico.

Acción que permitirá dar cumplimiento con la obligación que se advierte en la Ley General de Educación, así como en los artículos 30, fracción XV; el artículo 54, fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 93, fracción I, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que es de vital importancia la enseñanza de estos derechos en el Sistema Educativo Mexicano.

El desarrollo democrático no se construye sino coordinadamente y por medio de la conversación pública incluyente en torno a lo que nos corresponde a todas y todos por derecho. Los frutos derivados de encauzar nuestros esfuerzos en materia educativa en congruencia con la transparencia y la apertura gubernamental habrán de beneficiar a todas y todos los mexicanos, al materializarse paulatinamente en una sociedad mucho más informada, empoderada, participativa, crítica, exigente, plural y así, sustancialmente democrática. Una sociedad donde la ciudadanía informada y consciente de sus derechos y libertades puede construir y a cuyo avance, debemos contribuir las instituciones, por medio de acciones estratégicas de largo alcance y siempre alineadas con la lógica del progresivo e interdependiente avance, respeto y garantía de los derechos humanos de todas y todos.

Si somos capaces de dotar a nuestras niños y niños de las herramientas y conocimientos que les permitan visibilizar sus posibilidades de ejercicio de otras libertades y derechos fundamentales, para realizarse como personas y de conformidad con su libre voluntad, avanzaremos como nación.