Tras la promulgación de la reforma a la legislación electoral, el INE, los partidos de oposición, la opinión pública y un creciente número de ciudadanos se han manifestado abiertamente en contra de una modificación que pudiese conducir al – en palabras de Lorenzo Córdova- desmantelamiento de la democracia en México.

AMLO y el partido gobernante, en su inagotable esfuerzo de ganar popularidad y de presentarse como el adalid contra los excesos presupuestales, ha promovido una reforma que reduce significativamente las competencias del INE y el Tribunal para organizar unas elecciones limpias y que generen confianza entre los votantes.

Como es bien sabido, a falta de votos para alcanzar la mayoría calificada, y con ello, conseguir la reforma constitucional que diese muerte al INE, AMLO optó por modificaciones a la ley secundaria. Bien vale recordar, en este contexto, que fue la exitosa marcha del 13 de noviembre la que hizo posible sacudir las conciencias de los legisladores, y que estos, de una vez por todas, cayesen en la cuenta de que la desaparición del INE tendría serias repercusiones políticas.

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Ahora viene la guerra en la Suprema Corte. Tras el reciente escándalo protagonizado por la plagiaria Yasmín Esquivel, y la elección de la ministra Piña como presidenta del máximo tribunal jurisdiccional del país, la Suprema tendrá ante sí una empresa titánica: respaldar el orden constitucional, defender la letra de la Carta Magna, y a la vez, plantar cara al presidente más popular en la historia reciente de México.

La tarea no será sencilla pues los ministros de la Corte deberán poner sobre la balanza de la justicia dos argumentos contradictorios: velar por la correcta y prístina interpretación de la Constitución, mismo que corresponde por definición a su función y responsabilidad como funcionarios de Estado, y buscar evadir la rabia de un presidente que ha hecho del plan B una herramienta de propaganda política en su favor, y desde luego, con miras a 2024.

En opinión de la mayoría de los juristas, y mismo, de miembros de Morena como Ricardo Monreal, el plan B es inconstitucional, pues contraviene una serie de disposiciones de la Carta Magna y de otras leyes secundarias.

A reserva de conocer la decisión mayoritaria de la Corte, pues serán necesarios los votos de 8 de los 11 integrantes del Tribunal, la polémica pública en torno al futuro del sistema electoral en México sembrará dudas y posibles conflictos postelectorales en la elección de de 2024, y, desde luego, en las elecciones estatales en Coahuila y el Estado de México.

En otras palabras, y sin voluntad de profundizar en estas líneas la conveniencia del plan B, la evidencia apunta hacia una realidad inequívoca: la reforma electoral es, en la antesala de las elecciones de 2023 y de las federales del año que viene, una maniobra innecesaria que no hará más que descarrilar la confianza ciudadana en los resultados de los comicios.