La defensa del territorio coahuilense de la incursión de grupos delincuenciales marca un referente nacional en la lucha contra el narcotráfico y grupos paramilitares que campean en el resto del país.

Equipados y abastecidos, policías estatales se parapetan en las guardarrayas de la entidad con Nuevo León y Tamaulipas. Es un operativo estratégico, calibrado, con tiros de precisión, donde las balas son el principal ingrediente.

Y es la continuidad del sello que ha marcado a ese estado fronterizo, donde, en la última década se hizo frente a grupos delictivos, remanentes de los extintos Zetas, que por años cobraron cuota, traficaron estupefacientes, secuestraron, violaron, torturaron y desaparecieron personas, manteniendo en el terror al estado completo.

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De los episodios más sonados está la “fuga” de 132 reos del penal de Piedras Negras en el año 2012; tiempo después se conoció que era uno de los campos de exterminio más grandes del sanguinario grupo, donde desintegraban cuerpos en tambos con ácido o prendiéndoles fuego, las manchas de los vapores generados aún no han logrado ser removidas del todo de las paredes.

La masacre de Allende fue otra de las noches más obscuras para el estado en el año 2011. La traición del contador de Los Zetas --quien se acogió al programa de testigos protegidos de la DEA llevándose consigo millones de dólares--, detonó en la quema de decenas de casas y la sustracción de un número aún no determinado de personas que permanecen en calidad de desaparecidas, pero que se presumen muertas y sin rastro de sus cuerpos. No preguntaron quiénes eran.  Se llevaron a trabajadoras domésticas, empleados de servicios públicos que realizaban alguna lectura o reparación, e incluso a quien tuvo la mala suerte de ir pasando por la banqueta de la casa objetivo.

Fue tal la atrocidad, que la plataforma de streaming Netflix relata parte de estos hechos en su producción Somos, narrando desde adentro el infierno que se vivió, no solo esa noche de la matanza, sino por años.

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Sangre y fuego costó limpiar el terreno, como lo plasmó el ex gobernador Rubén Moreira en su libro “Jaque mate al crimen organizado”; y lo admite: pagó el costo político de la impopular medida, pero Coahuila recuperó gobernabilidad. Su sucesor, Miguel Ángel Riquelme, no desperdició el terreno ganado; le dio continuidad a la estrategia. Es de los pocos espacios del país que pueden presumir de orden y de Estado de Derecho. Es de los escasos ejemplos de éxito en la historia de lucha contra el crimen organizado que, en otras porciones de México, avanza y arrebata espacios.

Gran reto para el gobernador electo Manolo Jiménez en ese, que es último bastión estatal en pie del PRI, y un ejemplo de que sí es posible erradicar la violencia, cuando se quiere y se tiene voluntad política.

Las bajas registradas en las filas de la Policía de Acción y Reacción en los últimos días motivan a sus elementos a continuar la lucha. Saben que es la mejor forma de honrar la memoria de los caídos y de mantener amurallado el fuerte en el norte, donde Coahuila es del gobierno, no del narco.