6 de diciembre de 2021 | 03:33

El decreto del presidente va a retrasar en lugar de acelerar sus obras públicas

Si bien AMLO tiene razón en querer sacar sus obras adelante, es increíble que tenga que sacar un decreto para avanzar en los permisos de sus propias dependencias.
AMLO
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Ayer en la tarde salió publicado un Acuerdo vespertino en el Diario Oficial de la Federación, de apenas tres artículos y sin mucha argumentación, que busca, como hoy lo señaló el presidente en su mañanera, agilizar sus obras públicas prioritarias: refinerías, puertos, presas, carreteras, vías férreas, hospitales, etc.

El decreto busca agilizar los permisos de la propia Federación para las obras públicas federales, y si en cinco días éstos no se emiten, se tendrán como otorgados por una “afirmativa ficta”. Esto es, ante el silencio de la autoridad federal, el permiso se tendrá por concedido.

Esta idea surge de cómo resolvieron los amparos para no demorar la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de México. Aquí, luego de que había decenas de juicios y varios amparos que frenaban su construcción se decidió usar el argumento de la “seguridad nacional” para descarrilar los litigios y que los jueces ya no estudiaran el fondo de muchos de los amparos. Ahora, el Decreto de ayer busca usar ese mismo argumento de la “seguridad nacional”, pero para todas las obras prioritarias del gobierno federal.

Sin embargo, hay una pequeña GRAN diferencia: el Aeropuerto de Santa Lucía sí reúne los requisitos de “seguridad nacional” pues se construye sobre lo que es una base aérea militar desde 1952. El pretender que todas las demás obras del Gobierno federal pasen como obras en zonas militares se ve muy difícil que sea aceptado por jueces federales, es tanto como convertir al país en una zona militar.

Desde luego, el presidente tiene razón en querer sacar sus obras adelante, pero es increíble que tenga que sacar un decreto para avanzar en los permisos de sus propias dependencias. Lo que deja ver la burocracia en el propio gobierno de la 4T, pero también la incapacidad de los abogados de varias dependencias que, en lugar de afrontar cualquier litigio, se van con la fácil de usar –y quemar- para todo un argumento de “seguridad nacional”.

Es muy probable que el decreto emitido en lugar de hacer avanzar muchas obras públicas, las frene pues hay un caso emblemático de abuso de autoridad disfrazado de “seguridad nacional”. Esto es una pena pues las obras del presidente sí son un detonante de crecimiento económico y, sobre todo, están en varias zonas del país en donde urge equilibrar la desigualdad y la pobreza existente.

En corto, me parece que al presidente le pasaron a firmar un decreto –y a todo su gabinete legal- que lejos de ayudarle a la conclusión de sus obras, se las puede rezagar. Ya de menos, si de lo que se trata es de reactivar la economía nacional, le hubieran dado a toda la Iniciativa Privada (IP) el mismo beneficio: si en cinco días no te contesto, tendrás tu permiso como otorgado. No hacerlo así pone a la IP en una franca desventaja con el gobierno. Lo que ocasionará incertidumbre y miedo a realizar inversiones.

Así que, la sugerencia es sencilla: que el beneficio que se auto-otorga el Gobierno federal sea otorgado a todo el sector privado; o, que derogue su decreto, eviten juicios absurdos y tengan mejores abogados que defiendan los intereses del Estado ante tribunales. No mediante chicanas.

Javier Tejado Dondé en Twitter: @JTejado