PROMETEO

El actual gobierno de México, concluye su administración el 1º de octubre de 2024, por lo que restan menos de 9 meses de gestión. Sin duda se han mantenido los indicadores macro económicos hasta ahora con estabilidad, como lo son un tipo de cambio en 16.86 pesos por dólar en promedio, reservas internacionales del orden de los 212 mil millones de dólares y una reprogramación de deuda a largo plazo. Pero por otra parte la inflación sigue siendo un reto con un indicador de 4.66% anual y la subyacente en 5.09%, con altas tasas de interés, en niveles la TIIE de 11.58% a 28 días. En el caso específico de la inflación hay productos como el huevo, aceite, carne, tortilla, arroz, frijol, cebolla, limón, azúcar, por citar a los básicos, que en cinco años de esta administración se han incrementado en más del 70%., es decir el tipo de cambio se ha apreciado, pero no necesariamente los precios en los productos básicos.

Estos costos han sido compensados con los aumentos en el salario mínimo, los programas sociales y desde luego con el envío de remesas, sin embargo, ese desequilibrio tiene varios factores, el incremento en insumos y el costo en inseguridad, que a esta administración le incomoda reconocer. Al parecer es una la información que reportan Banco de México y la SHCP, y otra la que registran en sus bolsillos los hogares al ejercer su gasto familiar, donde el tipo de cambio no les genera beneficio alguno en sus compras de productos básicos. El tipo de cambio a la baja puede significar estabilidad y beneficiar a los importadores, pero por otra parte se pierde competitividad en las exportaciones y en el valor de compra de las remesas, así las cosas, o exportas más o envías más remesas.

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Siendo un año electoral clave este 2024, el presupuesto está enfocado a terminar las obras emblemáticas, pese a sus excesivos presupuestos ejercidos en promedio dos veces lo estimado, obras que, si bien han sido inauguradas y funcionan parcialmente o en etapas de pruebas como la Refinería de Dos Bocas, aún no están 100% terminadas y funcionales, además de que el retorno de inversión son de los secretos mejor guardados por el sector público.

La otra parte fundamental del gasto será destinado a programas sociales, en especial al de adultos mayores, razón por la cual se aprobó un endeudamiento de 2 billones de pesos para este año. El gobierno federal asignara más del 40% del presupuesto total de gasto por 9 billones de pesos a programas sociales

Se tiene contemplado para el año 2024 un monto de 727 mil millones de pesos con un aumento del 25% con respecto al gasto de 2023. El apoyo para adultos mayores llegará a 13 millones de personas, de acuerdo a datos del INEGI en México hay 18 millones de personas con más de 60 años y cada año se incorporarán 1 millón de personas a la pensión de adultos mayores, por lo que para el año 2025 habrá 14 millones de personas con pensión y para el año 2030 serán 20 millones de personas y con los aumentos que promete el presidente López Obrador ese gasto superara el 10% del presupuesto anual de cada administración.

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Dar este tipo de apoyo al 15% de la población actual y que para el año 2030 será el 20%, es un tema que será de fuerte presión para las finanzas públicas, pues somos una población económicamente activa en donde la informalidad es del 60%, lo cual genera que los ingresos para pagar estas pensiones provengan de las empresas privadas y de las personas cautivas en aportación al ISR. Si bien es un tema de justicia social, es un tema de injusticia económica, pues una minoría es quien aporta recursos para ese fin y tarde que temprano se recurrirá a endeudamiento público para pagar esas pensiones.

Desde luego que hay que buscar apoyar y dar pensiones dignas, pero por ejemplo, en tanto en CFE, PEMEX e IMSS, burócratas o militares pueden pensionarse relativamente jóvenes (logros laborales que pueden considerarse legales, pero no morales), quienes trabajan en el sector privado y cotizan en el IMSS deben esperar para una pensión completa hasta los 65 años, pero por otra parte tenemos a adultos mayores que han estado toda su vida en la informalidad y reciben ahora una pensión que es cubierta por quienes trabajan en la formalidad laboral, esa redistribución de ingreso es buena pero no es justa y debe revisarse con objetividad y no con clientelismo político a la mexicana.

México es la 11ª economía más importante del mundo y la población número 10 en el mundo, la deuda pública representa el 55% del PIB, la cual en principio parece razonable, el problema es que su destino ha sido para rescates estatales, bancarios, hipotecarios, carreteros, Pemex, CFE y pensiones. Cuando esa deuda debería ser en infraestructura, educación, salud y desarrollo tecnológico. Así que la carga de pago se genera en el sector privado a través de las empresas y las personas que laboran en la formalidad. Hasta ahora el RESICO (Régimen Simplificado de Confianza) por parte de la SHCP y el SAT, no ha generado los resultados esperados e incluso el SAT está dando de baja a quienes se incorporaron, pero incumplen con los requisitos establecidos de reportería.

Ahora el presidente López Obrador anuncia que el 5 de febrero presentara cambios dirigidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sistema de pensiones. La primera tiene que ver con el voto popular para jueces y magistrados. Tema que dará mucho de que hablar, pues si bien es un poder autónomo, no cuenta con la empatía popular.

La segunda será establecer constitucionalmente que el salario mínimo se actualice siempre por arriba de inflación y modificar el sistema privado de pensiones para que los jubilados reciban el 100% de su salario al momento de pensionarse. Ha señalado que no tocara las afores, y dicho que será el Estado quien hará las aportaciones, el tema es que el Estado no genera ingresos propios, sino cobra impuestos a los contribuyentes y consumidores, por lo que sería a través de la vía de flujos de efectivo. Hasta ahora solo son esbozos, ni ha sido preciso en el que, como, de donde y cuánto de aplicara el tema pensiones al 100% con claridad y viabilidad.

Nuestra posición geográfica y logística, así como la riqueza en recursos naturales y todavía nuestro bono poblacional son ventajas significativas que han sido mayormente aprovechados por grandes corporaciones nacionales y extranjeras. El tema del nearshoring es vital para la inversión y desarrollo económico regional, no se tiene un plan o propuesta de Estado mexicano para impulsar ese desarrollo, tampoco se ve una propuesta de disminución progresiva de la informalidad y menos una reforma fiscal adecuada a estos propósitos de mantener sistemas de pensiones y subsidios de manera prolongada.

Menos de 9 meses para el cambio de administración, la participación ciudadana evita que la pasividad y el abstencionismo sean quienes ganen en las decisiones importantes. Este año será clave para la economía mexicana, están los pesimistas que ven todo mal y los que consideran que ahora todo es mejor que antes. Los extremos radicales de la derecha o la izquierda no son la respuesta, debe haber critica, pero con soporte y elementos. Todavía falta bajar más la inflación, la tasa de interés para activar el crédito productivo y destrabar el tema de energías limpias, pues se ha buscado priorizar a CFE y Pemex. México será presionado por sus socios comerciales para abrir inversión privada en especial por el nearshoring.

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx