La Fiscalía General de la República (FGR) anunció ayer que había abierto tres carpetas de investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por delitos federales. Mientras algunos están relacionados con delitos electorales, lavado de dinero y transferencias internacionales irregulares, otros tienen que ver con OHL: la célebre empresa española que fue responsable de obras públicas durante el gobierno de Peña en el Estado de México.

A pesar de estas declaraciones, bien parece que los mexicanos han perdido confianza en la aplicación de la justicia, sobre todo en el caso de los ex presidentes. No obstante la corrupción de los políticos, México no ha visto jamás a un ex mandatario pisar la cárcel. Aquel famoso pacto de impunidad, a saber, el acuerdo tácito de que el presidente en funciones no actuará contra su predecesor, sabedor que su sucesor hará lo propio, ha perpetuado un régimen de impunidad que ha dejado cerradas las posibilidades de procesamiento ante posibles actos de corrupción.

Las declaraciones recientes de la FGR respondieron, a su vez, a un informe realizado por la UIF, encabezado por Pablo Gómez, ante sospechas de transferencias irregulares realizadas desde México a España por parte de Peña.

Sin embargo, existe un largo trecho entre la apertura de las investigaciones de la FGR y el acto mismo de que el acusado sea llamado ante un juez para comparecer por sus delitos en México. Sobre todo, insisto, si se trata de Enrique Peña Nieto.

Como es bien sabido, Peña reside en Madrid, y según ha trascendido, vive plácidamente en un lujoso barrio en las cercanías de la capital española. Por tanto, ante una legítima acción en su contra por parte de las autoridades mexicanas, el gobierno de AMLO debería eventualmente solicitar al gobierno de España la extradición del ex mandatario.

Esta solicitud de extradición conlleva nuevas problemáticas. En primer lugar, derivado de la laxitud de la legislación española, Peña podría eventualmente solicitar al Estado español la nacionalidad española, lo que reduciría enormemente la posibilidad de que Madrid decidiese la extradición del ex presidente.

Y más allá de ello, y quizá de mayor importancia, existe la duda en torno a la voluntad de AMLO y de su sucesor en la presidencia, en caso de que el caso se prolongase, de encarcelar a un ex presidente. Ello representaría el rompimiento del pacto de impunidad, por lo que cualquier presidente en funciones, una vez instalado en Palacio, podría conducir a prisión a cualquier de sus sucesores. Con ello, él mismo -léase el presidente en turno- arriesgaría su propio futuro.

En suma, en un ejercicio de especulación, me atrevo a vaticinar que sea por el motivo que resulte, Enrique Peña Nieto no irá a la cárcel. La FGR podrá anunciar uno, dos, tres, cinco o diez expedientes contra el presidente. Sin embargo, el hecho mismo de que vaya frente a un juez se antoja lejano en el tiempo y poco probable. Veremos.