En una entrega anterior presentamos nuestra opinión sobre el caso judicial en que está envuelto el expresidente Enrique Peña Nieto con tres acusaciones penales en la FGR, un líder político proveniente de uno de los grupos políticos informales, porque nunca estuvieron organizados como tales, el Grupo Atlacomulco, del Estado de México, de los mayormente señalados como vividores del poder público, enriquecidos al influjo de los cargos públicos obtenidos en los tiempos del PRI del de caciques, corporativo y de la maquinaria invencible, de los mayores hechos de corrupción en la historia política, y del “Círculo Negro” que narró en su libro el escritor Antonio Velasco Piña.
Isidro Fabela ha sido señalado como fundador del Grupo Atlacomulco, con la familia Del Mazo que tuvo gobernadores y presidentes de la república, de ese núcleo en su amplitud proviene Peña Nieto, quien a lo largo de su sexenio quedó involucrado en distintos escándalos que tienen como común denominador la corrupción en su sentido de violación de la normatividad jurídica constitucional, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, desvío de recursos públicos, financiamiento paralelo de su campaña presidencial, coimas contra contratos de negocios con Pemex con el Grupo brasileño Odebrech (confesado por ellos mismos), Ayotzinapa, la Estafa Maestra, compra fraudulenta de empresas privadas quebradas a sobreprecio. Incluso desde que era gobernador hubo señalamientos.
El Círculo Negro al que perteneció uno de los personajes destacados del grupo Atlacomulco, se trató de una sociedad secreta dentro del PRI (como El Yunque en el PAN) que había redactado la Constitución de la Monarquía Mexicana, y a quien el último de sus integrantes presuntamente el profesor Carlos Hank González, ya moribundo, y bajo promesa de anonimato, contó la historia a Velasco Piña, de ese grupo de poder “detrás del trono”, quienes tenían la facultad de disponer de la vida del presidente de la república que quisiera perpetuarse en el poder, directamente o no, pero con la gran restricción de que nunca podrían ser presidentes de México.
Tiene pasajes interesantísimos, por ejemplo, cuando los integrantes del Círculo Negro se presentaron ante Salinas en la coyuntura de la sucesión presidencial, al exponer sus atribuciones históricas, Salinas les preguntó: “¿entonces ustedes mataron a Colosio?”. O cuando ya muy diezmados se presentaron ante Zedillo, éste los desconoció diciendo “a mí me eligió el pueblo de México”. El comentario al respecto del narrador del hecho fue “ya sólo quedábamos Don Fidel y yo”. Moribundo pidió que dentro del ataúd pusieran un ejemplar en original redactado por los fundadores del Círculo Negro, de la Constitución de la Monarquía Mexicana.
Efectivamente, Enrique Peña Nieto forma parte de lo que se ha denominado la captura transexenal del Estado, mediante el pacto con FECAL, y antes el pacto de Ernesto Zedillo para ceder el poder al PAN en el 2000, confesado por Labastida Ochoa. Así que el pacto transexenal (recuerden como hasta Vicente Fox públicamente apoyaba a la candidatura de Peña Nieto) y al final de la campaña con la catástrofe que resultó de la candidatura de Josefina Vázquez Mota, FECAL le dijo: “sí, te dejé sola”, lo reprodujo la prensa de aquellos días, pero pronto llegó el premio de consolación con el Josefina se retiró: un fondo para ayuda a inmigrantes a EUA de $900 millones de pesos, del que nunca se supo mayor cosa, otorgado por Peña Nieto.
Éste se presentó y lo presentaron en los medios televisivos, con quienes firmó contratos multimillonarios de promoción de su imagen y de su “obra de gobierno” de manera falaz como “líder del nuevo PRI”, junto con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte aún en prisión por robo de recursos públicos, quien hasta a sus suegros les dio dinero a esconder. Con Peña Nieto se consumó la restauración del orden corrupto que nunca se fue, pero que se reposicionó con todo el esplendor al que el PRI nos tenía acostumbrados por décadas. Hacia atrás de él igualmente hubo mucha corrupción, pero hoy nos ocupamos de EPN.
El ex titular de la UIF Dr. Santiago Nieto sostiene la tesis de que la corrupción en México empieza con los procesos electorales y duran el sexenio completo durante el cual se pagan con permisibilidad para la corrupción, los favores o fondos recibidos, incluyendo las oficinas de gobierno, constató como titular de la FEPADE (Fiscalía Especializada para Delitos Electorales) en sus investigaciones como entre 2010-2016 conforme a las declaraciones ministeriales del dueño del grupo Odebrech cuando fue detenido y procesado en Brasil, que había transferido a un funcionario de primera línea, Emilio Lozoya $10 millones de dólares (Lozoya fue director de Pemex entre 2012 y 2016) por concepto de cuatro contratos entre Pemex y su firma corporativa, una parte de esos recursos circularon entre 2010 y 2012 en la campaña de Peña Nieto (en la que Lozoya tenía un rol protagónico), lo demás, durante la gestión presidencial de EPN, usando empresas ficticias en “paraísos fiscales” con distintas cuentas a diferentes nombres.
Lozoya recibió después otros $6 millones de dólares entre 2014-2015, en pleno proceso electoral intermedio, de manos de Luis Alberto Meneses Weyll director de Odebrecht México. En La investigación oficial por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del SAT, se localizaron 4 contratos de Odebrech-Pemex, pero en las investigaciones que encabezó el titular de la FEPADE Santiago Nieto, localizaron 38 más, en total 42, lo que hace suponer que el volumen de las coimas recibidas fue mucho mayor, aunque no se sabe cómo y dónde más hayan registrado esos otros 38 contratos. Los grupos criminales que lavan dinero se quedaron muy chicos frente a esa ingeniería financiera y de ocultamiento legal.
En el caso de la llamada periodísticamente Estafa Maestra esta consistió en un fraude monumental operado desde el gobierno federal, en el cual los funcionarios aprovecharon una omisión en la ley que les permitió entregar dinero a las universidades estatales como contratistas para obras o servicios que se requerían, cuyas autoridades cobraron grandes comisiones, y realmente entregaban el dinero a empresas fantasma que no debían recibir recursos públicos porque carecían de personalidad legal para ofrecer tales supuestos servicios, porque ellas no existían, por tanto no se cumple ningún contrato de nada y el dinero desaparece. (Roldán, Castillo y Ureste, 2018)
Este mega fraude empezó en el sexenio de Felipe Calderón en 2011, nos dicen las autoras, con ciertos desvíos de recursos que después descubrió la ASF, y cobró auge entre 2013 y 2014, cuando la propia ASF descubrió el mecanismo fraudulento en el que participan decenas de dependencias públicas. Luego entró la PGR y ante los titubeos, entró el periodismo de investigación. Inicialmente se estimó el robo en unos 2,000 millones de pesos, pero al final de las investigaciones sumaba más de 7,000 millones. A México la corrupción le cuesta entre el 2 y el 10% del PIB, es un rango muy amplio de variación porque es muy complicada una cuantificación puntual.
Su última acusación se refiere al negocio de introducción de la alta tecnología a los servicios de la inteligencia de Estado iniciado en 1994 cuando se introdujeron en las dependencias de inteligencia y seguridad, las unidades de información y análisis incluyendo los gobiernos estatales, teniendo como uno de sus impulsores principales a Genaro García Luna, primero desde el CISEN, luego desde la AFI, luego desde la Policía Federal, después como secretario de seguridad federal y al último como consultor independiente especializado con Peña Nieto. Hubo un proceso de reconfiguración tecnológica de tales servicios y hubo un boom de compra de plataformas y equipos y por tanto, de contratos multimillonarios y empresas, en el contexto de ampliación de la fuerza del crimen transnacional.
En especial el software NSO conocido como Pegasus tuvo gran éxito por sus funciones para un servicio de inteligencia, y son dos las empresas de origen judío que confirmaron las relaciones con el gobierno y personalmente con el presidente de México para promover la venta de la plataforma informática, se ha estimado tan solo en el gobierno de Felipe Calderón una inversión pública oficial en 8 contratos por poco más de $8,000 millones de pesos (aproximadamente al tipo de cambio actual). En el caso del gobierno de Peña Nieto se generaron contratos triangulados mediante una empresa fantasma como Air Cap (así la clasificó el SAT) con valor de más de 1,000 millones de pesos en contratos públicos durante gobiernos del PRI en los estados, conforme a una investigación de la periodista Valeria Durán.
Con informaciones más recientes, se ha informado por la prensa en nuestros días y ello motivó a la FGR a abrir carpetas de investigación con las tres acusaciones, entre ellas la principal, de que por todo ello, según dos empresas que participaron en tales triangulaciones de contratos, el presidente Peña Nieto recibió una coima de 25 millones de dólares en total. Las empresas han confirmado el trato con el gobierno de EPN, no propiamente la entrega de recursos.
El acuerdo del gobierno de EUA con Ovidio Guzmán que era uno de los tres líderes más importantes de la facción del Cartel de Sinaloa -cuando este existió como tal- que probablemente más fentanilo y cocaína, metanfetamina, han exportado a EUA, según las propias cifras dadas a conocer por la DEA en distintas ocasiones. Insólito. ¿Dónde quedó la excepcionalidad de los gobiernos de EUA, de su pueblo y sus doctrinas?
Pero es evidente que el gobierno de Donald Trump quiere integrar o reforzar las denuncias contra líderes políticos, empresarios y miembros de las fuerzas federales que según ellos poseen como producto de los informes de sus agencias de inteligencia. Pero hay planes superiores del gobierno de Donald Trump de los cuales nos ocuparemos en otras entregas.