Vivimos una época en donde prevalece la emoción sobre la razón. Importan más los personajes que las propuestas. Esto me recordó que, durante mi primer semestre de la maestría en políticas públicas en Harvard, tomé un curso con Robert Reich. Ahí examinamos la filosofía y práctica de la formulación de políticas públicas. En una de las sesiones, la discusión se centró en cuál debería ser nuestra prioridad cuando nos graduáramos: “analizar” o “promover” políticas públicas.

Los tecnócratas convertidos en formuladores de políticas pueden representar ventajas y riesgos para una nación. La transición de expertos técnicos a tomadores de decisiones en el gobierno entraña desafíos únicos. Los tecnócratas a menudo se seleccionan en función de su experiencia en campos específicos, como la economía, la ciencia o la tecnología. Sin embargo, pueden carecer de la perspicacia política y la comprensión necesarias del panorama político más amplio. Esto puede generar dificultades para navegar dinámicas políticas complejas.

Pero hacer que los activistas se conviertan en formuladores de políticas puede presentar todavía más riesgos para un país. Su transición de abogar por el cambio desde fuera del gobierno a influir en las decisiones desde dentro presenta mayores desafíos. Los activistas a menudo tienen fuertes sesgos ideológicos y, cuando se convierten en formuladores de políticas, sus decisiones se ven más influidas por sus creencias personales que por un análisis basado en evidencia. Esto puede llevar a la falta de objetividad y a una incapacidad para considerar perspectivas alternativas.

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Los activistas suelen estar motivados por un fuerte sentido de propósito, bueno o malo, y les resulta difícil comprometerse o colaborar con otras personas que tienen puntos de vista diferentes. La formulación de políticas a menudo requiere negociación y creación de consenso, lo que puede ser difícil para las personas acostumbradas a defender sus posiciones sin compromiso.

El “análisis de políticas” y la “promoción de políticas” son dos enfoques distintos para abordar los problemas públicos e influir en los procesos de toma de decisiones. Si bien ambos desempeñan un papel fundamental en la configuración de las políticas públicas, difieren significativamente en sus objetivos, métodos y principios subyacentes.

Análisis de políticas públicas:

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  • Es un enfoque objetivo y basado en evidencia para evaluar las políticas existentes o propuestas.
  • Implica el examen sistemático de las alternativas de política, sus impactos potenciales y su alineación con las metas y objetivos establecidos.
  • Proporciona información relevante y confiable para tomar decisiones informadas.
  • Emplea una metodología rigurosa y analítica, basada en diversas fuentes de datos y métodos de investigación. Se basa en datos cuantitativos y cualitativos para evaluar la eficacia, la eficiencia y la viabilidad de las opciones.
  • Se esfuerza por permanecer neutral e independiente de los sesgos ideológicos. Los analistas tienen como obligación presentar la información de manera objetiva e imparcial, sin agendas personales o políticas.
  • Presenta opciones de políticas y sus posibles consecuencias. Los analistas no abogan por políticas específicas, sino que ofrecen a los tomadores de decisiones una variedad de alternativas viables.

Promoción de políticas públicas:

  • Es un enfoque proactivo y basado en valores que busca influir en el proceso de formulación de políticas para promover una causa o interés en particular.
  • Los activistas promueven políticas o reformas específicas con la intención de lograr un cambio social o abordar las injusticias percibidas.
  • Está impulsada por una agenda o causa específica, con el objetivo de influir en la opinión pública, los formuladores de políticas y la comunidad en general para apoyar un resultado de política particular.
  • Emplea estrategias persuasivas de comunicación y movilización para obtener apoyo para sus políticas preferidas. A menudo participan en campañas públicas, cabildeo y organización de base para lograr sus objetivos.
  • Está inherentemente cargada de valores, ya que los activistas se alinean con ideologías o intereses de las partes interesadas.
  • El objetivo de los promotores activistas es avanzar en sus posiciones y lograr un cambio de política que se alinee con sus intereses.

En resumen:

  • El “análisis de políticas” tiene como fin proporcionar información objetiva y basada en hechos, lo que facilita la toma de decisiones basada en evidencia. Por el contrario, la “promoción de políticas” se basa en argumentos subjetivos y apelaciones emocionales para obtener el apoyo público para una política en particular.
  • El “análisis de políticas” mantiene una postura no partidista, brindando a los tomadores de decisiones una comprensión integral de las opciones de políticas sin promover una agenda específica. Por el contrario, la “promoción de políticas” es inherentemente partidista y aboga por una solución política particular basada en los valores e intereses del activista.
  • El “análisis de políticas” informa a los formuladores de políticas mediante la presentación de datos, proyecciones y posibles resultados. Por el contrario, la “promoción de políticas” busca movilizar el apoyo público e influir en los formuladores de políticas a través de campañas de promoción, manifestaciones y esfuerzos de cabildeo.
  • En todo caso, ya se trate de “análisis” o “promoción”, de “tecnócratas” o de “activistas”, las políticas públicas juegan un papel crucial en la configuración de la trayectoria del desarrollo social, económico y político de una nación. Las políticas eficaces pueden fomentar el crecimiento, la estabilidad y la armonía social. Sin embargo, lo contrario también es cierto: las malas políticas públicas pueden tener efectos perjudiciales, lo que lleva a la desintegración de un país.

Una forma de destruir valor público en un país con malas políticas gubernamentales es descuidar las necesidades básicas de sus ciudadanos. Cuando un gobierno no brinda servicios esenciales como atención médica, educación, agua potable y saneamiento, genera frustración, resentimiento y malestar social. La falta de acceso a las necesidades básicas exacerba la desigualdad, amplía la brecha entre ricos y pobres y erosiona la cohesión social.

La corrupción y la mala gestión de los recursos públicos pueden destruir rápidamente las instituciones de una nación y debilitar la confianza pública. Cuando los funcionarios públicos priorizan el beneficio personal sobre el bienestar de la población, el país sufre. La malversación, el soborno y el nepotismo desvían los fondos destinados al bienestar público, lo que da como resultado una infraestructura en ruinas, servicios públicos inadecuados y una economía en decadencia. La corrupción generalizada socava la legitimidad del gobierno, fomentando un clima de cinismo y desilusión.

Las políticas económicas mal concebidas también pueden contribuir al colapso de un país. Las medidas proteccionistas, la regulación excesiva y la falta de inversión en los sectores productivos pueden sofocar el crecimiento económico, desalentar el espíritu empresarial y perpetuar el desempleo. La alta inflación, la devaluación de la moneda y la carga insostenible de la deuda pueden paralizar la economía y empobrecer a la población. A medida que empeoran las condiciones económicas, aumentan la pobreza, las tasas de criminalidad y el malestar social, empujando a un país hacia la desintegración.

Las malas políticas públicas que exacerban las divisiones sociales y la desigualdad pueden fracturar una nación. Las políticas discriminatorias basadas en el origen étnico, la religión o la clase social crean divisiones y fomentan el resentimiento entre los diferentes grupos. Cuando ciertos segmentos de la población son marginados y se les niega la igualdad de oportunidades, el malestar social se vuelve inevitable. Las tensiones étnicas, la violencia sectaria y los movimientos separatistas pueden desgarrar el tejido social de una nación, dando lugar a conflictos prolongados e incluso a movimientos secesionistas.

La falta de voluntad de un gobierno para tolerar la disidencia y la oposición puede acelerar la desintegración de un país. Cuando se restringe la libertad de expresión, prensa y reunión, se reprime el discurso público, se socavan las instituciones democráticas y se fomenta una atmósfera de miedo y represión. Silenciar a los críticos y reprimir las voces disidentes genera frustración e ira, lo que eventualmente resulta en disturbios civiles y protestas.

Ojalá que los asesores de quienes aspiran llegar a la presidencia de México lean mucho y reflexionen más; dejen la emoción y acudan a la razón; se olviden de los personajes y se concentren en el análisis de las políticas públicas que nuestro país necesita.

Javier Treviño en Twitter: @javier_trevino