Lo más penoso del asunto del colapso de la Línea 12 del Metro, por su inevitable trasfondo político, es que la atención se centra en los presuntos responsables y no en las víctimas, tampoco en el daño. Es obvio que hubo error y es muy probable, como lo revelan las investigaciones, que está asociado a la planeación y a la etapa de construcción. El mantenimiento deficiente o insuficiente puede ser realidad, como es frecuente en el sector público agobiado por la falta de recursos, pero difícilmente es la causa del colapso de esa parte de la obra.

Lo uno y lo otro aluden a culpas distintas: construcción a Marcelo Ebrard y Mario Delgado; mantenimiento a Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum. Responsabilidades no de carácter penal o administrativo, sí de orden político, ya que los responsables directos serían funcionarios por ellos designados. Subsiste el tema de las empresas.

De manera preventiva y para solucionar con la mayor oportunidad posible, Carso, del empresario Carlos Slim no espera decisión técnica que inculpe a su empresa o sentencia al respecto. La empresa, a través de su subsidiaria Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), celebró un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro para realizar la rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la Línea 12.

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Aún así, es necesario esperar la conclusión de las investigaciones y sus implicaciones de corte penal, administrativo y civil. El caso llevará tiempo y en todo caso, no sólo importa la reanudación de operaciones en condiciones de seguridad, sino que las víctimas y los suyos sean resarcidos y atendidos al extremo de lo posible, sin que esto sea botín para despachos que utilizan la tragedia para hacer pingüe negocio.

Y no sólo eso. La catástrofe tampoco debe ser recurso para dirimir la competencia por la anhelada candidatura presidencial o para eludir responsabilidades para culpar al otro, como ha sucedido el abogado Gabriel Regino, representante de los funcionarios acusados y afines a Marcelo Ebrard, a manera de imputar al gobierno de Mancera por una supuesta sobrecarga del tramo colapsado, asunto puntualmente aclarado por el ex director del metro y ahora diputado local, Jorge Gaviño.

Los daños materiales son cuantiosos y está de por medio el prestigio de Marcelo Ebrard. El presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema lo apoya y no es menor porque así frena la jauría propia del interesado fuego amigo. A su favor no está eso de que él no supervisó los pernos o las vigas, sino que las empresas involucradas son de la mayor seriedad y confiabilidad profesional las que, sin embargo, no están exentas de error. Los funcionarios ahora inculpados tampoco son personas improvisadas o carentes de solvencia profesional.

La tragedia no es un incidente. No es un evento natural o casual. No. Es evidente que tampoco fue intencional. Es el colapso de una obra que ofrece un servicio público crítico. Hay víctimas y hay daños. También hay responsables que deben encarar la justicia por negligencia, error o impericia. Derecho a un juicio justo y una sentencia que sirva de precedente para que no vuelva a acontecer.

Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto