En estos días, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León —en plan del neoliberal desobediente— ha metido mano a sus fierros para ponerse a pelear. En efecto, retó a la 4T. Cito la cabeza de una nota de Reforma: propuso realizar ‘auditorías recíprocas‘.
El doctor Z se sintió muy listo y exigió que un auditor internacional independiente revise lo que él hizo mientras estuvo en el gobierno y también lo que han hecho las dos administraciones izquierdistas, esto es, la de Andrés Manuel López Obrador y la de Claudia Sheinbaum Pardo.
Con tales auditorías internacionales independientes, Zedillo pretende engañar a la gente. Así que no vale la pena ni siquiera plantearlas.
En el mejor de los casos, sería pérdida de tiempo realizar esas auditorías porque las obras del zedillato deben estar perfectamente ocultas no solo por el paso del tiempo —él fue presidente hace más de 30 años—, sino sobre todo por las toneladas de maquillaje contable con que las hermosearon tres gobiernos con los que Zedillo tuvo innegables relaciones políticas de complicidad, el de Vicente Fox, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto.
Bíblicamente Zedillo, Fox, Calderón y EPN aplicaron aquello de ‘tapaos los unos a los otros’, y no hay posibilidad alguna de investigar lo que ocurrió en el sexenio 1994-2000.
Sugiero otras auditorías, más útiles para la opinión pública mexicana: que investigadores financieros, inclusive forenses, de prestigio mundial auditen los patrimonios de Zedillo y sus hijos, y al mismo tiempo que auditen los patrimonios de Claudia Sheinbaum, su hijo y su hija.
La idea es muy sencilla: comparar lo que tienen con los salarios que han recibido en sus vidas profesionales, de tal modo de determinar si los patrimonios corresponden a sus ingresos legales.
Ernesto Zedillo ha sido funcionario público, profesor universitario y colaborador de empresas multinacionales —a una de ellas la benefició con privatizaciones durante su sexenio—; Claudia ha sido académica, funcionaria en distintos niveles del gobierno y nada más.
Se sabe que Zedillo y su familia viven en la opulencia. Uno de sus hijos ha sido denunciado por la actriz Erika Buenfil, quien varias veces ha declarado tener mucho miedo de perder a su hijo por el poder económico de Ernesto Zedillo Jr. La casa de Ernesto Jr. en la calle Agua/Avenida de las Fuentes de la colonia Jardines del Pedregal en la Ciudad de México no la tiene ni Donald Trump en Mar-a-Lago.
¿De dónde los Zedillo obtuvieron la riqueza que les ha llevado a protagonizar escándalos propios de potentados del jet set? Diría Pancho González, el dueño de Milenio, sacristán que tiene cera y no tiene cerería, de dónde la va a sacar si no es de la sacristía. La única explicación a la riqueza de la familia Zedillo es la corrupción, agravada si buena parte de los recursos familiares se obtuvieron de empresas extranjeras beneficiadas por las privatizaciones zedillistas.
Sería una burla que se justificara la riqueza de los Zedillo argumentando que los hijos del expresidente son empresarios. En este caso, sería bueno conocer sus empresas y cómo las han financiado.
De Claudia Sheinbaum se sabe que posee alguna vivienda bastante modesta y poco más. El hijo y la hija de la presidenta viven también, con sencillez, la vida de la gente dedicada a la academia y al arte: son gente de trabajo. Se trata de patrimonios absolutamente congruentes con los ingresos que han tenido en los ambientes en los que han trabajado.
Para la realización de las auditorías, el expresidente Zedillo y la presidenta Sheinbaum tendrían que permitir a los auditores internacionales, forenses algunos de ellos, que revisaran sus historias financieras, laborales, empresariales, fiscales, etcétera. Por supuesto, Zedillo no lo hará para no quedar, él y su familia, como inexplicablemente enriquecidos.
¿Inexplicablemente? La verdad de las cosas es que si hay algo explicable en el sector público es el enriquecimiento de los políticos, siempre la consecuencia de su corrupción en complicidad con empresarios mexicanos, pero en el caso de Zedillo todavía más inmoral por haber entregado bienes de la nación a compañías extranjeras.