Victoria Rodríguez, primera mujer gobernadora del Banco de México desde que fue fundado en 1925, asumió el cargo con grandes cuestionamientos sobre si en su gestión se respetaría la autonomía del banco central, por considerarse que mantenía una relación de subordinación difícil de romper con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el presidente de la República. Al usurpar una función que no le corresponde, y anunciar anticipadamente la decisión más importante de política monetaria de la autoridad financiera central de nuestro país, AMLO vulneró su autonomía. Además, fue una forma de minarle el camino a la gobernadora, que ya iba ganándose la confianza y credibilidad de los inversionistas nacionales y extranjeros. Revivió, así, las dudas sobre el sometimiento de la gobernadora a sus designios y voluntad política, y comprometió la institucionalidad, rectoría e independencia del banco central, que son pilares indispensables para mantener la estabilidad financiera y económica del país.

Al Banco de México le corresponde conducir la política monetaria de forma autónoma y tiene como mandato constitucional procurar la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda. Es claro, entonces, que ninguna otra instancia de los poderes de la Unión debe de prevalecer, de manera alguna, en el proceso de conducción de esa política. El anuncio del presidente López Obrador del aumento de 0.50% a la tasa de interés interbancaria del banco central, fuera de tiempo y forma, como una filtración de información confidencial, fue una vulneración a la conducción autónoma que es potestad de Banco de México, y pudo haber puesto en entredicho la operación transparente y ordenada de los mercados financieros del país. Fue una invasión a una facultad exclusiva que solo le compete a Victoria Rodríguez y a la Junta de Gobierno ejercer, a través de comunicados oficiales.

Hay ya de por sí bastantes variables en la administración de López Obrador que han afectado la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, como para que ahora agregue otro factor de incertidumbre, sobre la legalidad del funcionamiento financiero en el país. Si bien es cierto que es práctica común que los presidentes en México y en el mundo sean informados de las decisiones de los bancos centrales, es inaceptable que el presidente haya trasgredido el marco normativo, en detrimento de su gestión autónoma.

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Es a los financieros y especialistas de la materia en el banco central a quienes les corresponde, de principio a fin, “calibrar” las variaciones en la tasa de referencia del banco central, como instrumento fundamental de política monetaria, para conseguir los objetivos de control inflacionario. La intervención del presidente en el proceso solo lo contamina y le resta efectividad. El aumento de precios es quizás la variable que más afecta al bienestar de la gente. Es inadmisible que el presidente deje entrever que es un participante activo, y que intereses políticos pudieran filtrarse en el manejo y dirección del mercado de dinero en el país.

Aunque López Obrador se haya disculpado en la inauguración de la 85 Convención Bancaria por esta interferencia, quedan sembradas ya muchas dudas sobre su respeto a Victoria Rodríguez, y a la autonomía del Banco de México. La Constitución prevé una clara separación entre los órganos constitucionales autónomos y el Titular del Ejecutivo Federal. De estos equilibrios depende la estabilidad del país, sin la cual no podrá alcanzarse el desarrollo y bienestar que son urgentes en México.