Los ciclos de gobierno son inevitables. De la esperanza arrolladora que lleva a pensar como si el sexenio fuera eterno, se transita a la exasperación por el apremio del tiempo para un buen cierre; tampoco el dinero alcanza, pero eso se resuelve a partir de las prioridades que privilegian ciertos rubros, mientras otros pasan a la draconiana marginalidad presupuestal. La discrecionalidad en la asignación de los dineros es lo deseable para quien concluye. Acapulco bien vale una misa.

Indispensable lectura el texto reciente “Cartucho encendido” de Carlos Urzúa, en Nexos. Se diseñó el presupuesto de cierre con el objetivo de ganar la elección. No importó que no cuadraran egresos e ingresos. Se rompió con el compromiso de no generar deuda, y se hereda una situación financiera insostenible para el nuevo gobierno. El obligado equilibrio será costoso e impopular. Se recauda poco, se gasta mal y, con la actual estructura de los ingresos, se dejan compromisos financieros insostenibles.

Las obras emblemáticas del sexenio acentuaron los desequilibrios de la inversión pública. Mientras se abandona el mantenimiento carretero, de la infraestructura inmobiliaria, de escuelas, centros de salud y otros, el Tren Maya incrementa en 175% su costo; se estimó en poco menos de 187 mil millones de pesos y por lo pronto va en 514 mil. En la refinaría Dos Bocas se optó porque el mismo gobierno hiciera la obra para reducir costo y tiempos en operación que habían estimado particulares concursantes; la operación se ha pospuesto una y otra vez y la inversión pasó de 190 mil millones a 308 mil. La responsable del fiasco, Rocío Nahle es flamante candidata a gobernadora de Veracruz.

Aunque López Obrador presume que no hay límite en los recursos para la reconstrucción de Acapulco, no es tal. No existe dinero disponible que de alguna parte se tendría que obtener. El presupuesto de 2024 de por sí tuvo que recurrir a un monto histórico de deuda para fondearlo. El presidente requiere mucho más que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial Federal; desde ahora es evidente que no habrá dinero suficiente y que la reconstrucción tendrá que ser solventada mayormente por los afectados y que el puerto acuse por varios años la herida de la devastación.

Para matizar los excesos de los aduladores del compromiso social de la 4T, la atención se deberá centrar en el gasto público en educación y salud; sobre todo en los resultados. Las transferencias monetarias a la población no resuelven ni mitigan si la educación pública sufre un severo deterioro y el sistema social de salud es devastado como ha ocurrido. El clientelismo electoral no es infalible en tales condiciones y la desigualdad social será la herencia de quien ganó en nombre de los pobres.

En materia de seguridad también ha habido ajustes. Las detenciones de criminales relevantes son una modificación a aquello de abrazos no balazos. Suceden después del encuentro presidencial con Joe Biden, y es inevitable la conjetura de que es parte de un compromiso. Queda de relieve que la voluntad presidencial para combatir al crimen cuenta y hace diferencia. Es posible, por el avance del crimen organizado, que el ajuste sea inaceptable porque los criminales no quieren pagar cuota alguna para seguir en la ruta de su expansión; la nueva circunstancia de detenciones emblemáticas dará origen a mayor violencia y enfrentamiento con las autoridades, justo lo que el presidente pretendió evitar con su permisiva y complaciente política ante el crimen organizado.

Uno de los ajustes más relevantes tiene que ver con el bastón de mando. El objetivo inicial era empoderar a la candidata presidencial y que ella resolviera los dilemas propios de la contienda. La selección de candidatos, particularmente la de jefe de gobierno de la Ciudad de México tuvo que ser corregida, quizás con razones supervinientes que la misma candidata aceptó, pero modificó su plan. El presidente no resiste mantenerse en los márgenes del proceso electoral e inevitablemente continuará involucrándose a pesar de las consecuencias negativas hacia su propia causa, a la de su gobierno y a la de la elección. Por lo pronto, se aleja del horizonte el objetivo de la mayoría calificada y así hacer realidad su anhelo de militarizar a la seguridad pública y acabar con la pluralidad en el Congreso, con la autonomía del INE e independencia de la Suprema Corte de Justicia.