El escritor y empresario Héctor Aguilar Camín no trafica con facturas falsas ni recurre a otras trampas para evadir impuestos. Estoy convencido de ello. ¿Por qué, entonces, apoya en su columna periodística a quienes sí cometan tales delitos? ¿Será que me equivoco al pensar que él es un honesto empresario de la comunicación?

No entiendo por qué el director de la revista Nexos dijo en Milenio que “no puede sino celebrarse el fallo de los ministros de la corte limitando el uso de la prisión preventiva oficiosa para delitos supuestos de defraudación fiscal, contrabando y emisión de facturas falsas”.

En la práctica, Aguilar Camín debería saberlo, el poder judicial no está “limitando”, sino anulando el único castigo, la cárcel, que puede convencer de ya no cometer más delitos a quienes han robado a la nación comerciando con facturas falsas y defraudando al fisco de otras maneras.

El propio Aguilar Camín admite que los mencionados “son delitos graves y punibles”, pero no le parece que atenten contra la seguridad nacional, por lo que “no son dignos de prisión preventiva oficiosa”.

¿No atenta contra la seguridad nacional el fraude fiscal? Si fuese un delito que cometieran unas pocas empresas, tendrían razón Aguilar Camín y los ministros y las ministras de la SCJN que votaron contra la prisión preventiva oficiosa para castigar tal ilegalidad.

Pero, como dice hoy mismo Luis Miguel González en El Economista, en 2020 había en México 8 mil 200 empresas factureras que generaban al Estado mexicano “un quebranto superior a los 400 mil millones de pesos”.

¿No cree Aguilar Camín que tanto dinero robado al Estado es un atentado contra la seguridad nacional?

Resulta difícil comprender por qué algunos ministros y algunas ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para combatir el delito que más daña a la nación. El más perjudicial, sí, ya que 400 mil millones de pesos es muchísimo dinero, algo así como el doble del presupuesto de la Ciudad de México.

Creo que los ministros y las ministras de la corte suprema no analizaron correctamente las cosas. Aguilar Camín tampoco ha sido sensato en sus opiniones. Aprueban algo tan dañino para todo el país porque el odio les impide reflexionar con objetividad. Acostumbrada la corte y acostumbrado el escritor a que se les apapache desde el poder ejecutivo, no han digerido el hecho de que un presidente les critique. Detestan a Andrés Manuel porque este se atreve a expresar en público sus desacuerdos con el famoso escritor y con juristas tan eminentes. Entonces, todo lo que parezca o sea dañino para el actual gobernante de México, será un motivo de fiesta para en el poder judicial y en las oficinas de Nexos y de otros medios de comunicación.

El problema, sin embargo, va mucho más allá de vanidades vulgares, ya que entregar a las empresas factureras argumentos legales para continuar robando a México sin que sus directivos y accionistas reciban castigos severos, no solo perjudica al proyecto político de AMLO, sino a toda la sociedad.

Las personas y consultoras especializadas en asuntos fiscales, antes de la decisión de la corte suprema, por miedo a ir a la cárcel, ya no recomendaban sus clientes estrategias para pagar menos impuestos recurriendo a ilegalidades. Ayer, después de que ministros y ministras les redujeron el riesgo de ser castigados como lo merecen, volvieron a ofrecer sus servicios para defraudar al Estado mexicano. Ello a Aguilar Camín y a quienes encabezan el poder judicial les tiene sin cuidado: no buscan el bienestar de México, sino nada más que AMLO pierda batallas..., y si pierde México, les da igual.