La historia se hace minuto a minuto y día a día en el marco de la acción, y se le conoce mejor con el paso del tiempo.

Las 20 iniciativas de reforma a la Constitución enviadas por el presidente López Obrador al Congreso el pasado 5 de febrero ya son parte de la historia activa.

Habrá que analizarlas en relación con sus causas, propósitos, contenidos e implicaciones para contar con una mejor interpretación de sus méritos, deméritos y escenarios de viabilidad.

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Por ahora hay que hacer notar que se trata de un paquete de reformas que hallan como causa el diagnóstico e ideario que el presidente y Morena han venido proponiendo y argumentando desde hace años, aunque de forma un tanto insuficiente.

Tanto en materia de pensiones, vivienda o pueblos indígenas como de órganos autónomos, el tema electoral o el judicial se puede afirmar que el presidente está mostrando coherencia con los postulados que impulsan la Cuarta Transformación (4T) y, por ende, su estrategia política y jurídica con fuerte sentido social y popular. En este sentido, su coherencia es aplaudible.

Al mismo tiempo, es claro que durante el proceso legislativo, cualesquiera que sean sus resultados, la argumentación que las justifica tendrá que ser enriquecida, lo que podría ofrecer más elementos para negociar en lo posible con la oposición.

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Así, por ejemplo, en las propuestas se observa una justificación que se pretende aplicar de manera común o indistinta para sustentar la eliminación o reconducción de los órganos autónomos, basada sobre todo en la denuncia de su creación neoliberal o su costo elevado, por lo que suprimirlos no reconvertirlos podría abonar a la política social en favor de las mayorías desprotegidas.

Aquí parece indispensable ampliar y profundizar, por ejemplo, en el lenguaje de los derechos y las ventajas de esa reconversión para especificar en qué sentido se expanden o cualifican o por qué si se fortalece o no se disminuye la garantía del acceso a la información pública o la protección de datos personales al suprimir al INAI y redirigir sus funciones a las contralorías y otras instituciones.

El mismo ejercicio cabe realizar para el caso de los organismos reguladores de hidrocarburos, energía y telecomunicaciones con el fin de entender que los derechos económicos y sociales y hasta culturales –vía la digitalización– individuales y colectivos se verán beneficiados en cierto grado.

Otro tanto se observa en relación con el traspaso de las funciones de Coneval y el MEJOREDU al INEGI o alguna otra instancia, más allá del principio de austeridad republicana.

En el tema electoral y del poder judicial hay campo para más  argumentación y evidencia empírica, por ejemplo, en el tema de suprimir las plurinominales –lo que reduciría el pluralismo–, elegir popularmente las magistraturas –lo que podría disminuir y no aumentar la integridad del poder judicial– o separar y modificar las instancias de administración de la judicatura con respecto a la SCJN –una garantía de equilibrio interno que debe ser muy bien examinada para limitar la captura cruzada y arbitrariedad posibles de los jueces-.

En el ámbito de las pensiones y otros beneficios sociales, descontada su notoria progresividad en favor de grupos afectados por reformas previas, incluso previas a 2011, año de la gran reforma constitucional en favor de los derechos humanos, habría que ponderar con mayor detalle las correlativas fuentes de su financiamiento y así aminorar al máximo el “riesgo invertido” para las generaciones jóvenes que podrían padecer un colapso económico en el futuro.

En breve, es claro que el presidente cuenta con las atribuciones constitucionales de iniciativa legislativa, la ha ejercido durante el periodo intercampañas para irrumpir en el escenario político y fijar en parte la agenda de la discusión pública, y que si no logra la aprobación de esas iniciativas antes del mes de septiembre, apuesta a obtener en las elecciones de junio las mayorías legislativas suficientes para conseguir esa aprobación en septiembre-octubre, precisamente con las nuevas legislaturas ya instaladas y antes de que concluya su propio mandato. Hay que admitir que se trata de un movimiento de ajedrez político magistral. Veremos con qué movimiento responden los opositores del otro lado del tablero.

En última instancia, si Morena y aliados ganan en junio esas mayorías suficientes el proceso de la 4T –como proceso y proyecto– se intensificará y creará mejores condiciones para continuar después de octubre, cuando rinda protesta del cargo la nueva presidenta de la República.

Lo que resulta entendible pero inútil es la descalificación simple y llana de las iniciativas bajo el argumento de su propósito electoral para transexenalizar la política lopezobradorista o instalar una nueva hegemonía partidaria de largo plazo tipo PRI, ubicada en el pasado remoto. Se trata de un enunciado muy genérico y dudoso dada la actual composición de la estructura social mexicana y los balances internacionales.

Más bien, hay que considerar una a una y en sus relaciones el conjunto de las iniciativas, detectar sus fortalezas y debilidades, desvirtuar las que sean insostenibles conforme con un marco de referencia pertinente y argumentarlas debidamente para votar a favor o en contra.

Hasta el propio autor de las iniciativas, el titular del poder ejecutivo federal está consciente, y así lo ha expresado, que nada está seguro en ningún sentido.

Lo único de lo que tenemos certeza es que estamos involucrados en un proceso político y social complejo e impredecible, que es sano someter aquel tipo de propuestas mayúsculas a la deliberación y el voto democrático, y que no perdamos de vista que, en cualquier sentido que se opine o vote, estamos haciendo historia.