México.- El equipo de defensa legal de Rosario Robles informó que interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el criterio empleado por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para dictar la medida de prisión preventiva justificada a su defendida.
En un comunicado, el bufete "Hernández Barros" informó que se encuentra en trámite un recurso en contra de la reclusión de su representada, por considerar que la resolución fue "parcial" e "ilegal", y que no tomó en cuenta distintos ordenamientos que especifican los casos en los que se aplica la prisión preventiva.

De acuerdo con los abogados de Robles Berlanga, el juez de control no se apegó a lo establecido ni en la Constitución, ni en los Tratados Internacionales ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
"Confiamos en el Poder Judicial y estamos convencidos de que en su seno se difiere del criterio aislado e ilegal del juez de control, por lo que ya trabajamos en los recursos para que nuestra representada pueda enfrentar su proceso en libertad".
Julio Hernández Barrón. Abogado de Rosario Robles.
La defensa insistió en que el delito del que se le acusa a la exfuncionaria federal, ejercicio indebido del servicio público, no está contemplado dentro de aquellos considerados como graves, por lo que bajo ningún motivo debió de haber procedido la medida de prisión preventiva.
Los representantes también señalaron a Delgadillo Padierna de realizar comentarios despectivos, de género y ofensivos en contra de su clienta, por lo que confirmaron la presentación de una queja formal y aseguraron que demostrarán su inocencia.
La vinculación a proceso de Rosario Robles
Rosario Robles fue vinculada a proceso la mañana del martes 13 de agosto por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) la imputó por su displicencia ante desvíos superiores a los 5 mil millones de pesos conforme al esquema denominado como "estafa maestra", donde la Sedetu y Sedesol simularon contratos con universidades públicas para servicios que jamás se realizaron.
Pese a que el delito de "ejercicio indebido del servicio público" no amerita la medida cautelar de prisión preventiva, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna impuso dicha consideración ante el temor de un "riesgo de fuga" por parte de la exfuncionaria.