México.- Dulce María Sauri Riancho, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pronunció a favor de la orden de aprehensión que se giró en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

La priista dijo que si bien la orden de aprehensión se gira 14 años después, es positivo para la justicia mexicana porque el exgbernador está obligado a responder por sus actos sobre todo cuando implica la violación de derechos humanos, narra Capital México.

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La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recalcó que todos los militantes del partido deben hacerse responsables de sus acciones; al ser cuestionada sobre la necesidad de un pronunciamiento del tricolor sobre el procedimiento judicial o el deslinde del exgobernador Marín Torres, la diputada refirió que la respuesta corresponde a la dirigencia nacional que encabeza Claudia Ruiz Massieu.

Orden de aprehensión versus Mario Marín

Un juez federal giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, así como contra el empresario Kamel Nacif, por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho el pasado 11 de abril después de 14 años de buscar justicia ante tribunales.

En 2005, Nacif demandó a la periodista por “daño moral” por los testimonios que publicó referentes a él en su libro Los demonios del Edén: El poder detrás de la pornografía, además de haber sido torturada y violentada por autoridades debido a a su labor periodística al denunciar las redes de pederastia y prostitución en las que se encontraban involucrados empresarios y políticos mexicanos.

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Lydia Cacho se pronunció sobre la detención arbitraria tras la denuncia de una red de pornografía infantil y lavado de dinero que involucra a 19 funcionarios públicos y empresarios internacionales en el libro que publicó en 2005.

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En un video que compartió en su cuenta de Twitter, se negó a ser una víctima y alertó que el reconocimiento del Estado sobre el riesgo que corre su persona como periodista profesional, sólo pone en evidencia la falta de mecanismos de protección para quienes denuncian los mismos delitos sin contar con el perfil del cual ella dispone.