México.- Autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) están demandadas en Estados Unidos por profesores y especialistas de la Universidad de Harvard y del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Las acusan de violación a derechos de autor, plagio y robo de propiedad intelectual. Querella que se sumará a la que ya cuenta en México por incumplimiento de contrato por 14.5 millones de pesos aunque el total del contrato era de 58 millones de pesos. 

Así lo dio a conocer Israel Reyes Gómez, quien pertenece a ese equipo multidisciplinario de profesores y especialistas, y quien detalló que los demandados son Mario Alberto Rodríguez Casas, director General del IPN; Luis Alfonso Villa Vargas, director de Extensión e Integración Social; y Héctor Leoncio Martínez Castuera, secretario General del IPN.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, comentó que la demanda se basa en que el IPN en conjunto con académicos de las universidades norteamericanas en las que colabora, brindaron un servicio al Instituto Nacional Electoral (INE)… Sus aportaciones fueron utilizadas sin autorización y no recibieron los pagos acordados.  

Precisó que la institución educativa los contrató en común acuerdo con el INE, con el propósito de contribuir a garantizar la continuidad de las operaciones del proceso electoral mediante el diseño de estrategias de atención a riesgos y crisis. 

Reyes Gómez relató que tras reuniones en noviembre del 2017 al mes de febrero del 2018 para trazar una programación y que el grupo de profesores y especialistas desarrollará, Rodríguez Casas en calidad de director general del IPN decidió concluir de manera abrupta, unilateral y arbitraria con el contrato. 

Señaló que el tiempo no era el suficiente para cumplir adecuadamente los términos que estaban señalados en el convenio que el mismo signó. No obstante, el IPN ya había recibido distintos trabajos desarrollados por los especialistas, los cuáles a su vez fueron entregados al INE. 

El especialista indicó que la demanda se presentó ante las autoridades judiciales mexicanas y se reclama el pago de más de 14.5 millones de pesos aunque el total del contrato era de 58 millones de pesos.