México.- Artículo 19 presentó este martes su informe anual 2017 sobre la situación de la prensa en México, en la cual hace un llamado al gobierno “para garantizar el libre ejercicio periodístico”.

La organización señaló que desde el inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto cada año la violencia se ha incrementado, hasta el momento se registran 1,986 agresiones a periodistas.

El informe “Democracia simulada. Nada que aplaudir” indica que la violencia pasó de concentrarse en algunos estados a ser generalizada en México, pese a que hace seis años se promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En 2017 Artículo 19 registró 507 agresiones a periodistas entre las que se incluyen 12 asesinatos y una desaparición forzada, “colocando a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina”.

De acuerdo con la organización, las privaciones de la libertad aumentaron 2.5 veces en el sexenio actual con respecto al anterior y el promedio anual pasó de 17 en los últimos cuatro años del sexenio de Felipe Calderón a 44 en el sexenio de Peña Nieto.

Además se documentaron 20 casos de periodistas desplazados de manera forzada debido a agresiones relacionadas con su labor periodística, 11 de los cuales ocurrieron durante 2017.

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El informe muestra que los periodistas que cubren la fuente de seguridad y justicia no dejan de ser una cobertura de riesgo, sobre todo en Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Baja California Sur y Guerrero.

Aunque en los últimos años, la fuente de corrupción y política también se ha relacionado con las agresiones a la prensa mexicana, siendo la Ciudad de México el lugar donde más se agrede a periodistas que cubren dicha temática.

El documento también refiere que pese al discurso oficial en el cual se responsabiliza al crimen organizado por la violencia contra la prensa, de las 1,986 agresiones ocurridas durante los últimos cinco años, el 8 por ciento de estas fueron presuntamente cometidas por integrantes del crimen organizado y 48 por ciento por funcionarios públicos. 

“En ningún año de los documentados, las agresiones por funcionarios públicos han sido rebasadas por las de algún otro grupo, sujeto o tipo de perpetrador”, subrayó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 México y Centroamérica.

La violencia también ha migrado al mundo digital, pues desde 2013 se han registrado ataques a portales, amenazas, clonaciones de cuentas y campañas de desprestigio en línea, los cuales representaron apenas 3 por ciento de los casos documentados entonces.

En 2017 de las 507 agresiones documentadas, el 19 por ciento sucedieron en internet, sin embargo desde 2014, el 47.8 por ciento de las agresiones fueron a medios digitales, superando a las de medios impresos que registraron 20.8 por ciento, tendencia que se ha mantenido durante los tres siguientes años. 

El informe dedicó un capítulo al estudio e investigación de la publicidad oficial como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, así como de herramienta de censura sutil a los medios de comunicación, donde algunos de los mecanismos son estructurales como la publicidad oficial, la concentración de medios en pocas manos y las leyes mordaza. 

En México, el presupuesto en materia de publicidad oficial se ejerce sin control y se usa para la promoción personalizada de funcionarios y gobernantes, derivando en un gasto superior al presupuestado en publicidad oficial, mismo que excede en el orden federal casi el 200 por ciento.

Las cifras sobre erogaciones de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP) indican que el gobierno peñista ha gastado desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017, más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial y ha rebasado en 71 por ciento del gasto presupuestado. 

La organización recomienda que la ley prohiba esta práctica y la limite a un máximo del 10 por ciento del gasto presupuestado, “es trascendental que se considere la creación o integración de algún ente regulador de la publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación”. 

Con respecto a las agresiones a los periodistas, Artículo 19 urgió a los actores políticos a implementar una agenda mínima que erradique la impunidad y proteja al periodista, así como la creación de una Fiscalía General de la República para garantiza investigaciones objetivas, imparciales y exhaustivas de las agresiones contra la libertad de expresión.