Ciudad de México.- Después de un recorrido por México de sur a norte, para documentar la realidad de este primer cuarto de siglo en el que conviven democracia y barbarie a la par, al final del camino está la oficina del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, en el penthouse de un edificio de la colonia Juárez, desde donde no se alcanza a ver por completo el paisaje nacional, aunque se trata de entenderlo a diario, dice el funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. 

En la entrevista, se repasan también algunos casos concretos documentados en esta serie, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías en Monterrey, la tortura y muerte de José Humberto Márquez Compeán, por parte de la Marina, el conflicto del 2006 en Oaxaca, así como la masacre de Nochixtlán y el caso aún impune de Emeterio Marino Cruz.

Primero Campa explica que la transición en México de un partido hegemónico como el PRI a una alternancia se da en el año 2000 cuando gana la elección un candidato distinto: Vicente Fox. Para el ex legislador, entre 2000 y 2006 los temas de seguridad se mantienen más o menos estables. México tenía un poco menos de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes que es la frontera de violencia que determina la Organización Mundial de la Salud.

“Sin embargo –explica el subsecretario- en el 2006 lo que tenemos es un brinco brutal, una explosión de violencia en el país. Prácticamente se duplican los homicidios. México pasa de alrededor de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes a 22-23. Y en esta medida también se multiplican exponencialmente otros delitos y violaciones a derechos humanos”. 

Campa refiere que en el informe titulado “Crímenes Atroces”, de Open Society, se recogen 52 casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos en México. “De los 52, solo 8 corresponden a esta administración. Son casos muy relevantes también, pero 27 de ellos corresponden básicamente a dos años: 2010-2011, que son los años de mayor violencia en el país. Todos los indicadores, las cifras, así lo indican. Y son los años también donde suceden el mayor número de eventos emblemáticos de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué sucede esto? Me parece que es importante tratar de responderlo. 

- ¿Qué detonó esa explosión de violencia que usted identifica en 2006? 

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- Hay algunas investigaciones que se han hecho. Una importante es la que ha hecho El Colegio de México que vincula esta situación estructural con la transición en nuestro país. El régimen anterior tenía mucho más control sobre los gobiernos locales, estatales y municipales, con una presencia sin necesidad de estar físicamente ahí, con esquemas políticos de control. La transición implicó la ruptura de muchos de estos esquemas, de muchos de estos controles, y en consecuencia la posibilidad e que estos grupos pudieran ponerse de acuerdo con una policía municipal y no hubiera nadie que evitara esto. Yo creo que hay, según los estudios que se han presentado, tanto razones estructurales que tienen que ver con la droga, con el incremento brutal del consumo en Estados Unidos, con los cambios de los patrones de consumo de unas drogas a otras, este esquema que cada vez más se paga con droga que se queda aquí y también corrompe a las estructuras de autoridad. Me parece que la transición política también implicó facilidades y me parece que eso explica esa situación.

“VIVIMOS EN LA REGIÓN MÁS VIOLENTA DEL MUNDO”

- En el siglo pasado México vivió prácticamente un régimen de partido único. En el 2006 se consolida o se esboza una democracia representativa que es lo que tenemos en este prime cuarto de siglo. Es innegable que hay más libertad de expresión, más libertad de manifestación, libertad empresarial... Hay mayores libertades civiles que en el siglo pasado, pero a la par de eso también hay una mayor barbarie: hay mayor libertad de informar, pero hay más periodistas asesinados, hay mayor libertad empresarial, pero hay más extorsiones. ¿Cómo entender que un país que entró ya a una fase democrática, después de pasar de un régimen de partido único, tenga este retroceso en lo humano? En esta democracia mexicana hay más desaparecidas que en algunas dictaduras puras y duras del siglo pasado en América Latina. ¿Cómo explicar esa contradicción?

- Esto sólo se puede explicar entendiendo la violencia que ha generado las drogas en nuestro país en los últimos años. Ciertamente la transición democrática significó la ruptura de cadenas de control, de esquemas, que tenía un régimen mucho más fuerte y creo que esto también explica porque estos fenómenos locales están vinculados siempre con realidades locales, pero el otro hecho es el incremento de consumo de droga en los Estados Unidos, el fenómeno de cómo el presidente Bill Clinton consigue restricciones a la venta de armas que rompen los grandes intereses de las armas en Estados Unidos y cómo hoy cualquier persona puede adquirir armas que son específicamente para una batalla. 

Me parece que es un fenómeno multicausal, multifactorial, no se puede explicar a partir de un sólo hecho, sino a partir de su complejidad. Vivimos en la región más violenta del mundo. Mientras que Europa tiene estadísticas de un homicidio por cada 100 mil habitantes por año, aquí los países frontera con México, Guatemala, Honduras, Salvador, están por arriba de los 100. Es la región más violenta del mundo. En Colombia han mejorado pero han pasado de casi 40 a veintitantos, casi treinta. Yo creo que todo este hecho se explica en el continente de las drogas, de la desigualdad, de la falta de oportunidades para los jóvenes. 

El fenómeno, por ejemplo, de los desaparecidos, al que tú hacías referencia, estaba vinculado prácticamente al Estado, a un estado que como política desapareció a grupos importantísimos. Me parece que la realidad en México tiene que explicarse de manera distinta. No puede ignorarse la participación de la policía, pero nadie puede, me parece, decir que las desapariciones obedecen a una orden superior, o a un patrón del estado. Me parece que las desapariciones le hacen a nuestra sociedad un daño terrible. El dolor de las familias de los desaparecidos es tan grande que termina afectado no sólo a las personas que los rodean sino a comunidades enteras. Algunos de los hechos de desaparición de nuestro país han hecho un daño extraordinario en la base misma de la sociedad.

- En una dictadura es el estado el que determina una política de desapariciones, pero en una democracia hay un grupo de criminales que determina esto, sin embargo, en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es innegable que son policías municipales, agentes del estado, los que detienen a estos jóvenes de los que hoy en día no se sabe nada. ¿Cómo entender esto? Porque ahí son agentes del estado .¿El Estado no tiene el control de todos los sectores de gobierno o cómo se explica esto?

- Hay diferencias entre el informe que presentó el grupo de expertos independiente, los cinco expertos que integraron el GIEI, y la versión oficial en la que ha venido trabajando el ministerio público federal presentando los casos ante los jueces. Pero hay algunas cosas en las que no hay diferencias. Me parece que un elemento fundamental en donde hay coincidencia es sobre quiénes son los perpetradores en la desaparición de Ayotzinapa. El primer informe que presentaron los expertos y el segundo informe coinciden en que los perpetradores de Ayotzinapa son los que están hoy sujetos a proceso: la policía de Iguala y de Cocula. El segundo informe apunta hacia otras policías, fundamentalmente Huitzuco.

- ¿Pero esas policías son o no parte del Estado?

- Son cuerpos de policías municipales penetrados por el crimen organizado. El presidente municipal de Iguala -conviene recordar que los expertos de la Interamericana incluyeron en su primer informe la estadística de cómo se comportaron las desapariciones durante los años de ese presidente municipal (hoy sujeto a proceso) durante los dos años que estuvo como alcalde se dispararon las desapariciones en Iguala por eso los expertos incluyen ese cuadro en el informe. Y lo dice claramente porque lo que no quieren es generar impunidad en personas que estaban directamente involucradas -es candidato y presidente de un partido distinto al del gobierno federal, con vínculos con algunos de los personajes emblemáticos de la oposición en nuestro país. Nadie puede decir que ese presidente municipal tenía una relación con el gobierno federal, o con personajes del gobierno federal. Es una persona de la izquierda, vinculada con los personajes más emblemáticos de la izquierda y de la oposición en el país, pero es un presidente municipal que, queda claro en el informe, trabaja para el crimen organizado. ¿Quiénes más son los perpetradores? Las cabezas, los capos, del crimen organizado que están también sujetos a proceso. En el caso de Ayotzinapa hay 130 personas que están puestos a disposición de los jueces. Claro que los expertos plantean la participación, por omisión -conviene decirlo-, de dos corporaciones y lo que dicen es “investíguese por qué no actuaron”: la policía federal y los miembros del 27 batallón. Los expertos de manera textual, explícita, dijeron que no había nada en el expediente que apuntara alguna responsabilidad directa hacia el gobierno federal. No hay un testimonio, una fotografía, un video, donde un elemento federal sea responsable de la detención de los jóvenes, que los haya privado de la vida. Claramente los testimonios de los sobrevivientes señalan a la policía municipal y al crimen organizado como los responsables. 

Lo que dicen los expertos es que “conviene investigar por qué ni la policía federal ni el ejército intervinieron”. Y entonces lo que dicen es que tienen control territorial porque tienen comunicación y probablemente arreglos con distintos niveles de las policías, de las corporaciones. Me parece que nadie, con los elementos de la investigación, seriamente puede plantear que se trata de un tema de estado, donde la voluntad del estado se vea en algún momento. Son ciertamente corporaciones locales.

- Es que ese es el punto. Los policías municipales y el alcalde son parte del Estado. ¿O el Estado no abarca a los gobiernos municipales?

Prácticamente en todos los países el consumo de drogas es ilegal, está penado y en algunos lugares con penas muy altas, sobre todo en países árabes incluso con pena de muerte. Esas drogas casi se pueden ver porque los consumidores pueden conseguirla con relativa facilidad. Y en esos lugares hay seguramente algunas corporaciones de la policía que están involucradas con esos grupos de narcotráficantes. La gente puede preguntarse ¿por qué las corporaciones que no están involucradas, como las policías federales y los ejércitos, no evitan que eso suceda? El tema de las drogas es un tema que implica enorme poder. Creo que puede plantearse una situación en donde una corporación tenga alguna responsabilidad en algún delito, pero no hay ningún elemento para suponer que las autoridades federales son responsables de la desaparición de los jóvenes. Ese es el poder corruptor que tienen estos poderosísimos grupos de criminales. 

Desafortunadamente en nuestro país -que ha sido un costo muy alto- esa situación generó un evento de barbarie, de violencia extrema, que ha implicado la desaparición de 43 jóvenes. Eso nos ha obligado a una investigación que tiene hoy a 130 personas sujetas a procesos. Además la disposición plena del gobierno federal que trabaja hoy con los padres y sus representantes para llevar la investigación hasta donde sea para dar con todos los responsables.

“ESTE GOBIERNO HA CAPTURADO DOS VECES AL CHAPO”

- Cuando ustedes llegan al gobierno en el 2012, hay un alto número de desaparecidos, personas asesinadas, cientos o miles de casos de tortura reportados, y hace un momento que usted explicaba esta explosión de violencia dio muchísimos elementos muy interesantes, pero creo que hay un elemento que es el factor político. En 2006 México comienza a vivir una crisis política. El candidato que perdió esa elección se negó a reconocer el triunfo de quién ganó durante todo el sexenio siguiente. Y esa crisis política quedó sepultada en la explosión de violencia y en la declaración pública de una guerra contra el narco. ¿Qué es lo que ustedes reciben? 

- Efectivamente hubo un análisis de fondo de lo que sucedió, sobre todo a partir del 2006. ¿Qué fue lo que sucedió?, ¿cuáles fueron las decisiones que se tomaron?, ¿cuáles fueron las consecuencias de estas decisiones? Entonces a partir de ello se diseña una estrategia distinta, una estrategia nueva, que ha arrojado algunos resultados que conviene rescatar, porque, aunque en el arranque de este año ha habido un incremento en la violencia, prácticamente una tercera parte los homicidios que sucedían en el país a principio del 2012 hoy no están sucediendo. Se redujo de 22 por cada 100 mil a 17 hasta finales de 2016. 

Una diferencia fundamental ha sido la manera en cómo se ha organizado el gobierno para enfrentar esta situación. No sólo ha sido el gobierno federal por sí mismo donde hubo cambios muy importantes, la Secretaría de Gobernación asumió las tareas de seguridad. Antes había dos secretarías y hoy solamente existe una secretaria que es un poco la coordinadora, la cabeza del resto de las dependencias del gobierno federal que están involucradas en este tema. ¿Qué tanta diferencia hay? Una diferencia enorme porque se hicieron públicos los enfrentamientos entre las oficinas del gobierno federal que participaban en esta tarea en los años anteriores. Hay infidencias de Wikileaks que dieron como resultado que el embajador de Estados Unidos se tuviera que ir. 

- ¿Se refiere al Ejército?

- Exactamente. Y cómo había enfrentamientos entre el ejército y la marina, la PGR, la policía federal. Un primer objetivo fue organizar al gobierno federal para enfrentar esta realidad, este reto extraordinario. Se reorganizó el gobierno federal y se fortalecieron las tareas de inteligencia. En buena medida los operativos contra del crimen organizado que se llevaron a cabo en los años anteriores se generaron a partir de información que vino de a fuera. También se hizo público cómo algunas agencias privilegiaban alguna corporación sobre otra. Eso generó también esos conflictos. La decisión que se tomó es que la información que venía de fuera entraba por una sola ventanilla. Hoy la mayoría de las detenciones que ha hecho el gobierno federal se dan con información que se genera en las instancias de inteligencia del propio gobierno.

- ¿Antes era inteligencia extranjera, estadounidense?, ¿ahora es inteligencia propia?

- Y además una inteligencia que decidía los tiempo y los objetivos a partir de otros criterios. Este gobierno ha capturado dos veces al Chapo Guzmán. Lo cual no pudo hacer el gobierno de Fox ni el siguiente, aunque lo intentó en todo momento. Los responsables de los crímenes de Allende están detenidos sin un sólo tiro, en muchos casos, a partir de labores de inteligencia. Hoy la enorme mayoría de estos capos del crimen organizado están siendo sometidos a proceso. Eso tiene que ver con una decisión de inteligencia que es relevante.

Luego, la decisión de cómo vincularse con los gobiernos locales. Un objetivo fue evitar que la seguridad fuese un instrumento de golpeteo político, de cuestionamiento a los gobiernos locales. Hoy se trabaja en un esquema de coordinación con los estados sin importar de qué color son. Y sin importar de qué color son lo que hacen es reclamar el apoyo del gobierno federal. Uno puede ver a las autoridades que están llegando en entidades como Tamaulipas, o que van a llegar como en Veracruz, en donde lo que están planteando es cómo el gobierno federal apoye en las tareas de seguridad. Entonces el objetivo de la estrategia fue garantizar que no hubiese ninguna intromisión de factores políticos, sino que fuesen sólo razones técnicas para enfrentar esta crisis y este reto extraordinario. 

También se tomó la decisión de trabajar desde el origen. Se trabajó, por ejemplo, para identificar dónde está el origen de la violencia en algunas comunidades. Se hizo un estudio de los adolescentes en conflicto con la ley. Jóvenes menores de 18 años que han cometido delitos graves: homicidas, secuestradores. Entonces se construyó un perfil de estos jóvenes. Hay elementos comunes: prácticamente nadie llegó a la secundaria, trabajaron como franeleros, albañiles, acomodadores de coches. Un porcentaje altísimo tiene como origen hogares monoparentales donde primó la violencia. Muchos de ellos fueron consumidores de alcohol y drogas. Pareciera que hay una parte de la violencia que pudiera resolverse enfrentando la impunidad con mejores policías y mejor justicia, pero también hay una parte de la violencia que tiene que enfrentarse dese el origen. Entonces se focalizaron territorios. Por ejemplo las colonias de origen de las personas que entran a la cárcel en los últimos años. A a partir de eso se ha venido, con un programa de prevención, trabajando con los padres, con los jóvenes, para evitar que se conviertan en carne de cañón para el crimen organizado. Me parece que son elementos de esta estrategia. El asunto no está resuelto. El reto tiene muchas ventajas para los delincuentes, pero si no lo hacemos de esta manera pues es mucho más difícil. 

Se ha buscado modificar la ley para terminar con tantas corporaciones de policías pequeñas en los municipios y tener policías agrupadas más fuertes en los estados. En algunos casos se ha conseguido a través de acuerdos y de convenios. No ha sido posible modificar las leyes para eliminar las policías pequeñas. Sigue habiendo todavía policías que se resisten a este esquema de coordinación y de mejor organización. Hay un esfuerzo importante en las cárceles para evitar que se opera el crimen desde ahí. Hay cosas que evidentemente no se han conseguido.

“LA MARINA NO ES INTOCABLE”

- En Monterrey, entre 2009 y 2012, fundamentalmente, la crisis de inseguridad era tal que la gente no salía por la noches. Una situación que no se había visto en una ciudad grande y además industrializada. En ese lapso hay testimonios que he recopilado, directos, ahora con la distancia, de policías que hablan de haber recibido la orden, incluso de sus superiores inmediatos, de asesinar narcotraficantes porque si los entregaban a las autoridades no iban a ser procesados y podían salir. También hablan de una tortura sistemática, incluso en dependencias oficiales. Esto es algo que he recopilado en testimonios para esta serie periodística, donde policías reconocen que lo hacían, en cierta forma, por el descontrol que había. ¿Qué visión tiene, como subsecretario de Derechos Humanos que se encarga de este tipo de casos, ante esta realidad? ¿Usted la tiene identificada o es algo que no se ha visto por parte de este gobierno? ¿Cómo entender eso?

- Nuevo León, y particularmente Monterrey, es una de las zonas donde la delincuencia tomó el control. Hubo un día, seguramente lo recuerdas, donde ocurrieron veintitantos bloqueos a la 1:00 de la tarde y no hubo ni un sólo detenido. La delincuencia, para evitar detenciones y otros operativos bloqueó de manera simultanea en veintitantos puntos la ciudad de Monterrey. Una ciudad industrial, emblemática, de un México que va hacia adelante generando oportunidades. Pero ciertamente vivió una situación extrema de crisis porque claramente se descuidaron cosas en una ciudad como Monterrey, sobre todo a los jóvenes de algunas regiones de manera muy importante. Hay, y ciertamente ha habido, quienes suponen que con una especie de limpieza se resuelven los problemas de violencia en una sociedad. Me parece que hay elementos clarísimos de que es un espejismo, que eso no resuelve los problemas de fondo, que incluso en la relación con los delincuentes hay reglas. Reglas que no están escritas pero que significan un respeto mínimo porque la autoridad ejerce el monopolio de la fuerza legítima, porque lo que pretende es que se respete la ley. Cuando la autoridad violenta la ley con el argumento de que tiene que protegerla lo que hace es pervertir a la sociedad y llevarla a la barbarie. Eso no resuelve, en definitiva, los problemas de una sociedad. Hay historias, algunas se han documentado, otras son verbales, hay estadísticas, que se prestan a la especulación, pero este gobierno, repito, está convencido de que así no se resuelven los problemas de violencia. Argumentando el cumplimiento de la ley no se puede violar la ley. 

Algunos de los fenómenos de violencia extrema que hemos vivido en algunos lugares del país se pueden explicar a partir de la ruptura de estos códigos elementales. Cuando el estado procede de esa manera lo que hace es escalar al gobierno. Y lo que tenemos son expresiones de barbarie brutales. Hay la convicción en este gobierno de que así no se resuelven las cosas.

- Es verdad que en este gobierno ha habido procesos contra militares involucrados en ejecuciones y en tortura. Hay hasta sentencias y un par de condenatorias, pero hay otros casos que tienen que ver con la Marina, que siguen en la impunidad. Para poner un caso concreto documentado en esta serie periodística: en 2010 un joven fue detenido por la policía municipal de Santa Catarina, se llama José Humberto Márquez. Es entregado a la marina. Los reporteros toman fotografías de la detención. Al día siguiente los reporteros tienen la mala suerte o buena suerte, no sé, depende de cómo se mire, de ver a la misma persona que un día antes habían retratado siendo detenida por la Marina muerta a tres calles de la base naval en Monterrey. Ese es un caso entre muchos. Y ese tiene la evidencia gráfica que es muy contundente. Tiene una recomendación de la CNDH al respecto, hablando de procesar a miembros de la Marina, pero hasta donde entiendo yo no ha habido sanciones contra miembros de la Marina. ¿Es intocable la Marina? 

- No tiene un manto de impunidad ninguna corporación que tenga que ver con los temas de seguridad. Hay un reconocimiento de la situación extrema en la que desarrollan sus funciones, sus tareas, y hay convicción de que hay que trabajar cada vez más para que incluso en esas condiciones no haya violación de derechos humanos, que se ejerza la fuerza legítima de manera proporcional, cumpliendo los protocolos de uso de la fuerza. 

Se dice fácil aquí conversando. Yo tengo oportunidad de conversarlo con distintas corporaciones, con la policía federal, con el ejército, con la Marina. También frente a investigaciones de la CNDH, frente a casos emblemáticos en el Sistema Internacional, que es en lo que trabajamos nosotros prácticamente todos los días. Hemos estado involucrados en todos los temas emblemáticos de los últimos años. Por cierto que los temas emblemáticos de los últimos años son más de la policía federal, que del ejército o la Marina. Porque todos estos casos a los que tú haz hecho referencia son anteriores al 2013. Y sabemos que el equilibrio, que la frontera que existe en el lugar de los hechos es muy compleja. Son enfrentamientos muy violentos con grupos capaces de cualquier cosa, pero hay el convencimiento, hay la instrucción del presidente de la República, la instrucción de los titulares del almirante, del gran secretario, a sus fuerzas para ser responsables con el uso de la fuerza. No está fácil con las condiciones que tenemos en nuestro país, pero hay que trabajar más con reglas. Confiamos tener pronto un marco legal del uso legítimo de la fuerza, en protocolos, en capacitación y al final en sanciones. Al final el elemento último es que alguien sepa que si se pasa va a ser sancionado. No será abandonado. Creo que es importante este equilibrio entre la voluntad y el compromiso de hacer que se respete la ley y la decisión de abandonar alguno de los elementos que están siempre en una frontera que es sumamente compleja. 

Lo que puedo decir claro es que la instrucción del comandante supremo de las fuerzas armadas, que en este país es el presidente de la República, es para ser eficaces, para atender su responsabilidad pero respetando la ley y los derechos humanos.

DE TLATELOLCO A NOCHIXTLÁN

- Hablaba sobre la policía federal, que no la hemos mencionado todavía. Precisamente hay un caso emblemático, reciente, que es la masacre del 19 de junio en Nochixtlán. Estamos a nada de un aniversario más de la masacre de Tlatelolco y uno ve cómo en el siglo pasado -volviendo a estas analogías- en un régimen duro, como lo era el del partido único, quedó marcado por esta masacre, pero en estos años de democracia tenemos la masacre de Nochixtlán, la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, la matanza de San Fernando. Pareciera que tenemos una masacre de Tlatelolco cada año, cada seis meses. ¿Cómo entender la dimensión de esta realidad nueva y el papel del estado? 

- Nochixtlán es un poblado que está exactamente en el cruce de caminos muy importantes que comunican a regiones del sur de Oaxaca con el centro del país. Nochixtlán es exactamente el lugar donde confluyen las carreteras que vienen de México y de Puebla y se convierte en una sola que llega hasta Salina Cruz. Nochixtlán es el punto donde se dividen estos caminos. Bloquear Nochixtlán significa tener control de la comunicación carretera con el sur de Oaxaca. 

Hay una planta petroquímica en Salina Cruz. Esa planta está afectada por maestros que se oponen a la Reforma educativa y que han tomado ese cruce en Nochixtlán desde hace ya muchos días. La planta de Salina Cruz está al límite de su capacidad de almacenamiento. Si no se desfoga el material que está concentrado hay que parar la planta. Ese material surte combustible a los aviones de la región. Es una planta importante. Se toma la decisión de desfogar y vienen una cantidad importante de pipas, que se llenan y bajan la presión del almacenamiento. Están esas pisas a fuera de la planta en Salina Cruz y la decisión es dejarlas ahí o sacarlas de ahí. Entonces las áreas de protección civil resuelven que hay que sacarlas de ahí y que hay que liberar el camino de Nochixtlán. Si uno viene de Salina Cruz pasa por Oaxaca capital y luego en Nochixtlán se abre para ir a Tehuacán o a Puebla o el Distrito Federal. El domingo es día de plaza en Nochixtlán. Entonces por la presión para liberar la carretera no prevén con cuidado el riesgo que hay en hacer un operativo de desalojo un domingo en la mañana en donde viene gente de toda la región a vender sus productos. Se toma esa decisión, se desaloja la carretera, pero en el desalojo la comunidad toma como rehenes a un par elementos de la policía federal. Entonces la policía tiene que entrar para liberarlos. Se da un enfrentamiento muy duro que dura prácticamente todo el día y la consecuencia es un grupo de personas que pierden la vida: seis en Nochixtlán y una persona en Hacienda Blanca. Una cantidad muy importante de policías heridos. Prácticamente 100, algunos de gravedad. Uno de los muertos es porque le explota un cohetón, el resto es por arma de fuego. 

Hay una reunión inmediatamente con el secretario de gobernación, con la representación de Nochixtlán, con los maestros, con la representación de las víctimas y una selección de ciudadanos que hace la propia comunidad en asambleas públicas. Y la indicación es ir a Nochixtlán en los siguientes días. Entonces nos piden prácticamente tres cosas: la primera, avanzar en la investigación. Instalar una mesa jurídica para que la investigación arroje como resultado que la gente tenga la verdad y se haga justicia; segundo, atender a los heridos en Nochixtlán; tercero, atender a las víctimas que se han visto afectadas. 

Lo primero era atender a las personas. Hicimos dos intentos de ir con equipo médico; la comunidad no nos dejó trabajar allá. La decisión fue traer a los heridos a la Ciudad de México para ser atendidos aquí. Más de ciento y pico personas. Cinco heridos de bala, con las balas adentro. Uno con una bala en el maxilar. Entonces la propuesta que se hace es sacarla. Por razones médicas esa bala hay que sacarla. Los otros cuatro casos lo que los médicos dicen es “se pueden quedar ahí las balas”, incluso se sugiere que se queden ahí, porque están encapsuldas, no tocan ningún órgano. 

Se acuerda con ellos una cadena de custodia para garantizar que esa bala sea la misma que tiene el ministerio público y el juez en la investigación. Participan en la cadena de custodia, además de la PGR, la CNDH y la Defensoría de los pueblos de Oaxaca. ¿Por qué es importante tener esa bala? Porque todas las armas de la policía federal tienen una huella balística, porque es no solamente posible si no que hay todas las condiciones para que una bala, esa o las otras balas que se extrajeron de los muertos, pueda darnos la información de quién disparó. Todos los heridos están fuera de peligro, todos fueron atendidos, todos los gastos por cuestiones médicas de la gente fueron repuestos. Estamos trabajando hoy fundamentalmente en la parte jurídica. Es una investigación que está abierta, que esperemos arroje resultados en las próximas semanas, y que nos va a permitir saber quién disparó y de qué armas se hicieron los disparos que hirieron y mataron a las personas en Nochixtlán, tanto a los policías como sobre todo a la población civil.

Hay un compromiso de que se haga justicia, de que se sepa la verdad. Sabemos que han pasado demasiados días y la presión para que se concluya es grande. Confiamos en que el ministerio público y los peritos harán su tarea para garantizar que se sepa exactamente quién disparó y quiénes son los responsables.

- ¿Usted está seguro que habrá castigo por estos crímenes?

- Yo tengo la instrucción del secretario de Gobernación de que la investigación sea transparente, de que las personas, las víctimas, sus representantes, tengan acceso a la investigación. 

- Le pregunto porque justo en Oaxaca hubo en 2006 otro caso emblemático que es la represión que se da contra un plantón, el 14 de junio, lo que deriva en un conflicto de varios meses donde hay más de 20 personas asesinadas...

- El 2006, muertes por violencia política.

- Y a diez años no hay justicia, no hay castigo. Uno puede ir a Oaxaca y ver a una de las personas que fue torturada por la policía federal, Emeterio Marino Cruz, seguro lo conoce, y no ha habido castigo para quienes cometieron estos crímenes. Entonces, ¿por qué cree usted que ahora sí habría castigo si hace diez años con tanta evidencia, con tanta documentación, a la fecha el 95% de ellos permanecen en la impunidad?

- Yo te pido que reflexionemos sobre los casos de esta administración. Por Ayotzinapa hay 130 personas procesadas. En Tierra Blanca, otro de los casos emblemáticos, hay 21 personas sujetas a procesos. Todos los policías que los detuvieron y se los entregaron al crimen organizado, los autores materiales. Hay pendiente, tengo entendido, un actor intelectual al que se le sigue la pista. En Tanhuato hay una recomendación de la CNDH y hay una investigación abierta de la PGR. En Apatzingan hay una recomendación de la CNDH y hay una investigación abierta, y, además, sabemos que está por concluir la PGR para acusar a policías sobre lo que sucedió. Entonces hay una voluntad de que no haya impunidad en estos casos emblemáticos. En el caso de Nochixtlán el compromiso que asumió el gobierno federal por conducto del secretario de gobernación y que asumió la procuradora, que se ha reunido con las víctimas, es que habrá responsables y serán llevados ante la justicia. Esperamos que sea pronto. Sabemos que concluyó el trabajo balístico, que hay hoy información clara sobre calibres y sobre quiénes son los responsables, qué armas son las que se dispararon. El titular de la policía federal, el comisionado Galindo, dejó su cargo para dar paso a la investigación en un asunto que ha sido tema del propio presidente de la República. Hay toda la voluntad y la decisión de que se concluya llegando a la justicia.

- Para terminar, hay este rezago de justicia que como usted lo señala muchos son del sexenio pasado, pero ¿qué tiene que hacer el gobierno frente a esta situación? Porque al final de cuentas son del sexenio pasado pero la impunidad es algo que trasciende las administraciones. Hoy en día esos casos son casos impunes para el gobierno mexicano. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano con esa montaña de impunidad en todos estos años?

- El reto principal que tenemos en México es acabar con la impunidad y fortalecer a la justicia. Es importante que la gente sepa que México está cambiando la manera de hacer justicia. En México tuvimos desde la Conquista un sistema de justicia escrito, judicial escrito. En la pasada administración se reformó la constitución para dar pie a un sistema acusatorio oral, garantista. Cuando arrancó este gobierno advirtió que más o menos en el tercero-cuarto año vencería ese plazo. Se planteó la posibilidad de que se pospusiera. El presidente dijo que no habría posposición y que habríamos de cumplir con los compromisos para cambiar el sistema de justicia. Hoy el sistema oral es un sistema que está en la práctica en todo el país cuando al arranque de esta administración se pensó que no seríamos capaces de llevarlo a la práctica. No todo está hecho, naturalmente. Hay que seguir fortaleciendo y construyendo el sistema de justicia, pero el cambio se dio,  y hoy, insisto, en todo el país el sistema acusatorio, el sistema oral, es el que rige. Fue un cambio radical, absolutamente radical. Hoy el derecho penal se estudia y ejerce a partir de parámetros totalmente distintos.

- Esa podría ser –ya veremos- buena noticia para el presente y para el futuro, ¿pero del pasado? ¿Los casos acumulados cómo entran? ¿O qué expectativas tiene el gobierno para resolver esa impunidad?

- Se está trabajando en ellos. Muchos están en el Sistema Interamericano. Nosotros tenemos los emblemáticos donde hay presencia de instancias internacionales que periódicamente nos exigen información. No es un reto sencillo. El reto es seguir visibilizando los casos y seguir trabajando para que se llegue a la justicia. Conforme pasa el tiempo cada vez es más difícil. Se pierden los elementos, las evidencias, pero hay que trabajar y hay un compromiso importante para atender esos casos.