En los últimos años se ha registrado un significativo aumento de la gentrificación en el país; no obstante, pocos saben que esta práctica está prohibida por la Constitución en ciertas zonas de México.
A principios de julio de 2025, la Ciudad de México (CDMX) puso en evidencia la inconformidad de los mexicanos ante el impacto de la gentrificación, la cual ha provocado el encarecimiento de rentas, comida, servicios, etc.
En respuesta a este fenómeno, la Constitución establece que los gentrificadores no pueden adquirir propiedades bajo ningún motivo en algunas zonas de México, pues ese derecho está reservado para ciudadanos mexicanos.
Zonas fronterizas y costeras de México están protegidas de la gentrificación por la Constitución
De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de México, los extranjeros no pueden comprar casas, departamentos ni terrenos que se encuentren ubicados en una faja de cien kilómetros cerca de:
- Playas
- Zonas cerca de las fronteras
Según se explica en la Constitución, por ningún motivo los extranjeros podrán adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en estas zonas de México, toda vez que están reservadas exclusivamente para ciudadanos mexicanos.
Estas áreas fronterizas y costeras son consideradas sensibles por su relevancia económica, ecológica y cercana a otros países, por ello su venta excluye a extranjeros a fin de evitar posibles intereses externos sobre recursos clave.
¿Gentrificación en áreas fronterizas y costeras? Extranjeros hacen uso de fideicomisos
Aunque la gentrificación está prohibida por la Constitución en estas zonas de México, lo cierto es que los extranjeros han sabido aprovechar los fideicomisos para hacerse de propiedades en áreas fronterizas y costeras.
Los fideicomisos permiten que una persona extranjera puede comprar un inmueble dentro de estas áreas restringidas; el banco actúa como titular legal de la propiedad, mientras que el extranjero queda como beneficiario (fideicomisario).
La Constitución no protege a estas zonas de los fideicomisos, pues esta práctica, regulada por la Ley de Instituciones de Crédito, permite al extranjero vivir en el inmueble sin ser formalmente el dueño.
