México.- A casi 7 meses de la muerte de dos hombres a causa de un socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, hasta el momento no hay un solo funcionario sancionado por lo ocurrido. Ante ello, la organización Impunidad Cero presentó este miércoles 7 de febrero una investigación en la que identifica directamente a 13 responsables administrativos. Esta es una investigación del noticiero En Punto, de Televisa.

Con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la organización detectó conductas y omisiones medias y gravísimas, entre ellas, las del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCyT), Gerardo Ruíz Esparza, al señalar que entre sus obligaciones tenía "la responsabilidad de supervisar las labores de sus inferiores jerárquicos”, y también por haber dicho que"la obra tendría una duración de 40 años".

En ese sentido, cabe recordar un video que el funcionario federal subió a su cuenta de Twitter el 1 de abril de 2017, en el que se le observa transitando por el Paso Exprés, mientras señala: 

“Se cambió el material de asfalto a concreto hidráulico, un material mucho más resistente que sin duda le va a dar una vida de 30, 40 años sin tener que hacer ninguna reparación”.

A Clemente Poon, director general de carreteras, se le atribuye una responsabilidad "gravísima" por haber iniciado la obra "sin contar con un proyecto ejecutivo definido", "fallar en su responsabilidad de supervisar la ejecución de la obra" y porque su "personal subordinado tuvo conocimiento desde el comienzo de la obra de los riesgos que presentaba la alcantarilla y el drenaje en el kilómetro 93+857 […], tal como demostraron varios oficios enviados por el Gobierno de Morelos y hasta vecinos de la zona”, indica la investigación.

Al ex delegado de la SCyT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, también se le responsabiliza de conductas “gravísimas”, ya que fue notificado por el director de Protección Civil de Cuernavaca de la necesidad de sustituir el tubo del drenaje.

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La sanción para Gerardo Ruíz Esparza, señala Impunidad Cero, debería ser la destitución y una sanción económica; mientras que al resto de los funcionarios que cayeron en conductas "gravísimas" sería la inhabilitación hasta por  20 años, una multa y la destitución del cargo.

El informe también señala omisiones del consorcio constructor Epccor-Aldesa por no actuar diligentemente, sobre los riesgos de mantener el drenaje en las condiciones en las que se encontraba.

"Lo que aporta nuestra investigación es una posibilidad de sancionar a empresas, clasificándolas de acuerdo a los criterios de esta Ley Federal de Responsbailidades Administrativas en Servidores Públicos y segundo, por ejercer ejercer fondos públicos puede caer, conforme criterios en la corte, en la condición de servidores públicos por ejercicio”, precisó Darío Ángeles, investigador de Impunidad Cero

La organiszión aclaró que independientemente de la reparación del daño, que evitó la responsabilidad penal de funcionarios, el acuerdo no los exime de sanciones administrativas.

“Sí hay posibilidades para sancionar por tiempo, modo y lugar, y elementos suficientes para llegar a esto. Si esto no sucede hay impunidad y en la medida en que aumenta el tiempo, la oportunidad de que haya impunidad es mayor”, destacó Darío Ángeles.