Saltillo.- El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es severamente cuestionado por la sociedad civil, la iniciativa privada y líderes de opinión, pues tanto el Tribunal como la Fiscalía especializados carecen de independencia.

“La corrupción e impunidad en Coahuila se encuentran en los más altos índices históricos y a pesar de la gravedad e importancia del tema, ni el gobernador ni el Congreso del Estado han dado un paso a favor de integrar propuestas ciudadanas para el diseño conjunto de un sistema local que busque de manera eficaz prevenir y sancionar los actos de corrupción que sirvan al interés público y a nuestra sociedad en su conjunto”, denunció la Alianza Anticorrupción de Coahuila (AAC) el pasado 5 de septiembre frente al palacio de gobierno.

La Alianza demandó detener la implementación del SEA e iniciar un proceso “apegado a los criterios de transparencia, legalidad y objetividad”; remover a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y al Fiscal Anticorrupción y someter a los futuros aspirantes a pruebas de confianza y exámenes de conocimiento y mérito.

También pidió a la legislatura suspender los nombramientos en puestos clave del SEA (solo está pendiente el de Fiscal General del Estado) y destituir a los integrantes de la Comisión de Selección sin la “independencia política indispensable” para designar al Comité de Participación Ciudadana.

Ninguna de las exigencias fue atendida. El Comité de Participación Ciudadana rindió protesta el 5 de octubre y el Congreso nombrará en los próximos días al primer Fiscal General de la terna de Gerardo Márquez, Esperanza Soto y María Mazorra, propuesta por el gobernador Rubén Moreira.

Dieciocho de los 21 aspirantes registrados pasaron el primer filtro, pero pocos estaban a la altura del cargo y menos aún tenían la “independencia política indispensable” planteada por la AAC a fin de “construir las instituciones que necesitamos para acabar con la corrupción y la impunidad”.

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En algunos casos, la alternancia en los estados ha permitido romper el círculo de corrupción-impunidad. Así lo advierten más de cuarenta escritores, periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos en la carta “No a la impunidad transexenal”, publicada el 4 de septiembre —coincidente con la misiva de la AAC al gobierno de Coahuila y al Congreso local un día después—, donde llaman al Senado a actuar con responsabilidad: “Su disyuntiva es configurar una Fiscalía General fuerte y sólida que contrarreste la corrupción y erradique la impunidad, o bien cargar con la ignominia de haber conservado el manto de la impunidad que protege a los poderosos.

“Las sociedades de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo impidieron que los entonces gobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge aseguraran su impunidad (con fiscalías fuertes y sólidas). Si los senadores (y en el caso de Coahuila, los diputados) no escuchan la voz de la ciudadanía y permiten el pase automático del actual procurador o la imposición de alguien cuya misión sea cuidar las espaldas del Presidente de la República y su camarilla, habrán perpetrado un golpe inaceptable contra la construcción de un Estado democrático y de derecho y se habrán colocado del lado de la impunidad que este régimen pretende perpetuar”.

Pero mientras a escala federal la presión ciudadana hizo naufragar el pase de Raúl Cervantes a la Fiscalía General, en Coahuila navega a velamen desplegado el proyecto para convertir a Gerardo Márquez en fiscal, sin tener las suficientes credenciales ni la necesaria independencia del poder.