Colombia.- Ha pasado un día desde que el gobierno de Juan Manuel Santos anunció el inicio de negociaciones de carácter público con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en el país sudamericano, los grupos paramilitares de extrema derecha al servicio del narcotráfico, decretaron un paro armado, lo que afectó el comercio y la movilidad de la población del occidente colombiano. Así lo denunció este jueves la Defensoría del Pueblo.

Las organizaciones ilegales obstruyeron vías, obligaron al cierre de escuelas y realizaron grafitis amenazantes en las fachadas de las casas y de los vehículos.

También se reportaron hostigamientos y disparos a los Escuadrones Motorizados Rurales (ESMOR) en el sector conocido como Puente de Aracua.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo calificó como grave que los grupos armados ilegales “estén afectando los derechos de la comunidad, tanto por las amenazas y acciones violentas, como por el confinamiento y el no acceso a servicios esenciales como la educación”.

Con información de Notimex y Telesur