Distintas acciones tendrán lugar en las ciudades de Chicago, Nueva York, Boston y San Francisco, así como en los estados de Carolina del Norte y Texas entre otros, en los que se presentarán casos de personas en proceso de
Washington.- Activistas lanzarán esta semana una campaña en diferentes ciudades para pedir a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, que frene las deportaciones de inmigrantes indocumentados que incluyen a jóvenes, madres y líderes comunitarios.
Distintas acciones tendrán lugar en las ciudades de Chicago, Nueva York, Boston y San Francisco, así como en los estados de Carolina del Norte y Texas entre otros, en los que se presentarán casos de personas en proceso de deportación que piden un alivio migratorio.
Este lunes en una conferencia de prensa testificarán jóvenes en riesgo de deportación y madres atrapadas en procedimientos mientras enfrentaban casos de violencia doméstica, informó la organización comunitaria Casa de Maryland.
Asimismo, dará su testimonio un líder de los derechos de los indígenas quien actualmente se encuentra llevando el caso de una masacre de gobierno ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Uno de los que espera respuesta es el joven mexicano Juan Chegala, que cursa el grado 11 de secundaria que con la ayuda de sus amigos ha logrado reunir 312 peticiones que incluyen a estudiantes, maestros y miembros de su iglesia.
A finales de agosto del año pasado, Napolitano anunció que la agencia planeaba revisar unos 300 mil los casos de personas que actualmente están en proceso de deportación y enfocar sus recursos únicamente en casos de alta prioridad.
Es decir, se considerarían alivios bajo una facultad discrecional a estudiantes indocumentados, familiares de veteranos, víctimas de violencia doméstica, personas que cuidan a ciudadanos y residentes permanentes y otras personas en circunstancias humanitarias.
El número de deportaciones ha aumentado debido en parte a programas como Comunidades Seguras, que ha dado lugar a un número récord de más de un millón de deportaciones desde que el presidente Barack Obama asumió el cargo hace casi cuatro años.
La activista de Nueva Orleans, en Luisiana, Jacinta González, citó varios casos descritos en el sitio www.Makejusticereal.org sobre personas en proceso de deportación que no representan una amenaza a sus comunidades y calificarían para un alivio porque sus casos se considerarían de baja prioridad bajo la facultad discrecional.
Entre los casos están el de una madre indocumentada que luego de permanecer detenida por varias semanas fue reunificada con su hija.
Asimismo, mencionó los casos de dos activistas contratadas para la limpieza tras los huracanes Gustavo y Ike que denunciaron discriminación y bajos salarios, pero fueron reportados por sus empleadores al Servicio de Inmigración.
"Son casos bastantes fuertes", dijo la activista, quien explicó que la campaña comienza al mismo tiempo que la oficina de la región sur del ICE concluyo el proceso de revisión de tres mil casos de deportación, que incluyen a 32 hombres y mujeres que denunciaron abusos laborales.
Uno de los casos es el del activista Josué Díaz, quien comparecerá ante un juez este martes, uno de los que denunció los abusos.
Por su parte, la oficina en Baltimore del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), solo otorgó prórrogas para la permanencia en el país a menos de cinco por ciento de todos los casos que se encuentran en proceso de deportación, según la organización Casa de Maryland.
Una vocera de ICE, Barbara González, dijo a Notimex que "la discreción procesal continua" en todo el país para asegurar que unos 300 mil casos pendientes de deportación y los nuevos que surjan "se adhieran a las prioridades" de la entidad.
"Esta revisión esta orientada a permitir que la agencia haga el mejor uso de sus recursos limitados para enfocarse en casos con un mayor impacto en la seguridad publica y la integridad del sistema de inmigración", apuntó.
Explicó que los casos de alta prioridad incluyen a extranjeros convictos, fugitivos de inmigración, así como los que reingresan ilegalmente tras ser deportados y los que han cruzado recientemente la frontera.
Indicó que el uso apropiado de la facultad discreción alivia la carga en las cortes y permite que el ICE avance en la deportación de indocumentados con los más flagrantes abusos.
De acuerdo con cifras del ICE, el nueve por ciento de los 300 mil casos han recibido alivios, pero eso no significa que se cierren mientras las personas ejerzan el derecho de rechazarlo y vayan ante un juez