“La Estación”, ubicada en Mexicali, Baja California, se convirtió durante un corto tiempo en la primera sala de consumo supervisado de drogas en México y América Latina, hasta que fue clausurada por autoridades municipales.

Organizaciones civiles en nuestro país son las que se encuentran impulsando para que el tema del consumo de las drogas adopte una perspectiva de salud pública más que de la criminalización de los usuarios.

En este caso único en la república, una organización civil operó la primera sala de América Latina en donde los usuarios de drogas inyectables podían consumir dosis de heroína o crystal bajo supervisión médica.

Se trata del Centro Comunitario de Integración Social Verter, comúnmente llamado “La Estación”, donde se ofrecen servicios de salud a usuarios de drogas inyectables, trabajadores sexuales y personas de la diversidad sexual.

En el centro, los usuarios de drogas asisten a intercambiar jeringas usadas por material estéril. Esto, con el propósito de prevenir contagios de VIH o hepatitis C. Fue en el lugar, en donde se abrió a finales de 2018 la que fue la primera sala de consumo supervisado de drogas en México y Latinoamérica.

Las salas de consumo comenzaron en Europa hace 30 años como una forma de ayudar a contener los daños a la salud asociados al consumo de drogas inyectables.

En el continente europeo, la salas operan con apoyo gubernamental. Sin embargo, en México su situación es confusa, ya que el consumo de drogas no está penado y las leyes de salud no contemplan este tipo de establecimientos.

Poco después de que la asociación Verter abrió la primera sala latinoamericana de este tipo, el gobierno municipal de Mexicali decidió clausurar el centro comunitario alegando presuntas violaciones a la normatividad del uso de suelo.

Alcalde “echa la bolita” de la sala a gobierno federal

Gustavo Sánchez, alcalde panista de Mexicali, señaló que este tema trata de una discusión federal, ya que la sala debe tener y contar con licencias de órdenes sanitarias.

La intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos permitió a la agrupación la reapertura del espacio que presta servicios de salud a adictos, pero la sala de consumo permanece cerrada y sin un futuro claro.

Con información de En Punto.