López Obrador —para bien y para mal— no se aparta mucho de sus posicionamientos más fundamentales. Y a propósito de ellos, desde que recuerdo ha dicho que él aplastaría muchos intereses del crimen organizado y de la corrupción gubernamental cuando estuviera en el poder. Creo que al hacerlo ha creado nuevos intereses substitutos igualmente desfavorables, pero esa es otra historia...

Lo que aquí me ocupa es contrastar lo que muchas voces señalan como muestras de una estrategia fallida de combate a la inseguridad, de aquellas que sostienen que las violentas reacciones indican que poderosos grupos políticos, económicos y sociales se defienden al saberse amenazados. Ambas lecturas tienen algo de razón.

Intentar apresar(o repeler, para el caso da igual) al hijo del Chapo no es cuestión, como diría la secretaria de Gobernación, de “todos los días”. El crimen organizado, pero también los agentes que lo solapan, protegen y se han visto favorecidos por este, no se iban (ni se van) a rendir sin dar una buena batalla.

Ello nos lleva a preguntarnos: ¿las refriegas que la población mexicana, particularmente la que Culiacán, Sinaloa está viviendo en estos momentos, es indicación de que la 4T, de la mano de Alfonso Durazo, la Sedena y la Marina, están errando en su estrategia de seguridad o es consecuencia de que están tocando puntos sensibles del crimen y de intereses creados en torno a él?

Considero que ambas partes ya han medido fuerzas; han tenido 10 meses para hacerlo. Ahora les ha tocado ejercitarlas.

La gestión por parte del gobierno federal puede no gustar y puede uno también no estar de acuerdo con ella (ese es mi caso), pero ha sido claro: adiós Texcoco, bienvenido Santa Lucía; persecución de las figuras del neoliberalismo con dudoso historial: Deschamps, Collado, Medina Mora, Emilio Lozoya; aprensión de líderes de los cárteles del narcotráfico (hoy se intentó capturar a Ovidio Guzmán López, mañana será otro); etc.

Las acciones de la llamada “mafia del poder”, del sindicalismo anquilosado y del crimen organizado no se han delineado, en cambio, tan claramente. ¿O sí? ¿Serán Iguala, Aguililla, Laredo y Culiacán parte de estas? ¿Estarán estos actores impulsando a la delincuencia para que lance ataques masivos contra las fuerzas del orden? Difícil saberlo, pero ciertamente creo que sí es una posibilidad.

Por ello, intentemos por un momento de separar el trigo de la paja. Esto es, hagamos a un lado tanto la narrativa y el tono con el que comunica y socializa AMLO las acciones realizadas contra la violencia (“mamitas”, “abuelitos” y anexas), como las críticas chafas vertidas sobre estos pronunciamientos (tipo Vicente Fox hablando de lo de Culiacán en estos términos: "Se les avisa que por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos y sobrepasando a la autoridad... en Culiacán que se les va a acusar... para que dejen de asustar al pueblo, que vive feliz, feliz, feliz") y detengámonos en pensar al respecto de las motivaciones y objetivos fundamentales subyacentes de los distintos actores sociales, gobierno federal incluido:

Se intentó detener (¿y se liberó?) a uno de los hijos de Guzmán Loera; y por supuesto se apoya que la autoridad lo haga (o intente hacerlo). Sin embargo, se requiere que la sociedad mexicana cuente con mayor claridad sobre lo siguiente:

Las características, objetivos y componentes de la estrategia de combate al narcotráfico por parte del poder ejecutivo;

Conocer si la respuesta a este operativo (al parecer no planeado) desató todas las reacciones violentas que se dieron hace unas horas en la entidad sinaloense;

Que se aclare y distinga el origen de los distintos eventos disruptivos ocurridos recientemente en el país;

Y, finalmente, que determine cuáles serán de ahora en adelante el nivel y tipo de involucramiento de las distintas fuerzas del orden para contrarrestar dichos sucesos.

Mientras no se tengan elementos públicos, claros y oficiales al respecto de lo anterior, polemizar sobre el éxito o fracaso de la estrategia contra el crimen no llevará a nada concluyente ni por parte del gobierno lopezobradorista ni de las voces que lo critican y cuestionan.

En todo caso, la “pelota” está ahora en la “cancha” del poder ejecutivo y deberá proporcionar más elementos si quiere que la violencia (provocada y con un fin desestabilizador o no) no mine el amplio apoyo poblacional con el que él cuenta.

El gran reto de López Obrador en este momento se llama CLARIDAD.

Mientras logra trasmitirla, también existen las siguientes cuestiones prácticas que se han hecho evidentes y que el ejecutivo federal requiere solventar cuanto antes: 1) ampliar el margen de maniobra del área de Comunicación Social de Presidencia, así como la coordinación de esta con las distintas dependencias gubernamentales (Consejo de Seguridad, en este caso) y con las agencias de noticias, (particularmente la del Estado, Notimex). Y 2), reforzar cuanto antes la seguridad personal del presidente de la República.