Miró miró la arquitectura<br>con las lentes de su bondad<br>lento mirar hacia la altura<br>que el edificio crece sin cesar<br>Miró miró la gente dura<br>parapetada en su vanidad<br>la vio pequeña de estatura<br>genitiva negativa letal<br>Miró miró la regla pura<br>para su cálculo racional<br>reglamentando la textura<br>de esta función fundamental<br>Miró miró con voz oscura<br>desde su telescopio catalán<br>y vio la vida por ventura<br>como es: arte y oficio de cristal<br>

Gabino Alejandro Carriedo

“No luchar y luego aprovecharse de los derechos conquistados con la lucha de otros es de muy miserable sobretodo cuando condenas la lucha”.<br>

Pablo Hasél

Después de casi dos años de una parsimonia digna de un quelonio moviéndose en tierra, el poder legislativo repentinamente decidió apresurar la marcha y, de forma callada —aprovechando el ruido que (con razón) produce una pandemia mal combatida y una elecciones presidenciales estadounidenses muy impugnadas—, autorizar cambios en leyes cuyo impacto será profundo en las instituciones que forjan el Estado mexicano como hasta hoy lo conocemos.

Se puede decir que el legislativo sí ha tomado decisiones —y muchas— desde el 2018, las cuales han terminado con el Seguro Popular, la reforma educativa, los fideicomisos, entre ellos el FONDEN, y ha autorizado el uso lúdico de la mariguana, por señalar algunos de los impactos de su trabajo. Pero en este aspecto, los diputados y senadores han legislado mayormente sobre asuntos más bien programáticos (acciones y programas de gobierno), mismos que pueden retomarse o desaparecer sin afectar como tales las instituciones más fundamentales del país.

Sin embargo, en menos de un mes, las últimas tres iniciativas sí cambiarán de forma sustancial los tres poderes en que se divide el gobierno. Y por lo mismo aún más crucial debió haber sido el que se discutieran por más tiempo, más ampliamente y de forma comprensiva, y no ser votadas de manera exprés. Sin embargo, el hecho es que el menosprecio de su importancia solo indica que les urgía dar rienda suelta a estos cambios.

¿Cuáles son estas reformas? La primera trata sobre el poder ejecutivo y la “pérdida” de fuero para el presidente de la república.

Dado lo expresado tanto por la oposición como se propone quede la ley, lo que puede decirse es que es un juego de sombras, donde lo único que no sucederá es que el presidente de la nación pierda su fuero. Mentira que el presidente quede en automático más acotado o sujeto a juicio político. Así de simple la burla.

En segundo término, la reforma al poder judicial, la cual pareciera ser un regalo (¿la paga de los apoyos prestados al ejecutivo federal?) hecho a la medida para el actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar. No, no es la primera vez que se genera una reforma de esta envergadura; la última fue en el sexenio de Ernesto Zedillo en 1996-1997, pero para llegar a dicha reforma y llevarla a cabo, se tuvo una discusión de años, con muchos actores (abogados, jueces, políticos, académicos, etcétera) y hasta que se logró un consenso, se presentó ante el poder legislativo. Además, esta no tuvo dedicatoria para beneficiar a ninguno de los miembros del máximo tribunal judicial, ya que este se “disolvió” y todos los ministros sin excepción se fueron a sus casas. Situación muy distinta la de ahora.

En el caso actual, no hubo ningún tipo de discusión, debate, consenso, ni siquiera cabildeo y se presentó la iniciativa que tendrá un impacto en todos los asuntos que se presenten ante el poder judicial.

Pero tal vez el acuerdo que más cejas levanta, porque son los propios diputados los que se convirtieron en juez y parte (beneficiarios), es la que ellos mismos aprobaron para que puedan mantenerse en la comodidad (económica y de exposición) de sus curules y mismo así buscar la reelección de sus distritos. De esta forma no tienen que renunciar, ni pedir licencia para hacer campaña con objeto de ¡continuar en el puesto desde donde harán propaganda para seguirse desempeñando tres años más como legisladores!

Si bien fue un error de la legislatura pasada no haber realizado en ese momento el reglamento para la figura de reelección de autoridades legislativas que se aprobó entonces, que ahora normen su implementación quienes se verán beneficiados de forma directa y absoluta de la misma, fue dar un madruguete a la institución que debe establecer las reglas en este caso. Quien debería realizar ese reglamento es el INE y no ellos; sujetándolo a aplicarse, adicionalmente, ¡a partir de la siguiente legislatura, no desde esta!

Tres ejemplos de cómo el andamiaje institucional más central de la nación está siendo desmontado. Lo más alarmante es que lo llevan a cabo los mismos que deberían velar por él y procurar normarlo en un debate abierto, incluyendo a voces minoritarias, con tiempo y sin trampas ni cortapisas.

Pero lo que está haciendo en estos momentos el poder legislativo no es construir a base de leyes un mejor país, sino torpedear parte de los cimientos institucionales que juraron defender. Todo para beneficiar en lo particular a quienes hoy detentan el poder: el titular del ejecutivo, el titular del poder judicial y ellos mismos como autoridades del poder legislativo.