La 4T mete sus garras en los fideicomisos públicos

A las calladas, el gobierno decretó la desaparición de (casi) todos los fideicomisos de la Federación con objeto de utilizar sus fondos, tal y como se publicita en el Diario Oficial de ayer.

Lo que convenientemente no se dice es que ese dinero se encuentra (encontraba) bajo esa figura en calidad de ahorros para pagar deudas o necesidades específicas existentes en distintos sectores. En otras palabras, la creación de los mismos era justamente para no poder destinar ese dinero a fines ajenos a su razón de ser.

Lo que es más, algunos fideicomisos no pueden (o deben) ser liquidados, pues están previstos en leyes y/o pegarían a las pensiones de jubilados (el fideicomiso de la extinta LyFuerza, por ejemplo) o a intereses de inversionistas que están comprometidos.

No será para nada sencillo que el gobierno central se quede con el dinero de algunos fideicomisos. Lo logrará seguramente, pero en no pocos casos enfrentará problemas legales que le complicarán sus planes.

La extinción de los fideicomisos parece más un manotazo desesperado del gobierno que una acción con fines de eficiencia económica. La exposición de motivos que acompaña el anuncio de esta medida es bastante laxa por cuanto a determinar el uso que se dará a partir de ahora a los mismos. Expone que las dependencias del gobierno federal deben liquidar los fideicomisos sin estructura orgánica y concentrar todo el dinero en la tesorería. ¿Para qué? Por razones del COVID sin especificar.

Ya en la mañanera López Obrador reveló un poco más. Dijo que los recursos se destinarán a cuatro cuestiones: a programas sociales; a la reactivación económica, pagar créditos, impulsar a la industria de la construcción y la creación de empleos; a apuntalar a Pemex por la caída de los precios del crudo; y a pagar deuda.

Mismo así establecido, la información continúa siendo insuficiente e imprecisa. Sobre todo, ¿se justifica dicha decisión?

Como en otras ocasiones (pensemos en el avión presidencial), las cuentas alegres de Andrés Manuel no dan. Si bien se considera que se obtendrán casi 740 mil millones de pesos de 335 fideicomisos del gobierno federal (más lo que resulte del tribunal agrario y otros, sumando cerca de 500 organismos), no alcanzará para todo lo planeado.

Más aún, es importante subrayar que los programas sociales de esta administración siguen deficientes en cuanto a sus reglas de operación y ya tienen un presupuesto asignado. Mientras no se aclaren las reglas de operación, no se puede asegurar que los recursos lleguen a los más necesitados. Y, en ese sentido, ¿por qué asignarles más dinero?

Por otra parte, diversos estudios consideran que para que las empresas puedan mantener los empleos actuales se requieren al menos una inversión por parte del gobierno de más de 2 puntos del PIB, lo cual a su vez evitaría que una contracción en 8 puntos. Esa necesidad económica por sí misma es mucho más a lo totalidad de lo que se piensa retener de los fideicomisos.

Ni qué decir del tema PEMEX; insisten en inyectar dinero bueno al malo. Mejor sería frenar indefinidamente Dos Bocas y destinar ese dinero a apoyar la planta productiva del país.

López Obrador habla de “los ahorros que tuvimos”. Vale la pena señalarle que no los realizó él; fueron hechos por administraciones pasadas y ahora echa mano de ellos.

El desaparecer los fideicomisos es continuar con el desmantelamiento del Estado. La 4T ya terminó con los fondos de estabilidad financiera y desastres naturales cuando en 2019 ni siquiera se tuvieron situaciones que lo requirieran. Ahora va por los fideicomisos. De continuar así, pronto lo que seguirá serán las afores y los ahorros de los particulares.

López Obrador presume que el gobierno no se ha endeudado (cuando que endeudarse de forma regulada y con planes de pago, es una acción válida y legal). Pero a cambio hace uso de los ahorros de la población que, para fines prácticos, significa endeudar al país.

Apropiarse de los ahorros de la federación para gastos sin especificar (basta decirles que ni siquiera se establece una auditoria de cierre u operación a los mismos, por lo que nunca sabremos cómo se reutilizaron los fondos) es de las acciones gubernamentales más  opacas que hay. La opacidad, lo sabemos, suele ser el caldo de cultivo de la corrupción. Habría que tener extremo cuidado con eso.