Al que al cielo escupe, en la cara le cae.<br>

Dicho popular

Andrés Manuel no puede con la tentación de vapulear a Felipe o de utilizar cualquier subterfugio para demostrar que el gobierno del panista fue lo peor que le pudo ocurrir a México. Y la mañanera del día de ayer no fue la excepción. El deseo le ganó a nuestro primer mandatario cuando adelantó sentencia definitiva en el juicio que libra en Estados Unidos Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en tiempos de Calderón; un proceso que apenas empieza. Dijo: “hubo un narco Estado en México, pues estaba tomado el gobierno y mandaba la delincuencia”.

El ex presidente de inmediato acusó recibo y en un espacio radiofónico reviró que él —entonces— no saludaba de mano a la madre del Chapo como lo hace AMLO. También dijo que a él no se le habían escapado (o adrede dejado en libertad) a los miembros del crimen organizado, y que en su gobierno fue cuando mayor número de malhechores habían sido extraditados a los Estados Unidos para ser juzgados.

Más allá del pleito visceral entre ambos individuos, el cual se remonta a su desencuentro con el conteo de votos en el 2006, ninguno de estos personajes se ha dado cuenta de cómo, a través de sus dimes y diretes, le hacen un terrible daño a la nación. 

Por si eso no fuese suficiente, el espectáculo montado les impactará a ellos directamente. Quien lleva las de perder en el corto plazo es Calderón, pero en el mediano y largo plazo este deleznable momento también marcará a López Obrador. Y es que si bien es cierto que en diversas ocasiones periodistas y expertos han dado la voz de alarma de que México podría convertirse en un narco Estado, hay una sutil —aunque no menor— diferencia cuando lo dice el presidente de México. Pero además de lo anterior, López Obrador olvidó que ni siquiera en los Wikileaks, donde se reveló lo que pensaba el gobierno de Estados Unidos sobre el sexenio de Calderón, aparece alguna referencia a un posible narco Estado. 

Dimensionemos: el comentario proferido por el presidente AMLO significa culpar a una administración pasada de haber SIDO el crimen organizado, no solo de haber hecho un pacto con este, lo cual tiene implicaciones legales, gubernamentales y aun internacionales que ni siquiera podemos comenzar a imaginarnos.

Es irónico. Bajo las definiciones internacionales de un narco Estado, los países que más han sido señalados cómo tales en nuestro continente son Bolivia y Venezuela. Gobiernos de naciones que López Obrador defiende, ampara y hasta apapacha. Es más, Evo Morales, quien estuvo de refugiado en México, es señalado por haber dirigido su patria a partir de intereses del crimen organizado. Obvio, para él la 4T no tiene acusaciones.

El lanzar aseveraciones como la acusación que aquí se comenta puede volverse como bumerán en contra de los intereses del país y de la misma Cuarta Transformación. Tan es así que ya hay órdenes de aprehensión giradas por la FGR (incluso desde antes por la PGR) que penden contra Jesús Orta, quien fungió como secretario de Seguridad Ciudadana en el gobierno de la actual administración de la CDMX, y 18 funcionarios más que antes trabajaban para la Secretaría de Seguridad Federal durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Así, la acusación que se hace de haber vivido bajo la dirección de un narco Estado no solo golpea al sexenio de Felipe Calderón; implica también al que le siguió y puede llegar a enlodar innecesariamente al actual.

Valdría la pena recordar que un individuo —una vez condenado por crimen organizado— que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad, o el saludo a la madre de un narcotraficante o la aprehensión y posterior liberación de un líder de algún cartel, todos —como actos aislados— NO hacen un narco Estado.

Hay cosas más serias que atender y que, más que indicar la existencia de un narco Estado, muestran que este está siendo rebasado por el crimen organizado y por su propia incompetencia: la violencia en aumento y los asesinados, desaparecidos y fosas que no dejan de sumarse. Se acrecientan las dudas sobre la gobernabilidad de un país —ahí sí— cuando se sabe que hay muchos caminos y lugares que son intransitables después de ciertas horas porque están en poder del narco u otros delincuentes. Cuando el “cobro de piso” se institucionaliza y quienes ofrecen seguridad son grupos de mercenarios. O cuando hay territorios enteros que son cuasi gobernados por los narcos y no por las autoridades civiles.

Ante la realidad que azota el país, no es momento para que el actual presidente y el pasado se enzarcen en sus odios personales, presumiendo una supuesta conducta intachable de ambas partes, mientras los delincuentes se ríen de sus pleitos. Ellos se siguen apoderando cada día más de nuestra país, y Calderón y López Obrador solo ayudan para que el narco, este, no aquel otro, siga avanzando.