Como ya lo he mencionado anteriormente en este espacio, los archivos forman parte del patrimonio histórico del país, y el tratamiento que a estos se le da, determina la estructura social, política y cultural de la nación.

Con ello, la transparencia es uno de los elementos contemporáneos de los archivos que más relevancia ha cobrado; si fuéramos tajantes con las prácticas archivísticas clásicas, podríamos decir que todos los documentos contenidos en los archivos deberían ser públicos por su naturaleza misma y, sobre todo, todos aquellos que son generados por el gobierno.

Desde noviembre de 2018, la nueva administración anunció la creación de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultura de México, que servirá para rescatar, conservar y difundir la memoria histórica del país. Posteriormente, el 23 de enero, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció por primera vez públicamente que se harían públicos los documentos contenidos en los archivos del Cisen.

Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para abrir los expedientes del desaparecido Centro Nacional y Seguridad Nacional (Cisen), con lo que se solicitó la colaboración de todas las dependencias de gobierno a transferir al Archivo General de la Nación (AGN) todos los documentos sobre violaciones a derechos humanos, corrupción o persecución política.

Al respecto, cabe mencionar que, en materia de archivos, se tienen diversos instrumentos que regulan el flujo de la información. Tal es el caso del Catálogo de Disposición Documental, que establece los plazos de conservación que se resguardan las series documentales durante cada una de las etapas del Ciclo Vital del Documento. Estos plazos se determinan de acuerdo con criterios que la misma naturaleza gestión documental requiere.

También hay que recurrir a la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, para evaluar la total o parcial apertura de los documentos. De igual modo, se requiere garantizar, de forma integral, la organización y conservación del material documental contenido en esos archivos. No es cosa fácil.

El día de hoy durante la conferencia de prensa, en donde estuvieron presentes Zoé Alejandro Robledo Aburto, subdirector de gobernación, Carlos Enrique Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación, quienes se refirieron al tema. Se habló también del interés que se tiene de organizar adecuadamente el acervo del AGN, para lo que recurrirán a Archivónomos, Bibliotecarios y demás especialistas en materia documental.

El asunto es inédito, toda vez que puede ser punta de lanza para dignificar, valorar y reconocer la importancia de la loable labor que realizan cientos de egresados de esas carreras que por mucho tiempo han luchado para ganarse un lugar en la sociedad como profesiones imprescindibles para el quehacer nacional. Veamos hasta dónde es posible que en realidad se abra la oportunidad para que todo esto suceda y alcance de la coyuntura.

Es de resaltar que en medio de la austeridad que se está aplicando se quieran contratar especialistas de ese tipo, que requerirán de un salario apropiado para sus conocimientos, además de condiciones de trabajo especiales que regularmente se necesitan en un archivo. Nuevamente la intención es buena, sin embargo, habrá que ver de qué forma se implementa toda esta labor tan titánica de meterle mano al Archivo General.

Recordemos que 2019 fue declarado como “Año Iberoamericano de los Archivos para la Transparencia y la Memoria”, con lo que la llamada Cuarta Transformación deberá imprimir su propio sello en materia archivística porque los archivos en México han estado abandonados por mucho tiempo. Es tiempo de rescatar la memoria histórica del país; no hay mañana.