Las medidas de confinamiento y aislamiento social que cerraron buena parte de la actividad económica desde el pasado mes de marzo, como una forma de frenar la expansión de la pandemia de coronavirus, provocaron que muchas personas se quedaran sin empleo y no pudieran afrontar sus compromisos crediticios. Por ello la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) creó un plan de ayuda para los deudores que consistió en aplazar los pagos de los préstamos con la idea de que la crisis sanitaria no duraría más de cuatro o seis meses, que luego la gente recuperaría sus empleos y podría pagar sus débitos al final de ese período. Pero esto no sucedió y el remedio resultó peor que la enfermedad: acabaron emproblemados los deudores y las instituciones financieras.

Al programa de diferimiento, denominado Criterios Contables Especiales, CCE, se acogieron 9.2 millones de acreditados, de los cuales 3.3 millones fueron otorgados a micro, pequeñas y medianas empresas y personas físicas con actividad empresarial; 3.4 millones son créditos de tarjeta de crédito; 2.2 millones, de consumo no revolvente; 325 mil, hipotecas y 39 mil, préstamos a grandes empresas. 

El monto total de los créditos que se afiliaron al programa fue de un billón de pesos; los intereses diferidos a través del mismo ascienden a 66 mil millones de pesos lo que equivale al 22 por ciento de todo el crédito bancario. 

Los deudores que se adhirieron al programa de los cuatro meses más dos, de gracia, se clasifican en tres grupos, el de las personas o empresas cuya economía ya volvió a la normalidad y que no tendrán problemas para retomar el pago de sus préstamos, los que tienen menores ingresos y que con un mejoramiento en los planes de pago pueden hacer frente a sus compromisos y los acreditados que simplemente no puedan pagar sus deudas asumidas. 

El porcentaje más alto de deudores que estaban en el programa de la CNBV fue el grupo que no podrá hacer frente a sus obligaciones crediticias, por lo que la cartera vencida aumentó de forma alarmante y la Banca creó reservas adicionales por alrededor de 29 mil 500 millones de pesos en el último trimestre para hacerle frente a esta problemática.

El plan de aplazar hasta en seis meses los pagos de los créditos bancarios por parte de los deudores llegó a su fin entre los meses de julio y septiembre y la Comisión que dirige Juan Pablo Graff anunció en septiembre un nuevo programa para la reestructura de adeudos bancarios el cual no fue consensado con la Asociación de Bancos de México que preside Luis Niño de Rivera, ya que a decir del presidente de la ABM: “No se trata de sacrificar las utilidades de los bancos”. 

En síntesis, el nuevo programa presentado, en la rueda de prensa virtual, por la Secretaría de Hacienda y la CNBV contempla la “posibilidad” de contar con disminuciones en las mensualidades a pagar, reducciones de tasas de interés, modificaciones de los plazos y hasta reducción en los montos de las deudas. Esto significa que podría haber decrementos en los pagos de hasta un 25 por ciento y que se amplíe el plazo remanente hasta en un 50 por ciento del plazo original, así como disminuir la tasa de interés y hacer quitas de capital. 

A todas luces las nuevas medidas lucen como un traje a la medida sólo para quienes tienen pasivos con las entidades federativas con quienes se puede reestructurar sin problema alguno porque las garantías son ilimitadas –o sea el Estado mismo porque se pagan con impuestos federales- y porque al realizar una quita se compensa dentro de los plazos en que se cobrará lo que dejes de percibir en la reestructura. Tal como la venta de un producto a plazos en las tiendas Azteca o Coppel.

Por lo mismo los bancos entusiasmados con el nuevo programa son los que tienen un modelo de negocios dedicado al endeudamiento de estados y municipios. 

Pero el programa presentado por la CNBV no se refiere en absoluto al tratamiento impositivo que los bancos han solicitado directamente a Graf para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Tampoco se especifica qué tratamiento tienen que dar a los créditos otorgados con garantías de Nacional Financiera para los créditos otorgados de forma preferencial a pequeñas y medianas empresas. Finalmente está el tratamiento del capital contable futuro a que se aplicarán las reservas de prevención que tendrán que hacer por los créditos riesgosos.

Por lo mismo el plan presenta muchas dudas ya que con los “Criterios Contables Especiales” se ayudó a los bancos para no tener que establecer mayores reservas por los créditos postergados, pero a los deudores sí les cobraron comisiones e intereses por la prórroga. ¿Cuál es ahora el criterio que ha primado en la Comisión para el diseño de las Reestructuras si todos los Bancos obedecen a modelos de negocios diferentes? No es lo mismo un cliente empresarial de BBVA que uno de consumo de Compartamos. 

En síntesis, un programa que no aplica para los Bancos grandes porque ellos prestan a las grandes corporaciones que jamás necesitaron de programas para reestructurar lo que fuera necesario. Tampoco aplica a los Bancos que atienden a la base de la pirámide por el mecanismo de repago semanal y quincenal que no deja sitio para una quita o mayor alargamiento del crédito. Quedan los bancos medianos y de nicho que sí tienen créditos relacionados y no les aplica. Entonces ¿Qué Banco tuvo el regulador en su mente cuando diseñó las “Facilidades Covid”?

El tema es que los problemas de capitalización para el 2021 son inminentes para los Bancos medianos ya que los predispone para una absorción o fusión que haría más grandes a los Bancos dominantes con tendencia a una mayor extranjerización del sistema financiero que ya tiene el 80 por ciento de sus activos en manos extranjeras. Eso o un nuevo Fobaproa en pleno año de elecciones. Ni calculado por los más pesimistas opositores. ¿O sí?

Queda ahora pendiente para la CNBV enderezar el entuerto y generar nuevos programas para los demás sectores del sistema financiero como las Sofipo, Uniones de Crédito, Cajas de Ahorro, Sofome, y las Fintech que están ya operando principalmente en la base de la pirámide, en los que se están presentando complicaciones en los pagos. No vaya a parecer que Juan Pablo Graff se dedica sólo a atender las urgencias de cobranza de los Bancos en un Gobierno en que para el presidente primero son los pobres.