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El principado de Andorra emprendió recientemente una operación contra el lavado de dinero que culminó en la confiscación de hasta 2 mil millones de euros (equivalentes a 48 mil millones de pesos), los cuales, supuestamente, pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. La cantidad de dinero retenido por el pequeño país europeo retrata fielmente la terrible desigualdad que vivimos. Mientras unos pocos tienen para invertir miles de millones en paraísos fiscales (a veces de dudosa procedencia), la gran mayoría no tiene ni lo mínimo indispensable.

De acuerdo con información del diario La Jornada publicada hace unos días, en el centro de dicha investigación estaría Juan Ramón Collado, quien fuera abogado, entre otros, del ex presidente Enrique Peña Nieto, de Raúl Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Carlos Ahumada, y Carlos Romero Deschamps. Collado fue detenido en julio de 2019 por varios delitos, entre ellos, delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos.

Los recursos financieros incautados a un pequeño grupo de ciudadanos mexicanos habían sido depositados en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una institución financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.

Los “paraísos fiscales” como el de Andorra son jurisdicciones (pueden ser países o territorios delimitados dentro de ellos) donde se pagan impuestos relativamente bajos, o simplemente, no se pagan impuestos, factores que favorecen a una pequeña elite, y muy frecuentemente terminan siendo destinos codiciados para blanquear capitales mal habidos producto de ilícitos del crimen organizado, así como la corrupción de políticos y empresarios, sobre todo en países emergentes.

En el caso específico de México, se considera “paraíso fiscal” a aquellas jurisdicciones donde la tasa de impuestos es menor al 22.5 por ciento (75 por ciento del Impuesto Sobre la Renta -ISR- que se cobraría en México, respecto de cierto tipo de ingresos, entre ellos los rendimientos de inversiones).

El principado de Andorra tiene una tasa impositiva de 10 por ciento, menos de un tercio de la vigente en México.

El hacer operaciones en estas jurisdicciones no está prohibido, sin embargo, lo que sí constituye un delito es no declarar y, por ende, no pagar los impuestos respecto a los ingresos o los rendimientos obtenidos en el país de origen del contribuyente.

El sistema bancario de Andorra, un minúsculo principado europeo que se encuentra en los Pirineos, en la frontera entre España y Francia, ha tenido un largo historial de escándalos financieros que le dieron fama de “paraíso fiscal”, una etiqueta que no ha podido quitarse hasta la fecha.

Desde el año 2015 las autoridades de Estados Unidos y de España alertaron que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales por parte de mexicanos y que, lo más grave, ese dinero era sospechoso de proceder sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) reveló en España que, de acuerdo a un informe de 2018, es imposible conocer el origen de los 120 millones de dólares que el abogado Juan Collado transfirió al principado europeo.

El periódico español "El País" informó en los primeros días de este año que el abogado mexicano cobró en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas “fantasma”, que recibieron contratos públicos del Estado de México. Dichas empresas fueron identificadas como “Enterprisse Gamki” y “Varys Comercial”, que habrían enviado el dinero al abogado mexicano entre 2009 y 2012 a través de 12 transferencias.

La Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo está investigando desde hace más de un año los depósitos de mexicanos en el "paraíso fiscal" europeo, y el objetivo que persigue la institución es traer esos recursos a México y reintegrarlos al erario, en caso de que se logre demostrar judicialmente que estos fueron obtenidos de manera ilícita.

Por desgracia, Andorra no es el único "paraíso fiscal". 

En septiembre de 2016 la organización de Claudio X González, “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, publicó el listado de los 432 mexicanos que aparecen en los documentos llamados “Bahamas Leaks”. El registro corporativo de Bahamas, en el que figuran 175 mil entidades offshore, fue filtrado al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartido al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), así como a otros medios internacionales.

Importantes personajes de los sectores banquero y financiero de México, entre ellos ejecutivos de Grupo Financiero Monex, Intercam, Deutsche Bank o de la banca Rothschild, abrieron entidades offshore en el “paraíso fiscal” de la isla del Caribe.

En la lista del #BahamasLike aparecen los nombres de empresarios mexicanos como Gastón Azcárraga, quien fue directivo del Grupo Posadas y adquirió a precio de ganga de parte del gobierno foxista la línea aérea Mexicana de Aviación, y que después de varios años de saquearla la quebró dejando en el desempleo a miles de personas que prestaban sus servicios en esa compañía. Otro empresario que aparece en el registro del "paraíso fiscal" caribeño es el regiomontano Dionisio Garza Medina, quien fue director del poderoso Grupo Alfa. El periodista Joaquín López Dóriga también aparece en el listado.

En la investigación también están políticos como el ex Secretario de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Fernando Gómez Mont, y sus socios, los abogados Luis Esponda y Alberto Zinser; el ex gobernador de Nuevo León y ex titular de Economía y Energía durante el Gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond.

Otro personaje de la política que operó inversiones en la isla del Caribe es Alfredo Vara Alonso, quien fue director de Banobras y que actualmente es socio del exsecretario de hacienda en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, José Antonio Meade Kuribeña, en el negocio de la Fibra de energía e infraestructura (Fibra E) que lleva por nombre MexXPAC FE.

El socio del excandidato del PRI a la presidencia en 2018 también laboró en el sector público por más de siete años en el manejo de pasivos, planeación financiera, apoyo y saneamiento a instituciones financieras, en particular como secretario adjunto de Protección al Ahorro Bancario y director general de Finanzas en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

En mi opinión, el problema con los llamados "paraísos fiscales” es que son una especie de Banca extraterritorial que ofrece a los gestores del dinero de las organizaciones delictivas, traficantes de droga, políticos y empresarios corruptos la oportunidad de blanquear el producto del delito con la máxima seguridad y confidencialidad, y con un mínimo de riesgos, además de que representan una forma de evasión fiscal que merma los ingresos de países en vías de desarrollo.

Según un estudio realizado para Merrill Lynch, en los paraísos fiscales de todo el mundo existen hoy depósitos por casi 6 billones de dólares, equivalentes a casi un tercio de los activos colocados en el mundo por las fortunas particulares. También se calcula que en los refugios hay un millón de sociedades amparadas en el anonimato. Sólo en las islas Caimán, consideradas como la quinta plaza financiera mundial, hay más de 570 bancos con depósitos superiores a los 500 mil millones de dólares.

La operación de grandes capitales por parte de una élite de mexicanos en “paraísos fiscales” hace patente la terrible realidad de nuestro país: Existe desde hace muchísimo tempo un minúsculo grupo que activamente evade impuestos y algunas veces blanquea grandes fortunas ilegales, en muchas ocasiones provenientes del saqueo al erario. 

Dicho presupuesto nunca se invierte en México e imposibilita la obra social y el desarrollo del país, y queda en manos de unos cuantos, en detrimento de las grandes mayorías.