"...la justicia social debe igualar de hecho a todas las <> en lo tocante a los derechos de humanidad"  

Luigi Taparelli d'Azeglio

Oaxaca se ha convertido en la segunda entidad en despenalizar el aborto, después de la Ciudad de México. La lucha no está terminada pues aún se mantiene vigente un artículo de la Constitución Local que protege la vida desde la concepción, siendo que el paso logrado modifica el Código Penal en condiciones similares a la Ciudad: hasta antes de las doce semanas, el aborto será legal. La propuesta fue presentada por Hilda Luis, señalando la escalofriante cifra de 9 mil abortos clandestinos al año que lanza la Secretaría de Salud Pública, agregando a 20 mujeres presas por abortar según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La diferencia entre 20 y 9 mil es un escándalo: cuando la pena máxima que arrebata la vida de las mujeres no funciona y las deja vivas, el Estado las sanciona con la privación de la libertad.

El Inegi apunta que 17% de los abortos clandestinos fueron realizados por mujeres. Además de esto, Oaxaca es de las primeras entidades en violencia sexual, tanto a niñas como a mujeres adultas y adolescentes. En resumen, Oaxaca mancha su riqueza cultural con la tiranía de su sistema contextual que es misógino, violador, violento y doblemoralino.

Es doblemoralino porque hasta hace unos meses, el matrimonio infantil era una salida considerada “digna” al abuso sexual. Diversas comunidades se mantuvieron en la línea de pensamiento de que tras un abuso sexual, el matrimonio y el embarazo era una salida “digna” para una mujer aunque todavía fuese niña. Se encargaron -y aún lo hacen- de diluir voluntades femeninas manipuladas por conceptos de “honor” que se acercan más al sometimiento.

La relación entre pobreza, violencia sexual, misoginia y muertes por aborto clandestino mantienen un ritmo causal y conexo.

Oaxaca es el tercer estado con mayor porcentaje de población en condiciones de pobreza, según el INEGI, con un 66,4% de personas en pobreza.

Antes de ser asesinada, Soledad Jarquín Edgar publicó un monitoreo que apuntaba que el 89% de personas violadas en aquel Estado son mujeres.

Y esa cifra pareciera baja si se contrasta con la realidad de la violación en el matrimonio y el noviazgo.

Hace unos días al calor de unos tuits, mencioné la importancia de que el acceso gratuito, legal y universal al aborto sea entendido como un paso necesario para lograr “justicia social”, ese concepto abstracto, romántico y bastante manoseado por las revoluciones de nuestro país. Sin embargo, la lucha por la legalización del aborto es una revolución en sí misma, que plantea ideas subversivas en el ámbito moral y económico sobre quienes toman las decisiones al momento de procrear y con qué criterios o razonamientos las toman, así como de quienes lo pagan y por qué.

Para comenzar a entender por qué el aborto acerca la justicia social, es necesario hablar se ese concepto en sí mismo.

La expresión "Justicia Social" nació de las últimas fases de la Primera Revolución Industrial con un planteamiento socialista de cara a los conflictos obreros: no podía crecer la sociedad industrial basada en máquinas si es que la explotación de la clase obrera no cesaba mediante reducciones de jornadas y el incremento de ingresos en la misma medida de que aumentaban las ganancias de los capitalistas (en el sentido puro, de los dueños del capital y los medios de producción). (1)

Al siguiente siglo, la idea de “justicia social” evolucionó para entender que no sólo era sobre dinero sino también, sobre igualdad entre la sociedad para el acceso a las oportunidades.

El concepto se volvió verbo inacabado porque la justicia social se relaciona con la equidad y con un camino necesario para lograr la igualdad.

En una entidad en la que las mujeres viven en pobreza extrema, abortar y continuar con vida es un privilegio que muy pocas se pueden dar.

El Estado debe ser quien pague el aborto porque a su vez, ha sido el principal fracasado en garantizar que las mujeres no sean violadas(seguridad); que no sean sometidas (impunidad) y que no sean condenadas a morir (salud).

Justicia social abortista significa que las mujeres de Oaxaca, sin importar su edad, no tengan que condenar su vida a la maternidad en ningún caso, mucho menos que sean condenadas a la vida matrimonial por defender ningún honor. Justicia social abortista significa que sin importar que la bolsa se lleve vacía , habrá una clínica que podrá brindar atención especializada y segura para interrumpir el embarazo sin cuestionar las razones. Igualar las condiciones para que las mujeres puedan abortar implica reconocer que la violencia económica que enfrentan es de carácter estructural, que son espirales de explotación, pobreza, machismo y abuso lo que las ha colocado en situación de embarazo. Justicia social significa que las mujeres de Oaxaca no dejen de acceder a mejores oportunidades solo porque tienen que cargar con una imposición en el útero, por haber nacido en la familia que nacieron, en el lugar que nacieron.

Justicia social abortista también significa que las mujeres sureñas de Guerrero y Chiapas puedan también acceder a la interrupción legal del embarazo sin desembolsar la cantidad de dinero que cuesta ir a la Ciudad de México. Justicia social abortista significa entender que cargar con cualquier producto, aunque no sea de una violación, si no fue deseado, es una condena impositiva que nadie merece y que cuando los hombres huyen de su castigo, están ejerciendo su masculinidad mientras que si las mujeres deciden hacerlo también, son sometidas a un severo escrutinio social. Cualquier partido o personaje que se oponga al aborto, en realidad, se está oponiendo a la justicia social. Aunque sus estatutos o biblias mientan diciendo lo contrario.