La compleja misión de lograr seguridad en nuestro país tiene como principal obstáculo la falta de visión transexenal en la construcción de estrategias, tanto de inteligencia como preventivas, que logren traducirse en políticas públicas.

Sexenio tras sexenio, se dinamitan nombramientos, planes y líneas de acción entre el vaivén de los modelos más centralizados y militarizados hasta las estrategias de policías comunitarias por las que apuestan aquellos que prefieren fortalecer a los cuerpos locales para reconocer los diversos contextos de cada región. La salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) está marcada por el visto bueno presidencial -y el cuidado- para aspirar a la gubernatura de Sonora y ganarla.

Esa es la única explicación para que haya sido pospuesta su comparecencia ante la Cámara de Diputados, dejando en las manos de quien deba sucederle la responsabilidad de encarar reclamos por el fallido operativo contra Ovidio Guzmán cuando el Culiacanazo de aquel 17 de octubre del año pasado, evidenció la falta de coordinación estratégica entre la SEDENA, la Marina y la Secretaría de Seguridad. Aquel acontecimiento junto con la deuda que el Secretario saliente reconoce pendiente quedó en una suerte de informe de mañanera.

Sin embargo, el simple hecho de que en medio de una crisis de seguridad que se ha disparado tras la COVID19, en gran medida, por los estragos económicos que ha dejado, así como los pendientes en la política de drogas para detener la criminalización de sustancias blandas a la que se agrega la legalización de la marihuana, nos tendría que hacer pensar en qué tipo de perfil necesita este país para ocupar su lugar: ¿Un policía especialista o un político?

Durazo habrá tenido dos logros en los términos de la encomienda presidencial: El primero es haber logrado la consolidación de la Guardia Nacional (GN), cuyos mandos militares con naturaleza civil brindan la apariencia de continuidad en cuanto a la presencia de elementos militares y policiacos en las calles, con el que se ha doblado de 40 mil elementos hasta 100 mil en cuerpo efectivo. La segunda habrá sido el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que logra entablar coordinación directa entre policías municipales y GN, aún cuando pertenezcan a estructuras distintas.

Sin embargo, es necesario que a Seguridad llegue un funcionario que no decida abandonar la necesidad colectiva por aspirar a un cargo. Aún cuando ello implique, en gran medida, lograr los pasos para materializar los propias objetivos de la Cuarta Transformación en voz del ex Secretario: la desarticulación de cualquier grupo delictivo que opere en el país, la desarticulación del triángulo dorado de la droga que se conforma entre Chihuahua, Culiacán y Durango, el combate a los feminicidios, entre otros. Pero la materia de Seguridad no aguanta a otro personaje político que abandone el barco para llegar a contender en las urnas hacia 2024, al cargo que sea.

De hecho, ningún presidenciable debería ocupar -al menos en este crítico momento- un espacio que obligatoriamente tiene la tarea de finalizar con la integración de la GN y la construcción de planes de inteligencia avanzados que logren trascender al gobierno en turno.

Eso debería ser tomado en cuenta para la próxima designación, priorizando un perfil con experiencia en el manejo de cuerpos policiacos, estrategia para fortalecer la inteligencia y un plan que alcance a vislumbrar más allá de los años que restan a López Obrador frente a la Presidencia. Un estadista, técnico, especialista, honesto y con toda una vida en asuntos de Seguridad, que conozca los manejos de la extinta Policía Federal y por ende, sus debilidades; que esté dispuesto a limpiar estructuras y brindar cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad -pero eso sí, civil y no militar-. Si se busca un perfil que cumpla -mínimo- con todo lo anterior, bien se le puede preguntar a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que ha tenido el coraje de confiar.