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Redes sociales: de Chávez en Venezuela a Monreal a México

Ricardo Monreal ÁvilaDaniel Augusto / Cuartoscuro

¿Dejaron las “benditas redes sociales” de ser aliadas de la Cuarta Transformación?

Naciones que aplican restricciones a Internet

A propósito del hasta ahora infructuoso intento de regular las redes sociales en México por parte del senador y coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Ricardo Monreal, hay que decir que no se trata de un hecho aislado o una ocurrencia que no tenga registro ya en otras latitudes; basta recordar que así ocurre en países como China, Irán y Cuba, y que desde 2010, el polémico dictador venezolano, Hugo Chávez, decretó la “ley mordaza” en su país, modelo que replicó su sucesor Nicolás Maduro en 2019, y que el expresidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, intentó también acallar las redes al final de su mandato aunque no le alcanzó el tiempo para conseguirlo.

En marzo de 2010, Hugo Chávez, reclamó un mayor aumento de la regulación en Internet en la República Bolivariana. En esa oportunidad, afirmó que se debería actuar contra la página web de opinión y noticias 'noticierodigital.com' después de que un internauta manifestara en uno de los foros de la web que un ministro del Ejecutivo había sido asesinado. El mandatario manifestó, además, que las leyes que controlaban a los medios de comunicación convencionales también deberían aplicarse a Internet.

Estas declaraciones coincidían con el plan de Gobierno de cambiar algunas cuestiones técnicas de la estructura de conexión a Internet en Venezuela, lo que comenzó a levantar temores entre los críticos del mandatario a que se pudiese utilizar ese pretexto para censurar opiniones e informaciones en la Red.

Sin embargo, el Gobierno venezolano negó que estuviese elaborando un plan para censurar páginas web e impedir el acceso a redes sociales como Twitter o Facebook. El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, Manuel Villalba, negó las acusaciones de políticos opositores, blogueros y grupos defensores de la libertad de expresión de que el Ejecutivo de Chávez pretendiese recortar la libertad en la Red e imitar a países como China, Irán o Cuba, aliados de Caracas.

"Dicen que el Gobierno busca controlar lo que sale en Internet, no es eso. Pero los que usan Internet tienen que ser responsables", afirmaba. Villalba aseguraba además que el Gobierno no tenía pensado cambiar la legislación para procurarse un mayor control sobre la Red. "Eso es inventado. Nunca ha sido planteado, no es verdad", recalcaba.

Por esos días, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicaban un informe global advirtiendo sobre la creciente tendencia de ciertos gobiernos que intentaban controlar Internet, desde Turquía a Australia, donde incluso se estaba planeando un filtro para la web.

"Aplicar restricciones a Internet no resolverá el problema de difusión de noticias falsas. Este caso sirve de pretexto al Gobierno para legitimar la regulación de un espacio cuyo control no ha conseguido hasta ahora", declaraba Benoit Hervieu, de RSF, en un comunicado sobre Venezuela.

Nueve meses más tarde, se daba a conocer que el gobierno de Hugo Chávez lanzaría una ley para controlar el internet y las redes sociales y prohibir la difusión de textos, sonidos e imágenes que le perjudicasen. “Ya está en marcha el proyecto para que lo apruebe rápidamente la Asamblea Nacional en los próximos días antes de su traspaso a la nueva legislatura el 5 de enero”, se comentaba en medios de comunicación internacionales.

“Esta tarde el vicepresidente Elías Jaua, considerado del ala dura del chavismo, ha enviado el proyecto de ley para reformar la denominada Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social de la radio y televisión), incluyendo los medios digitales, sitios web (redes sociales, internet) y televisión por cable, es decir, toda nueva tecnología habida y por haber con el fin de abarcar la difusión y recepción de mensajes.

Hay que recordar que todos los poderes están dominados por Chávez. Por eso, el oficialismo va a aprobar todas las leyes socialistas o chavistas antes de su cierre el 15 o 28 de diciembre, aunque sean consideradas de inconstitucionales por la nueva legislatura que tomará posesión el 5 de de enero”, se advertía.

Y no hubo error en las elucubraciones; diez días después, el 22 de diciembre de 2010, La Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobaba la reforma denominada Ley Resorte de los medios electrónicos que censura el internet y las redes sociales. Así Venezuela entró a formar parte del exclusivo club de países que como China, Irán y Cuba controlan el ciberespacio.

Fue la segunda y definitiva discusión parlamentaria antes de que la promulgara el presidente Hugo Chávez. Se llama Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, siglas Resorte, también conocida como la “ley mordaza” que se ampliaba al internet.

La ley aprobada no restringe el acceso de las personas al internet como lo aplica Cuba y Corea del norte, pero sí impone una censura mucho más “habilidosa”, según señalaba Fernando Egaña, ministro de Información con el ex presidente Rafael Caldera. “Se permite el acceso general pero se restringen, limitan y criminalizan los contenidos y el libre intercambio de información”.

La reforma responsabiliza a portales, proveedores y anunciantes de medios electrónicos sobre todo su contenido. Prohíbe de manera ambigua hablar mal de funcionarios públicos, atentar contra dictámenes del gobierno y el anonimato en la red. El gobierno puede bloquear aplicaciones, censurar la prensa digital, filtrar franjas de data, vigilar el tráfico cibernético, controlar políticamente a los proveedores, y también encausar selectivamente para intimidar genéricamente.

Las "benditas redes sociales"

En México, las redes sociales han jugado un papel preponderante en la política; el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en mucho les debe su triunfo electoral de julio de 2018, las bautizó como “las benditas redes sociales”.

Pero su relación se ha deteriorado; el decrecimiento económico, las altas cifras de desempleo, las polémicas obras como Dos Bocas, El Tren Maya, El aeropuerto de Santa Lucía, el alto índice de muertes violentas, la inseguridad, el fracasado manejo de la pandemia y el fallido plan de vacunación contra la COVID, le han pasado factura al actual régimen en las redes sociales.

Si bien López Obrador reprochó “el castigo” impuesto por algunas plataformas al expresidente Donald Trump a raíz de los sucesos del 6 de enero en el Capitolio, la realidad es que ya no las tiene tan claramente de su lado, y anticipando que le pueden jugar una mala pasada en la elección de junio próximo, no es descabellado pensar que sea la mano que esté impulsando al senador Ricardo Monreal a presentar la iniciativa en que plantea su regulación.

“Estos son los siete puntos clave de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por Ricardo Monreal:

1.- La iniciativa contempla regular las redes sociales que tengan más de 1 millón de usuarios, como Facebook, Twitter, Instagram o TikTok.

2.- Para poder operar, estas redes requerirán autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo creado en 2013 cuyo titular es propuesto por el presidente ante el Senado.

3.- Las redes podrán establecer mecanismos para suspender o eliminar cuentas y contenidos de acuerdo con términos previamente autorizados por el IFT.

4.- Sólo podrán eliminarse o suspenderse cuentas y contenidos que difundan noticias falsas, expresen mensajes de odio, afecten a los derechos de los menores de edad, revelen datos personales o provoquen algún delito.

5.- Las redes sociales deberán tener un procedimiento interno para impugnar la suspensión de cuentas y contenidos que sea resuelto en un plazo máximo de 24 horas y atendido por personas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión.

6.- En caso de que las redes sociales no resuelvan la impugnación, se podrá presentar una queja por violación a la libertad de expresión ante el IFT, que ejercerá como árbitro entre las partes.

7.- Si se acreditaran violaciones a la libertad de expresión, se prevén multas de hasta 89.62 millones de pesos (4.4 millones de dólares)”.(EFE09/02/2021).

La iniciativa del coordinador de Morena en la Cámara Alta ha sido severamente criticada; se trata, dicen, de una pretensión de censura a las redes sociales y callar las críticas. Los cibernautas también la rechazan y ello ha sido factor para que nuevamente el senador haya reculado en su intención de presentarla.

Monreal ha anunciado que esperará tres semanas para “enriquecer” su iniciativa y llevarla al pleno. Lo cierto es que, al parecer, “las benditas redes” ya no son aliadas de la Cuarta Transformación, y alguien estaría buscando “curarse en salud”, para evitar un revés en la elección.

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