Imaginemos que vamos al médico por un dolor insoportable en los dedos de la mano, una especie de artritis que paraliza el movimiento de la mano, y adormece todo el brazo, afectando, incluso, la movilidad. Después de explicar detalladamente todos los síntomas, el médico formula su diagnóstico y señala que en lugar de dar tratamiento medicinal o quirúrgico, considera que el problema se soluciona de forma inmediata, si corta la mano. Sin más, sin estudios profundos, sin pruebas, sin agotar tratamientos, sin medicinas; su tratamiento es cortar la mano. Considera que si quita la mano se quita el dolor.

Así de absurdo es lo que se votó en la Cámara de Diputados esta semana. Con 242 votos a favor, los legisladores de Morena, PES y Verde (en contra legisladores del PAN, PRI, PT, PRD y Movimiento Ciudadano) aprobaron una iniciativa que desaparece 109 fideicomisos, dentro de los cuales destacan: los Fondos de Investigación Tecnológica; el Fondo Sectorial de Investigación para la Salud; el Fondo para el Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE); el Fondo para el Instituto Mora; los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE); el Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología; el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y, aun habiendo sufrido nuestro país los estragos del huracán Delta, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).

Es importante tener presente que los fideicomisos públicos son instrumentos jurídicos que administran recursos públicos, destinados a determinados fines; operan como auxiliares del gobierno para impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas. Además, cuentan con una estructura legal compleja, pues son figuras del sector privado operando en lo público.

Atendiendo a ello, en los últimos años, se ha construido un marco legal que establece mecanismos de transparencia, control y vigilancia. En materia de transparencia, por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución contempla que toda la información en posesión de cualquier autoridad, incluyendo los fideicomisos, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, es pública, y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Incluso, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 117 precisa, claramente, la prohibición de clasificar como secreto bancario o fiduciario, la información que involucre recursos públicos manejada por cualquier fideicomisos.

Por lo que respecta al control y auditoría, en los artículos 4, 11 y 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se establece la facultad de la Auditoría Superior de la Federación de fiscalizar los recursos públicos federales que la Federación haya otorgado a los fideicomisos; incluso se prevén sanciones administrativas y penales en caso de negativa a entregar la información requerida.

Aunado a ello, muchos de los fideicomisos cuentan con reglas de operación que fomentaban el uso transparente de los fondos; están supervisados por comités técnicos y órganos de gobierno, y son auditados.

A pesar de la mencionada construcción del marco legal y operativo, el diagnóstico de los diputados de Morena es correcto. Muchos fideicomisos, históricamente han operado en la opacidad y han sido fuente de corrupción, como ejemplo de ellos están los constituidos para el Aeropuerto en Texcoco, el Tren a Toluca o el Viaducto Bicentenario. Sin embargo, había diversas alternativas o tratamientos adecuados antes de una medida de esa naturaleza —desaparecerlos—; se podían establecer disposiciones más específicas y más puntuales en materia de publicidad, transparencia y rendición de cuentas, así como controles estrictos de seguimiento y vigilancia. Si se quería acabar con la corrupción en los fideicomisos la discusión no versaba sobre la existencia de los mismos, sino en la forma de consolidación de un sistema de transparencia, rendición de cuentas y control eficaz, y eficiente, a partir de la naturaleza jurídica de los fideicomisos públicos.

Ahora que implica la desaparición de los 109 fideicomisos; por una parte, que el supuesto uso discrecional de sus recursos —68 mil 400 millones de pesos— ahora pasará al uso discrecional del Poder Ejecutivo, quien podrá reasignarlos para la Federación. Por otra parte implica que, en los subsecuentes años los recursos para los programas que amparaban, serán asignados según lo considere la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos.

Hoy más que nunca, la realidad nos ha demostrado que los países para salir adelante necesitan la innovación científica, el desarrollo tecnológico, la investigación, el estudio y las artes. Sin embargo, a la mayoría de los diputados se les olvidó que varios de los fideicomisos que desaparecieron se encontraban destinados a ello. No tomaron en cuenta que el conocimiento es la llave del desarrollo, fortalece la economía, permite estrechar las desigualdades, fomenta el desarrollo personal y otorga un piso igual a todos.

Es cierto el diagnóstico de la 4T; muchos fideicomisos han vivido en la opacidad y su operación ha estado inmersa en prácticas de corrupción. Sin embargo, se debieron buscar alternativas dentro de todo el ordenamiento jurídico que permitieran brindar certeza sobre el correcto uso de los recursos públicos, por ejemplo: fortalecer los mecanismos de control; establecer mecanismos de transparencia más específicos; exigir una mayor rendición de cuentas; incrementar las sanciones en caso de incumplimiento, entre otros. Esto es, había muchas posibilidades que evitaban un tratamiento tan absurdo, pero decidieron, desaparecerlos.