Miriam Rodríguez Martínez fue asesinada por varios tiros el 10 de mayo de 2017 en su propia casa. Ella representaba a 600 familias de Tamaulipas que estaban unidas por un mismo motivo, todas eran víctimas de la violencia del crimen organizado. La propia Miriam se había convertido en activista al haber perdido a su hija en 2012, una joven que fue secuestrada  y asesinada por integrantes de los Zetas, el cartel que controlaba el municipio de San Fernando.

El de Miriam Rodríguez es un caso emblemático de la vorágine de dolor en que se encuentra sumida buena parte del país, pero sobre todo, es un caso emblemático de la realidad de las mujeres de este país, quienes son secuestradas, torturadas, asesinadas, o que pierden a sus hijas, las buscan, las nombran, exigen el castigo al culpable –no sólo como una reparación del daño, sino para que otras mujeres no tengan que pasar por el mismo horror- y que, finalmente, son igualmente asesinadas.

De acuerdo con el reporte La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias 1985-2014, elaborado por la Secretaría de Gobernación y ONU Mujeres, los asesinatos de mujeres se han intensificado desde 2008 hasta la fecha, periodo en el que el crimen organizado se ha encargado de lastimar de manera más grosera y profunda a la sociedad mexicana. El uso de armas de fuego en la vía pública es el componente más frecuente de la dinámica del asesinato de mujeres, lo cual no es un dato fútil. Las mujeres en este país suelen ser secuestradas, abusadas sexualmente y asesinadas como parte de la conservación y reproducción de lógicas de poder que se generan al interior de los grupos delictivos, en donde dar muerte a una mujer, es una forma de demostrar supremacía al reafirmar el papel subordinado de la víctima. 

En el mapeo que María Salguero, activista y defensora de derechos humanos de las familias de mujeres víctimas de violencia machista, realiza sobre las noticias publicadas por la prensa sobre feminicidios, es posible identificar al menos 500 casos en lo que va del año. De estos asesinatos, solo 32 fueron cometidos por las parejas de las víctimas, mientras que en el resto se desconoce la identidad del agresor, lo que sí se conoce son las formas en que se perpetra el crimen: ahorcamiento, lapidación, martillazos, pero en 258 de los 500 casos se trata, como hemos mencionado, de muerte por arma de fuego, cuyo uso está vinculado a los cárteles criminales.

Lo anterior explica la relación entre la fuerza que ha cobrado el crimen organizado y el aumento desmedido de los crímenes contra mujeres, que como señala el reporte Asesinatos de Mujeres en México, del Instituto Belisario Domínguez del Senado Entre 2007 y 2012, la violencia homicida contra niñas y mujeres en México se incrementó en alrededor de 155%.

Para organizaciones no gubernamentales, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en el plano institucional estos asesinatos han ido en aumento porque las autoridades locales responsables de dar seguimiento a los casos muestran ineficiencia en la investigación. ¿Qué ocurrirá con la cifra de crímenes de este tipo si en vez de corregir las deficiencias de los procesos, si en lugar de atacar frontalmente el crimen y la impunidad, la consecuencia de estos actos fuera la amnistía?

Cuando se habla de amnistía para quienes han sido cooptados por el crimen organizado y trabajan para este “por no tener más alternativas”, se idealiza a un criminal noble y de buen corazón a quien el destino arrastró a vivir en la ilegalidad; sin embargo, esa es una idea ingenua que trunca los esfuerzos que autoridades y sociedad civil han llevado a cabo por terminar con realidades tan dolorosas como el asesinato de Miriam Rodríguez. Cuando los criminales logran ser identificados y la reparación del daño –que nunca es suficiente- logra garantizarse, lo que menos esperan las víctimas y lo que exige la sociedad es que haya sanción para quien ha acabado con una vida.

La realidad de inseguridad y violencia lacera al país y nos mantiene a muchos mexicanos molestos. Por eso, la elección de este 1 de julio se ha vuelto una especie de referéndum entre quienes plantean que puede haber paz y seguridad mediante el perdón a los criminales, y quienes en cambio, pugnan por mejorar nuestro sistema de justicia y por aplicar la ley.

Tengo claro que votar por la amnistía a los criminales es despreciar la memoria de aquellas mujeres que han sido torturadas y asesinadas por ellos, es dar la victoria, una vez más a quienes asesinaron a una mujer por el simple hecho de serlo, por la certeza de que podían salir impunes. Es permitir que más mujeres como Miriam mueran mientras buscan justicia.