En esta ocasión presento, para su discusión, cinco propuestas de iniciativas para transformar la Educación Pública en México. Ello implica, por supuesto, construir una agenda para analizar, en primer lugar, cuál es el estado en que se encuentra la Educación hoy en nuestro país y, posteriormente, definir, desde ahí, el tipo y la profundidad del cambio educativo que requiere nuestra sociedad en las condiciones actuales.

Para ello será conveniente evaluar cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que demandan dichos cambios en la actualidad y con prospectiva hacia el año 2024. En esta parte incluyo, por supuesto, el entorno del desarrollo científico, tecnológico y humanístico que vive México, como para darle un marco de referencia al cambio. También es importante ubicar estas propuestas en su justa dimensión, y reconocer que dichos cambios se podrán llevar a cabo en el mediano y largo plazos, y a varios niveles: Por ejemplo, desde la reorganización del sistema educativo; la creación de nuevas instituciones nacionales; la formulación de nuevos programas educativos, hasta la adaptación o continuación de algunos programas o proyectos que actualmente existen, y que requieren de su fortalecimiento, previo análisis, discusión y estudio de factibilidad, mismos que podrían contribuir al desarrollo educativo y cultural de la nación. 

Estas son las propuestas:

1)         Reorganizar el Sistema Educativo Nacional (SEN), debido a su excesivo centralismo. Actualmente las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que tome o asuma el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos (con sus respectivos presupuestos públicos). Por lo anterior, urge modificar el marco legal hoy existente, previa discusión que se deberá llevar a cabo en los ámbitos del poder ejecutivo y legislativo; en y con el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; en los medios de comunicación; las universidades públicas y privadas; las instituciones formadoras de profesionales de la educación; en las organizaciones de la sociedad civil; así como con representantes empresariales; con estudiantes y padres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de que se distribuya la toma de decisiones en los niveles estatales y municipales, y se logre así una democratización de las determinaciones y de las acciones de la educación obligatoria.

Conviene a nuestro sistema educativo nacional, por lo tanto, contar con mediaciones federales, estatales y municipales (los llamados tres órdenes de gobierno), puesto que una distribución de poderes de tal naturaleza abriría las puertas a una mayor participación de la sociedad en asuntos educativos cruciales (como el rezago educativo existente), en cada región y localidad. Abrir los canales de análisis y decisión acerca de los contenidos y los métodos de la educación obligatoria en México, supone una más amplia participación de los ciudadanos en estos quehaceres, y ello se traduce en beneficios para las prácticas democráticas, sin duda.

Considero que una transformación de fondo de la educación pública en nuestro país, demanda de un cambio en la base misma de su organización, y eso debe pasar por el impulso de una modificación del modelo centralista, hoy ya decadente, que ha prevalecido en México desde 1921; en su lugar, deberá de operar un modelo planificado y consensuado, a partir de un criterio de descentralización efectiva de los órganos responsables en la toma de decisiones educativas, es decir, pedagógicas, y donde lo administrativo acompañe a este tipo de decisiones, y no al revés, como ha sucedido hasta hoy.

2)         Modificar los términos en que se encuentra aprobada la Ley General del Servicio Profesional Docente (desde 2013). En este rubro, y a reserva de realizar una revisión más exhaustiva, pienso que también es necesario modificar los términos en que se impuso la ley y que generó una condición adversa, es decir, que pone en desventaja a los docentes, asesores y directivos de la educación obligatoria en servicio. Si bien es cierto, que los procesos de evaluación (ingreso, promoción, reconocimiento y desempeño) son oportunos y pertinentes, éstos no deben considerarse como medios para la terminación o conclusión de las relaciones de trabajo de los profesionales de la educación (de ahí que se debe eliminar el término “permanencia” en la redacción de la misma ley). Y menos aún debe seguir así porque, primero, como obligación del patrón o sea del Estado mexicano, es necesario emprender robustos y efectivos programas de capacitación, actualización y acompañamiento hacia las figuras educativas mencionadas, y luego, no antes, llevar a cabo las evaluaciones departamentales correspondientes.

También, junto con esta modificación en la ley, se habrá de discutir la pertinencia de evaluar no sólo a la persona o al profesional de la educación en lo individual, sino evaluar de manera integral y completa el desempeño de los colectivos escolares (como lo ha sugerido en varios espacios el Doctor Ángel Díaz Barriga, investigador del IISUE-UNAM), de tal manera que con ello se tengan evaluaciones (no sólo mediciones parciales), acerca de lo que realmente el centro educativo requiere, pedagógicamente, para que sus estudiantes aprendan lo que de verdad requieren aprender, en el aquí y el ahora, y para su futuro.

3)         Crear la Defensoría de los Derechos de los Profesionales de la Educación. Ante la inexistencia de alguna institución pública, del Estado mexicano, que se haga cargo de la defensa de los derechos de los Profesionales de la Educación, propongo la creación de una dependencia pública, con alcances nacionales y que cuente con oficinas en todas las entidades del país, para tales efectos. La finalidad de esta Defensoría (el Ombudsman pedagógico), sería permitir la revisión profunda y rigurosa de las evaluaciones por parte de expertos, neutrales, y proporcionar un dictamen técnico en torno a los resultados de cada evaluación puesta en duda u objeto de alguna inconformidad, tal como se hace en la mayoría de los países europeos y de Norte América.

La Defensoría se crearía, así mismo, con el propósito de funcionar como una dependencia que revise y de curso a las quejas, inconformidades, demandas o solicitudes de revisión, que interpongan los maestros y las maestras que hayan participado en procesos de evaluación. Una instancia de esta naturaleza le daría certeza, credibilidad, transparencia y sentido de justicia a las evaluaciones que se practican hoy en día, por parte de las autoridades educativas federales, mismas que cuentan con las recomendaciones y el aval técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La necesidad que respalda esta propuesta, nace de las siguientes preguntas: ¿Quién defiende imparcialmente a los participantes de los procesos evaluativos? ¿Existe un arbitraje neutral frente a los atropellos o injusticias que se cometen durante estos ejercicios valorativos para ingresar, promoverse, lograr el reconocimiento y valorar adecuadamente el desempeño de los trabajadores profesionales de la Educación?

4) Diseñar y poner en marcha el Instituto Nacional para la Profesionalización de Docentes, Asesores y Directivos de la Educación Obligatoria. Aun cuando sabemos que existen Escuelas Normales y otras instituciones de educación superior (como la UPN), encargadas de la formación inicial de docentes de Educación Básica, es evidente que no existen instituciones dedicadas a la formación profesional y especializada de directivos de Educación Básica ni de Media Superior. Por ello, la propuesta de crear una institución de este tipo, daría respuesta a esta demanda social y educativa, ya que se formarían no sólo directivos de la escuela pública, sino también docentes y directivos de Educación Media Superior, cosa que lamentablemente no existe en nuestro país.

Hasta el momento, los docentes, asesores técnicos y directivos de la educación media superior, no cuentan con una institución que les proporcione programas de formación profesional, sino que se tienen que formar o preparar “sobre la marcha”. Además, la creación de una institución de este carácter, sentaría las bases de una cambio de paradigma y en el orden de las prioridades educativas: los docentes, antes de ser los únicos responsables de la realidad educativa nacional, son corresponsables junto con los directivos, los padres de familia, los estudiantes mismos y las autoridades que toman decisiones a nivel de sistema educativo, en su conjunto, es decir, en los niveles de decisiones federal y estatal.

5) Programa Nacional de Lectura y Escritura. Por su parte, es de vital importancia retomar el programa nacional de lectura (que alguna vez impulsó vigorosamente la SEP), e incorporar también la promoción de los hábitos de escritura, no solamente entre la población matriculada en el SEN, sino también entre toda la población mexicana. El ideal de un programa de este tipo, sería convertir a México, en 10 años, en un país cuya ciudadanía sea activamente lectora y, a la vez, que esté dispuesta a usar todos los medios para expresarse por escrito.

Espero que los funcionarios, académicos, autoridades de todos los niveles de gobierno, tomadores de decisiones, legisladores y líderes de opinión, así como de las organizaciones no gubernamentales, que tengan interés en desarrollar estas iniciativas, a partir de la definición del nuevo gobierno, en diciembre de 2018, podamos conversar y discutir, de manera abierta y informada, sobre ellas.

jcmqro3@yahoo.com