En estos días estamos viendo que la estrategia del gobierno federal es mantener en la agenda pública nacional unos cuantos temas, mientras menos mejor, para poder concentrar todo el esfuerzo institucional en los asuntos que Andrés Manuel López Obrador considera prioritarios en el arranque de su sexenio, entre ellos el asunto del huachicol. Es lógico que así sea, porque una cascada de temas al mismo tiempo, genera presiones innecesarias para cualquier administración pública que inicia, y más en una como ésta, donde el gabinete no parece estar a la altura de lo que quiere el presidente.

El mando civil en la Guardia Nacional, por citar un ejemplo, es muestra no de la derrota del proyecto inicial, porque en el fondo ese mando estaba contemplado, sino de cómo hay temas que se contaminan o se mueven al vaivén del cargado y ríspido debate nacional, y terminan arribando a puertos donde no estaban contemplados o donde se les esperaba sólo después de cierto período.

¿Qué falló? ¿Por qué la autoridad moral del presidente que ha sido tan efectiva en la estrategia para recuperar la distribución de gasolinas, como lo confirman todas las encuestas, no lo fue en el asunto de la Guardia Nacional? En el fondo no es que haya perdido la propuesta de militarizar la seguridad como el diagnóstico oficial considera que es obligado ante la difícil realidad que se vive en el país. Los soldados y los marinos harán lo que estaba contemplado en el proyecto, y de hecho, lo han comenzado a hacer en varias regiones del país. Pero los opositores ya se anotan una victoria, y festejan.

Y es que el país no es monolítico, y en Palacio Nacional alguien debe estar leyendo que los intereses económicos y políticos están jugando a abrirle a la administración otros frentes de batalla, con el fin de crear condiciones que la obliguen a ceder espacios o a hacer concesiones de esas que sólo se explican en una situación de “río revuelto” creada artificialmente.

No se trata sólo de grupos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organización que tuvo a bien descalificar los dos principales proyectos del nuevo gobierno (el tren maya y la campaña nacional de reforestación) y por cuyos discursos se celebran en la Secretaría de Gobernación, en estos días, largas reuniones y encuentros para distender el conflicto. También hay intereses económicos que buscan, de manera afanosa, enturbiar o descarrilar los planes gubernamentales para simplemente recuperar inversiones realizadas en el “antiguo régimen”.

Uno de estos grupos es viejo conocido de varios de los diputados, senadores y dirigentes de Morena, porque en campaña y a lo largo del sexenio pasado, les permitió construir en el imaginario social uno de los “botones de muestra” del tema que sin lugar a dudas, hizo ganar al presidente López Obrador, la corrupción. Se trata de Infraiber, empresa que no obstante ser beneficiada por gobiernos priistas y panistas con contratos y concesiones ilegales, se volvió, para beneplácito entonces de los que hoy gobiernan, en denunciante de la corrupción, sin que sus antiguos aliados o socios se atrevieran a proceder contra ellos.

En el juego político, Paulo Díez e Infraiber tenían en Morena y en los medios aliados de López Obrador, la mejor de las defensas para evitar que el gobierno de Peña Nieto procediera en su contra, y Morena a su vez le compraba sus historias y las difundía como la muestra de lo podrido que estaba el sistema y de la necesidad de cambiarlo, sin reparar en nada, por ejemplo, en cómo aquella empresa que le hacía el trabajo político, había recibido un contrato valuado en 4 mil millones de pesos en el Estado de México, a tres meses de haberse creado, para auditar el flujo vehicular en carreteras concesionadas.

Incluso, cuando se supo que los ataques contra su antiguo benefactor, el presidente Peña, eran porque Infraiber quería recuperar el jugoso negocio que años después le quitó el gobernador Eruviel Ávila, y también la concesión del tren Chiapas-Mayab, concesión que compraron violando la Constitución, con la complicidad del presidente Felipe Calderón, nadie en Morena puso atención del chantaje y de la extorsión con que actuaba ese grupo.

Sin embargo, las cosas han cambiado. Morena ya no necesita que se le vendan historias noveladas de esas que tumban gobiernos, cuando puede, mediante instancias legales que ahora controla a nivel federal y en Estado de México, saber quién dice la verdad y quién miente para crear esos escenarios de presión mediática que tan bien le conocemos a Infraiber.

Los ataques mediáticos que estamos viendo en estos días en contra de la subdirectora jurídica de Pemex, Luz María Zarza Delgado, por haber sido Consejera Jurídica en el gobierno de Eruviel Ávila, es una jugada más de esas de las que Paulo Díez gustaba “aplicarle” a Peña Nieto y a su tibio gabinete. Lo que busca es desacreditar a una profesionista de todas las confianzas del director general de Pemex, que entre otras cosas, impulsó en Edomex uno de los mejores sistemas estatales anticorrupción del país, sólo porque fue la que oficializó la cancelación del contrato millonario que les había regalado el peñanietismo.

Lo que busca también Infraiber con estos ataques, es que se le siente en la mesa como “activista social”, que se le reconozca de nuevo como “paladín de la justicia” para negociar una indemnización por la concesión del Tren Chiapas-Mayab ahora que en esa zona, se construirá el tren maya. Infraiber compró ilegalmente esa concesión, invirtiendo millonarios recursos en efectivo y ahora quiere de vuelta su dinero. Por eso vamos a ver y estamos viendo en la palestra a estos profesionales del río revuelto, denunciando y atacando; ahora a Morena.