Una de las preocupaciones más sentidas de los mexicanos, hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos, hoy, es la educación, y específicamente la educación pública. Tan importante como los asuntos de la economía, la seguridad pública o los de la política, el de la educación siempre ha sido un tema prioritario para la ciudadanía.

Los asuntos conflictivos de este campo, esto es, los elementos sustanciales de este ámbito problemático son variados y complejos, pues tienen que ver con: la puesta en operación de iniciativas de “cambio” e innovaciones “desde arriba” y sin rumbo; la inercia de adjetivar a la educación con la idea de “calidad” en abstracto (como si la educación pública fuera un servicio comercial, no un derecho); los impulsos del poder político, de la clase política y de los representantes populares (de todos los partidos) por legislar sobre estos asuntos públicos, sin consultar; enfatizar en la evaluación educativa como si éste fuera un sistema de control, no como opción para estudiar y  eventualmente transformar las prácticas educativas y las culturas escolares.

Como se puede observar, la agenda de temas educativos merece de una amplia discusión, es decir, requiere de la puesta en movimiento de argumentos y de un amplio análisis del campo, acompañándola con información oficial o verificada. Delinear unas políticas públicas de Estado en materia educativa, además, exige del consenso social sobre lo que justamente los ciudadanos demandan y esperan, desde un enfoque de derechos.

En resumen, los problemas actuales de la educación en México son los siguientes:

1- Legislar antes de consultar. Conviene que la clase política autocontenga sus impulsos por legislar de manera precipitada, antes de consultar a los actores directos de los procesos educativos. Si se pretender eliminar los términos de la reforma educativa hoy vigente, además, será prudente consultar a la ciudadanía tal como ya se hace o lo vienen haciendo los representantes del presidente electo.

2- Legislar sin proyecto educativo. También sugiero que tales impulsos legislativos por derogar, abrogar, cancelar, suprimir o eliminar los términos de la Reforma Educativa impuesta e impulsada por el gobierno de Peña Nieto (2012-2018), y que se darían a través del voto de las mayorías morenistas en las comisiones respectivas y en las asambleas plenarias del Congreso de la Unión, no se hagan sin contar antes con un proyecto educativo consensuado, viable y adecuado a nuestras necesidades sociales.

3- Promover cambios “desde afuera” del sistema. También existe la tentación de parte de funcionarios públicos, equipos técnicos y tomadores de decisiones en materia educativa, a quienes les da por promover cambios al “sistema” educativo (que dicho ligeramente es un todo y nada a la vez), “desde fuera”, es decir, sin considerar a las instituciones, a los procesos y a los actores que ponen en acción al “sistema” mismo. Más que promover cambios “desde fuera”, lo que se requiere es convocar a las figuras educativas de las distintas zonas escolares y escuelas a que promuevan desde ahí, no desde fuera o en forma ajena a sus culturas escolares, el cambio, la innovación, el avance en términos de aprendizajes y de la formación integral de los estudiantes.

4- Promover innovaciones curriculares ajenas a las escuelas. De manera similar al punto anterior, uno de los principales problemas no sólo de ésta, sino de las diferentes reformas realizadas durante la historia de la educación en México, es la errónea decisión de excluir a los docentes y directivos de los procesos de toma de decisión tanto de la selección de los contenidos como de los métodos-recursos orientados hacia el cambio educativo.

5- Alcanzar un nuevo contrato social y una renovada concertación política. Toda reforma del Estado, como es el caso de la Reforma Educativa, requiere de una serie de operaciones (de cirugía mayor) para alcanzar los consensos sociales necesarios y, junto con ello, echar a andar un impulso renovado en el campo de acción (relación congruente entre teoría y práctica), a efecto de favorecer un proyecto nacional de educación en general, y en defensa de la educación pública, en específico.

6- Evaluar como fin y no como medio. Entre la alta burocracia, existe una suerte de simplificación y reduccionismo al creer que la evaluación lo es todo en la vida pública. La visión de los que defienden, por ejemplo, la existencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), per se, adolece de una actitud crítica y autocrítica. Piensan equivocadamente al campo de la “evaluación” de la educación como si éste fuera un fin, no como un medio; no como una concepción o una tradición académica en la cual se utilizan modelos, procedimientos, recursos e instrumentos que debieran estar al servicio de la educación como un derecho. Si bien es cierto que el INEE es un organismo necesario, público y autónomo, éste fue concebido, desde 2002, cuando surgió, y en el 2013, cuando resurgió, como una institución especializada en la evaluación de los diferentes procesos educativos, sin embargo, hoy es una institución que requiere de ser renovada en términos de las nuevas necesidades del proyecto educativo que se generará tras la actual coyuntura política y social que vive el país. ¿Por qué no pensar en una institución nacional dedicada a la innovación, la actualización y la evaluación de la educación, por ejemplo?

7- Olvidar a la escuela pública. Otra de las fallas centrales de las reformas educativas anteriores, misma que espero jamás se repita, es olvidar a la escuela pública. Es justamente la escuela pública, como institución del Estado mexicano que puede asegurar a la mayoría de los ciudadanos en nuestro país, la que permite el ejercicio pleno del derecho a la educación. Por lo tanto, la escuela pública es una de las instituciones que sirve de manera efectiva a la democratización de la nación.

8- Pasar por alto la formación y actualización de docentes y directivos. Conviene también al país no pasar por alto a los procesos, a las instituciones, los recursos materiales y financieros, pero sobre todo a los actores que se dedican, y nos dedicamos de tiempo completo, a la formación de profesionales de la educación; así como a la formación continua de docentes, técnicos y directivos tanto de la educación básica como media superior y superior.

9- Obviar la participación de la familia. Por último, considero que uno de los más graves conflictos generados por los intentos de reformas educativas ensayadas en México, es obviar la participación de las distintas figuras de la familia (no sólo son los padres y madres) en los procesos educativos, cuyo papel es crucial en el desarrollo de los niños, las niñas y los jóvenes. Aunque parezca una obviedad, es importante que el hogar y la escuela trabajen de manera coordinada durante los diferentes momentos críticos del desarrollo y los aprendizajes de nuestras jóvenes generaciones.

10- Incorporar a las nuevas tecnologías en los procesos de la educación. Adicionalmente, será importante no perder de vista la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las necesidades emergentes de aprendizaje de la sociedad actual. Sin duda, esta incorporación tecnológica habrá de iniciarse y hacerse congruente en la propia labor docente y directiva desde las escuelas.

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