A la luz de los infaustos acontecimientos en Culiacán, Sinaloa, y del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se modificará la estrategia nacional en materia de seguridad, es muy importante poner atención en la organización y ejecución del presupuesto de gasto público para 2020, porque será en función de sus méritos como se pueda advertir si el destino de México seguirá siendo la violencia o si podremos ver la luz al final del túnel.

En el Proyecto de Presupuesto de gasto público para 2020 los programas sociales se presentan como prioridad para reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales, así como los proyectos de inversión que mejor puedan impulsar a nuestra mermada economía, las prioridades no se establecen en ese orden.

La carga abrumadora de la realidad muestra que la realidad obliga a privilegiar el gasto en seguridad, en bienestar social y dentro del sector energético, en infraestructura de Pemex para lograr su reactivación. Así, en ese orden.

El agravamiento de los diversos indicadores en materia de seguridad nacional obliga a mirar la manera en la que las autoridades reacomodan los recursos disponibles en el país para cumplir las verdaderas prioridades presupuestales descritas en el párrafo anterior.

La retórica gubernamental que ha mostrado ser eficaz en el ambiente popular ha sido totalmente contraria en sus resultados económicos, que se podrían expresar en una agobiante lista de desaciertos que exigen ofrecer certidumbre a los residentes en el territorio nacional.

Dos temas deberían estar presentes en la mente de los legisladores, como detonadores de un proceso de transformación efectivo: seguridad y justicia, con todos los asuntos que representan en términos operativos y administrativos con sus diferencias por regiones, estados y municipios.

El debate informado sobre la política de gasto para el sector de seguridad, al igual que el del bienestar social como fórmula para generar oportunidades, es esencial en cualquier proceso democrático de políticas nacionales para asegurar que la planificación y presupuestación sean capaces de atender las condiciones o gravedad de la diversidad nacional.

Es claro que la seguridad nacional y humana no puede ser tratada con mecanismos convencionales porque está estrechamente vinculada con la violencia política, el tráfico de drogas, la migración, la esclavitud o trata de personas, la violencia y los delitos urbanos, la ciberseguridad, las pandemias y el cambio climático.

El deterioro de la situación social y las tendencias estructurales de la pobreza son directamente proporcionales al grado de intensidad de la violencia, en una relación en la que vemos que en la medida en que aumenta la violencia crece el desánimo en la efectividad de la autoridad y se ingresa en un círculo vicioso de descenso de la inversión, del capital social y humano, de las instituciones públicas y de la distribución de los recursos.

La sociedad en general se somete a costos cada vez más altos en forma de impuestos a la seguridad —como el pago por derecho de piso u otras cuotas- además de la desorganización de los mercados por el cierre de negocios, lo que afecta más a quienes menos tienen.

También, la inseguridad socava la legitimidad de las instituciones públicas y es el factor que más favorece a la corrupción, sin que ninguna propaganda política pueda afirmar lo contrario.

Peor aún, el agravamiento de la inseguridad -advierte el Banco Mundial, quien ha venido asesorando al gobierno mexicano desde hace varios años-puede ser tanto la causa como la consecuencia del desequilibrio en la distribución de los recursos nacionales, que a la vez debilita los mecanismos generales del sector de seguridad de la sociedad.

De ahí que es importante atender la manera en la que se asignan y priorizan los recursos públicos. No basta que la mayoría legislativa de Morena avale el dictamen que les envíen desde la Secretaría de Hacienda, sino que consideren las implicaciones y, sobre todo la interacción existente entre seguridad, desarrollo social y crecimiento económico.

Hasta ahora el tema de la seguridad es considerado como un hecho aislado.

No se observa en el presupuesto la relación existente en el gasto para defensa, protección policial y justicia penal, sin considerar el tema de la reinserción de los infractores.

El examen del gasto público debería ser el inicio de un proceso efectivo de interacción de las finanzas públicas con los sectores de seguridad y justicia para hacer valer la ley; estos con el desarrollo social y, ambos, con el crecimiento económico.

Pero no se ve que los responsables de las finanzas públicas del gobierno ni del Poder Legislativo den pruebas de experiencia de trabajo con el sector de seguridad o, si la tienen, es escasa.

La oportunidad de iniciar una estrategia nacional de seguridad, vinculada con la generación de oportunidades sociales y crecimiento sostenible, depende que el país no se enrede en la vieja retórica del cambio ni se hunda en el tradicional reformismo político de nuestra historia.

@lusacevedop