A los seis días del gobierno de López Mateos, la primera semana de diciembre de 1958, Othón Salazar Ramírez -líder del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), surgido de las entrañas del corrompido SNTE-, era puesto en libertad junto con otros tres compañeros apresados y violentados por el gobierno de Ruiz Cortines. La liberación había sido posible gracias a la presión de los miembros y seguidores del MRM y por las negociaciones del nuevo secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, quien abogó por los presos ante el presidente (lo fueron a visitar maestros de “la vieja guardia de 1944” el día de toma de posesión, lo felicitaron y tímidamente solicitaron “Que liberen a Othón; que no quede preso ningún maestro”; La tierra prometida, Porrúa, p. 362). Esta quizá haya sido la primera acción importante del secretario.
La aprehensión de los líderes del MRM había sido el desenlace de dos años de confrontación con el gobierno, cuando el diálogo fue sustituido por la represión (a pesar de haber logrado el reconocimiento oficial). López Mateos supo en principio ser aliado de los profesores del Movimiento, a los cuales se les había negado un salario justo y habían sido acusados de querer mantener privilegios (¿suena familiar?). Crítico del charrismo del SNTE, el MRM fue ganando posiciones al interior del mismo que, como ha dicho Salazar, no supieron valorar y se “marearon con el movimiento de masas levantado” cayendo en la trampa de poner en riesgo y frenar su avance en la democratización del sindicato por extender su apoyo a otros grupos en lucha (ferrocarrileros, médicos, electricistas, etcétera) antes de haber consolidado su posición al interior. Serían minados, pues se distanciaron de los acuerdos con el gobierno y después de algunas acciones como la toma de la Escuela Normal de Maestros en 1960, Salazar y otros serían cesados.
Lo que pudo haber sido el principio de una vida sindical democrática, con fortaleza y capacidad de negociación ante el gobierno, con autonomía para establecer sus directrices, se debilitó y se perdería no sin antes dejar testimonio de su lucha ejemplar. Y esta relación de cercanía y final distanciamiento entre el gobierno y en MRM, quizá haya sido el principal conflicto en la vida pública de Torres Bodet. Tal vez, Salazar Ramírez haya sido el mayor error del humanista.
En descargo de Torres Bodet, no obstante, además de la liberación inmediata de los presos políticos de Ruiz Cortines (y de José Ángel Ceniceros, secretario de Educación) hay que decir que siempre recurrió al diálogo. Sólo en raros casos extremos se impuso la política represiva del poder cuya escalada, de acuerdo con Gilberto Guevara Niebla, habría iniciado al principio de los años cuarenta con Ávila Camacho y culminaría con el crimen de Díaz Ordaz en la masacre de Tlatelolco (El saber y el poder. Universidad de Sinaloa, 1993).
El mayor descargo de Torres Bodet es, sin embargo, su auténtico deseo de educar y alfabetizar al país. La mejor defensa que se puede hacer de él son las verdadera reformas que emprendió para lograrlo: el Plan de Once años, los Libros de Texto Gratuitos, reforma a los contenidos y los nuevos planes de estudio para la educación básica y la normal, apoyo a la formación y el mejoramiento profesional y económico del magisterio, establecimiento de los primeros centros de regionales de enseñanza normal, etcétera, durante su segunda ocasión como secretario; la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, la Biblioteca Enciclopédica Popular, de carácter vasconceliano, el Instituto de Capacitación del Magisterio y la reforma del artículo tercero constitucional (aunque polémica, parece haber sido una medida adecuada en aquel momento), durante su primera administración de 1943 a 1946, entre muchas otras acciones.
Más de medio siglo después, ¿qué descargo se puede argumentar contra las constantes y crecientes medidas represivas de Peña Nieto y su secretario de Educación sustituto, Nuño Mayer? Parece que ninguno. Pues en torno a la imposición del gobierno no existe reforma educativa alguna sino una serie de medidas de exclusivo carácter administrativo y laboral, como señalan los especialistas, no existe diálogo, sólo se quiere el sometimiento y la represión (encapsulamiento, desalojos, expulsiones, tumultuosas y violentas agresiones policiacas a las cuales se prestan los gobiernos de la ciudad de México, de Oaxaca, Chiapas…) y al fin, como durante el gobierno de Ruiz Cortines, la cárcel para los disidentes. En este caso, para Rubén Núñez, líder del movimiento de la CNTE y otros de sus compañeros, más lo que se acumule, pues la PGR ha amenazado con la detención de más profesores. Una determinación con definitivo tinte político, como ha establecido Julio Hernández. Una detención y trato infame, como señala Fernández Noroña, pues a los opositores se les da trato de criminales enviándolos a penales de alta seguridad cuando los verdaderos delincuentes están libres y disfrutando, ellos sí, de privilegios.
Independientemente de las distintas perspectivas en torno a lo que el gobierno llama reforma educativa, el garrote oficial no debiera sustituir el diálogo de ninguna manera. Las acciones violentas de Peña, Nuño, Chong, Mancera, Cué, Velasco, parecen formar parte de las políticas policiacas de un estado autoritario y totalitario que no desea dialogar sino imponer una serie de medidas que afectan a los profesores, la educación y la sociedad.
Y quién sabe si la cerrazón al diálogo y la represión progresiva establecida por el gobierno no acaben con los objetivos de los dos personajes involucrados. De Peña, el control sobre el magisterio y los negocios a que está propiciando el impulso de la privatización de la educación pública. De Nuño, la mezquina pretensión de ser candidato presidencial del PRI. Mezquina no porque no tenga derecho a aspirar a esa posición, sino porque para ello está recurriendo a las peores prácticas, las más miserables y violentas que lejos lo ubican de ser siquiera un regular secretario de educación comparado con los que en el pasado fundamentaron los pilares del desarrollo de la educación pública nacional.
P.d. En artículo anterior incluí este texto sobre el proceso del MRM:
Aurora Loyo (“1958: La lucha de los maestros”, Nexos, 01-12-78), entre otros, ha explicado el proceso de lucha sindical de 1956-58 que aún tuvo repercusiones hasta mediados de 1960 y que ya le tocarían a Torres Bodet. Dos cosas destacan: A) la lucha de la sección IX del SNTE del Distrito Federal por democratizar el sindicato y aun por independizarse, que fue reconocida al fin por el gobierno de Ruiz Cortines pero que por pugnas internas con los líderes “charros” del CEN del SNTE y propios errores de la sección agrupados como Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), sería avasallada, primero por el CEN y después, vueltos a la querella, por el gobierno que encarceló a algunos de los líderes. B) Cuando llegan López Mateos y Torres Bodet, los presos son liberados a los seis días de inicio del gobierno, incluido Othón Salazar. Pero en MRM ya estaba debilitado dentro del propio CEN del cual se habían retirado a pesar de tener el derecho por haber ganado la representación de la sección más grande del país -un grave error del movimiento- y consecuentemente, se debilitaron frente al gobierno, aunado al hecho de que, como consecuencia de su adhesión a otros grupos, abandonaron el foco de su crítica al CEN para dirigirlo contra el gobierno de López, de quien habían sido aliados, truncándose así una posibilidad de verdadera democracia magisterial que podría haberse extendido como ejemplo y modelo hacia otros movimientos sindicales que perdieron vigor o fueron reprimidos, como el de los ferrocarrileros. Tras participar en la huelga y toma de la Escuela Normal de Maestros en agosto de 1960, Salazar sería cesado. Othón Salazar Ramírez se convertiría acaso, históricamente, en el principal conflicto y ¿error? del humanista Torres Bodet.