Por si no fuese suficiente el incremento de violencia machista que se ha registrado a partir del confinamiento, ahora también la “nueva normalidad” en Nuevo León estará cargada de adoctrinamiento misógino de Estado.

Una reforma aprobada por el congreso local al artículo séptimo de la Ley de Educación ordena a las instituciones que “promuevan” la protección de la vida desde la concepción, lo que en realidad se traduce a que el Estado ordenará a las maestras y maestros enseñar el combate de la voluntad de las mujeres ante la maternidad.

Esta reforma no sólo atenta contra la libertad de pensamiento, una de las más importantes en democracia, sino que además representa un grave retroceso que tendría efectos directos en la manera en que las niñas viven. El diputado que propuso la reforma es Juan Carlos Leal -como mala broma, por cierto- del Partido Encuentro Social, un aliado político de MORENA, desde donde se impulsa que el aborto sea legalizado a nivel nacional.

Aquella reforma establece como fines educativos las actitudes solidarias para crear conciencia sobre el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pretendiendo que en el temario escolar haya temas como “planeación familiar”, paternidad y maternidad responsable. La gran trampa de esta reforma es que por mandato de ley, el profesorado tendrá que promover que cuando las niñas y adolescentes se encuentren embarazadas, sin importar las condiciones de las que pudo derivar esta circunstancia como abuso sexual, acoso, violación o simplemente, se nieguen la posibilidad de decidir.

Esta reforma tendrá un impacto en la ascendiente estadística del embarazo adolescente que hasta 2018, colocó a esa entidad dentro de las primeras.

Según el INEGI, los nacimientos registrados de madres menores de 20 años, principalmente entre aquellas de 18 y 19, representan el 63% del total de casos registrados, mientras que el grupo de personas entre 10 y 14 años de edad representan el 1% del total.

Sin embargo, esta disposición es una afrenta contra la democracia.

En primer lugar, es una amenaza contra el sistema federal que guarda la educación como uno de los derechos fundamentales cuyo acceso, ejercicio y alcance es de competencia exclusiva de la federación. Los planes de estudio de la SEP tienen criterios científicos, de comparaciones con los mejores sistemas educativos después de años de mejora y sólo así es que se ha logrado una matricula libre de filias, fobias e influencias eclesiásticas.

En segundo lugar, la reforma maleducativa representa una ofensa contra el método científico. Insertar una doctrina en la que se neutraliza la voluntad de la mujer para tomar decisiones sobre la reproducción es exactamente lo opuesto a la planificación y a la ciencia. La propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado la interrupción del embarazo como un método terapéutico para combatir la mortalidad materna y como una política pública de prevención a la muerte de mujeres en abortos clandestinos.

Finalmente, la reforma maleducativa de Nuevo León es un desafío contra las mujeres que por décadas, han luchado por una educación igualitaria, accesible, gratuita en la que sea su salud el centro de la enseñanza, y no la herramienta manipuladora para oprimir los úteros y las aspiraciones. Su Constitucionalidad está en revisión, pero su ética política está, simplemente, reprobada.